Las políticas de la administración de Donald Trump y de los Republicanos dirigidas a frenar la inmigración ilegal, que incluyen recortes en la ayuda exterior y restricciones en los programas de beneficios federales dentro de Estados Unidos, podrían tener consecuencias paradójicas que socaven el objetivo de disuadir la migración y, al mismo tiempo, perjudiquen a poblaciones vulnerables, incluidos ciudadanos estadounidenses.
Expertos y defensores señalan que estas medidas, si bien buscan reducir el uso de recursos públicos por parte de inmigrantes indocumentados, afectarán desproporcionadamente a ciudadanos y residentes legales, y podrían eliminar herramientas que actualmente ayudan a las personas a permanecer en sus países de origen o de acogida cercanos a EU.
El desmantelamiento de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) ha impactado significativamente en proyectos que podrían servir para desalentar la inmigración ilegal hacia Estados Unidos. Un ejemplo es el programa "Juntos Aprendemos" en Cúcuta, Colombia, financiado por EU, que ayudaba a integrar a estudiantes migrantes venezolanos en escuelas públicas.
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Este programa, que capacitaba a maestros para atender las necesidades especiales de los migrantes y permitía la admisión de miles de estudiantes, fue cancelado como resultado de la decisión de cerrar USAID. Una madre venezolana relató cómo la admisión de su hija en la escuela le hizo decidir quedarse en Colombia en lugar de intentar llegar a EU.
Analistas y expertos, como Brian Nichols, exdiplomático estadounidense, argumentan que la ayuda exterior puede abordar problemas antes de que lleguen a Estados Unidos.
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La cancelación de programas de USAID, incluyendo "Juntos Aprendemos" que era uno de 5,300 programas eliminados, podría dañar los intereses estadounidenses a largo plazo al finalizar la financiación destinada a ayudar a posibles migrantes a permanecer donde están.
Se estima que los recortes a programas centrados en migración y desplazamiento ascienden a 2.3 mil millones, de los cuales 200 millones estaban destinados a disuadir la migración irregular desde Centroamérica. Esta pérdida de fondos afectará las herramientas de los gobiernos para gestionar la migración de maneras difíciles de revertir.
Además, los recortes en la ayuda al desarrollo, a menudo reorientada hacia el socorro de emergencia en lugar de la adaptación climática proactiva, pueden hacer que las comunidades vulnerables sean menos resilientes a desastres relacionados con el clima.
Programas respaldados por EU en países propensos a la sequía han demostrado ser efectivos para mejorar la seguridad alimentaria y proteger activos, ayudando a las familias a adaptarse y prosperar mediante capacitación y apoyo financiero.
Sin este apoyo proactivo, el desplazamiento interno o la migración forzada pueden convertirse en la única opción para las comunidades afectadas por los crecientes impactos del cambio climático.
Restricciones domésticas: perjudicando a ciudadanos y residentes legales
Dentro de Estados Unidos, los esfuerzos de la administración Trump y los Republicanos buscan restringir el acceso a beneficios federales para familias que incluyen inmigrantes sin estatus legal permanente.
Aunque el objetivo declarado es evitar que los inmigrantes indocumentados usen programas de seguridad social y garantizar que los fondos lleguen a ciudadanos estadounidenses necesitados, los inmigrantes no autorizados generalmente ya no reciben beneficios federales.
Según reporta el New York Times, estos cambios afectarían principalmente a niños que son ciudadanos estadounidenses pero cuyos padres son indocumentados, o a inmigrantes que están autorizados para vivir en EU, como refugiados, personas a las que se ha concedido asilo o con estatus de protección temporal.
Aproximadamente el 12% de los niños estadounidenses (unos nueve millones) son ciudadanos con al menos un padre no ciudadano, y tienen el doble de probabilidades de vivir en la pobreza que aquellos con padres nativos.
Entre las medidas propuestas o implementadas se encuentran
- Limitación del crédito tributario por hijos: Un proyecto de ley tributaria aprobado por la Cámara de Representantes limitaría este crédito a padres con números de Seguro Social, haciendo que aproximadamente dos millones de niños con números de Seguro Social (ciudadanos estadounidenses) dejen de ser elegibles. Críticos argumentan que esto socava el bienestar de niños ciudadanos en hogares inmigrantes y representa una desinversión en su futuro.
- Restricciones a la atención médica: La misma propuesta tributaria endurecería la elegibilidad para programas de salud federales, impidiendo que algunos inmigrantes autorizados (no residentes permanentes) califiquen para Medicare o reciban subsidios en los mercados de la Ley de Atención Asequible. También podría penalizar a estados que usan fondos propios para cubrir a inmigrantes indocumentados, lo que podría resultar en menos dinero para ciudadanos estadounidenses que dependen de Medicaid. Limitar el acceso a la atención médica puede llevar a una mayor dependencia de las salas de emergencia, que los hospitales deben proporcionar independientemente del estatus migratorio.
- Cortes a cupones de alimentos y ayuda financiera federal: La propuesta también eliminaría la asistencia federal para la matrícula y los cupones de alimentos para casi todos los inmigrantes que no son ciudadanos o residentes permanentes.
- Amenazas a la vivienda subsidiada: Aunque una regla similar no se implementó en el primer mandato de Trump, se espera una propuesta para prohibir el acceso a viviendas subsidiadas a familias con algún miembro indocumentado, incluso si los niños son ciudadanos estadounidenses elegibles. Una regla anterior estimó que esto podría desplazar a 55,000 niños que están legalmente en el país. Expertos advierten sobre el daño potencial a niños ciudadanos por la amenaza de separación familiar y riesgo de quedarse sin hogar.
Adicionalmente, los esfuerzos para verificar el estatus migratorio en programas como cupones de alimentos y la presión sobre estados que brindan asistencia a inmigrantes indocumentados podrían crear un "efecto paralizador".
Las familias, incluso si son elegibles (incluyendo los miembros ciudadanos), podrían dudar en solicitar beneficios por miedo a la deportación de miembros indocumentados si comparten su información con el gobierno. "La retórica esencialmente desalienta a la gente a usar beneficios públicos", señaló Valerie Lacarte del Migration Policy Institute.
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En conclusión, mientras la administración busca activamente frenar la migración ilegal y priorizar a los ciudadanos en el uso de fondos públicos, las políticas de recorte y restricción de ayuda, tanto en el extranjero como a nivel doméstico, parecen contradictorias con el objetivo declarado y tienen el potencial de aumentar la vulnerabilidad de las poblaciones, incluidos los propios ciudadanos estadounidenses, al reducir el apoyo para la integración, la resiliencia y el acceso a servicios básicos dentro de EU.
VGB