Una nueva y drástica medida aplicada con fuerza por el gobierno de Donald Trump está sembrando miedo y desesperación entre miles de inmigrantes en Estados Unidos. Se trata de multas millonarias dirigidas a quienes no abandonaron el país tras recibir una orden de deportación definitiva.
Esta táctica, descrita como un "mecanismo de disuasión extrema" y parte de una "agresiva campaña", busca presionar a los inmigrantes sin estatus legal a "autodeportarse". El "endurecido enfoque migratorio del gobierno de Donald Trump" sigue generando una ola de procesos punitivos y obstáculos legales para los migrantes.
El caso que recientemente capturó la atención pública es el de María, una madre migrante hondureña de 43 años en Florida. María recibió una notificación de una multa cercana a los 2 millones de dólares (específicamente 1.82 millones) por no haberse "autodeportado" después de recibir una orden de deportación en ausencia en 2005.
Te podría interesar
La propia María, quien llegó a Estados Unidos hace dos décadas huyendo de la violencia de las Maras en Honduras, donde su hermano fue asesinado, expresó su angustia: “Ni trabajando toda mi vida podría pagar esta cantidad”.
Ella asegura que nunca recibió notificación de la orden de deportación en 2005, sino hasta que le llegó la carta de la multa. Pocos meses después de su llegada a EU, fue notificada con una orden de deportación, pero nunca asistió a la audiencia.
Te podría interesar
Historias detrás de los millones: el impacto humano
Otra historia impactante es la de Wendy Ortiz, de 32 años, a quien una multa de 1.8 millones de dólares le causó una gran conmoción. Ortiz vive en Pennsylvania, trabaja en una planta empacadora de carne ganando 13 dólares por hora, y llegó a EU hace una década huyendo de la violencia en El Salvador, incluyendo amenazas de bandas.
Su salario apenas le alcanza para cubrir el alquiler y los gastos de su hijo de 6 años, quien es ciudadano estadounidense y tiene autismo. “No es justo”, declaró Ortiz, añadiendo: “¿De dónde saca alguien tanto dinero?”.
Según documentos, Ortiz cruzó la frontera en 2015, fue liberada tras demostrar temor creíble para tramitar asilo, pero se ordenó su deportación en 2018 tras no presentarse a la corte, aunque ella afirma no haber recibido el aviso. Su abogada solicitó alivio humanitario y que se reabriera y desestimara su caso.
Sustento legal de las multas
Estas multas se basan en una disposición de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1996, que permite a ICE imponer sanciones de hasta 500 dólares por cada día que una persona permanece en el país después de una orden de salida definitiva.
En el caso de María, con más de 3,600 días acumulados, la suma se volvió "exorbitante". La administración Trump intensificó estas multas,significativamente, en abril, cuando se anunció un cambio drástico elevando las multas a hasta los 998 dólares diarios.
El plan preveía aplicar multas con carácter retroactivo durante un máximo de cinco años, lo que resultaría en un máximo de 1.8 millones de dólares. Un alto funcionario del gobierno republicano confirmó que Trump comenzó a poner en marcha este plan, emitiendo avisos a 4,500 inmigrantes con sanciones por un total de más de 500 millones de dólares.
TAMBIÉN LEE: Trump quiere más de 20,000 efectivos de la Guardia Nacional en frontera con México
TAMBIÉN LEE: Revés para Trump en la Corte Suprema: bloquea deportación masiva
Las multas como trampa para los migrantes
Abogados de inmigración de todo el país han confirmado a Reuters que sus clientes han recibido multas que van desde varios miles de dólares hasta algo más de 1.8 millones. Robert Scott, un abogado de Nueva York, se mostró desconcertado cuando una cliente suya de bajos ingresos recibió también una multa de 1.8 millones de dólares. “Nunca he visto a un cliente recibir algo así”, afirmó.
La abogada de María, Michelle Sánchez, sostiene que estas sanciones son parte de una estrategia radical para enviar el mensaje de que "se te han cerrado las puertas, ni trates de hacer nada". Tanto Sánchez como Rosina Stambaugh, abogada de Wendy Ortiz, consideran estas multas una "locura", especialmente dirigidas a personas sin antecedentes penales, con hijos ciudadanos estadounidenses, y que han vivido en el país por años.
Los avisos de multa daban a los destinatarios 30 días para impugnar por escrito, bajo juramento y con pruebas. ICE ha indicado que la migrante podría impugnar la sanción presentándose en persona. Sin embargo, esto la expondría a una deportación inmediata, una opción que su defensa considera inaceptable por la falta de garantías procesales y el grave riesgo de separación familiar.
La única esperanza para los migrantes
La esperanza legal para estos inmigrantes a menudo recae en reabrir el proceso de deportación. Si se logra anular la orden de deportación, la multa podría "evaporarse". En el caso de María, aunque su expediente fue revisado bajo la actual administración Biden y se intentó reabrir el caso, la fiscalía rechazó la solicitud. A pesar de ello, ICE continuó con el proceso sancionador de la multa. Cabe destacar que, bajo la administración Biden en 2021, se retiraron sanciones impuestas a inmigrantes que buscaron refugio en iglesias durante el primer mandato de Trump.
La abogada Michelle Sánchez ha documentado otros casos similares, aunque ninguno con una multa tan elevada como la de María u Ortiz.
La ofensiva de multas también ha afectado a cónyuges de ciudadanos estadounidenses que están intentando legalizar su situación migratoria. Rosa, una ciudadana estadounidense en Nueva York, relató que su esposo hondureño fue multado con 5,000 dólares a pesar de no haber podido salir del país tras una salida voluntaria en 2018 debido a un diagnóstico de cáncer.
El gobierno de Trump llegó a considerar la confiscación de propiedades de quienes no pudieran pagar, aunque la logística para cobrar estas multas y gestionar los decomisos sigue siendo poco clara. ICE ha pedido a Aduanas y Protección de Fronteras (CBP) que se encargue, pero CBP aún trabaja en los detalles.
ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP. EL PODER DE LA INFORMACIÓN EN LA PALMA DE TU MANO
SÍGUENOS EN EL SHOWCASE DE GOOGLE NEWS
A pesar de la inmensa presión y enfrentar una sanción imposible de pagar, María no pierde la esperanza: “Solo quiero algo para poder quedarme con mis hijos. No me rindo”. Mientras tanto, abogados como Sánchez denuncian que el gobierno está “aterrorizando a migrantes que han vivido durante años en Estados Unidos”.
Estas multas representan una nueva barrera en la lucha legal de miles de migrantes que llegaron buscando protección
VGB