Un grupo de siete periodistas nicaragüenses exiliados ha solicitado formalmente al gobierno de España que les permita acogerse a la protección que el país ibérico ofrece a los desnacionalizados de Nicaragua. La solicitud fue presentada el pasado 19 de mayo ante el cónsul de España en Costa Rica y está dirigida al rey, al Gobierno y a otras autoridades españolas.
La Asociación de la Prensa de Madrid (APM) ha respaldado esta petición y ha instado al Ejecutivo español a considerar la situación de estos informadores.
Los siete periodistas nicaragüenses han tenido que huir de Nicaragua debido a la "represión" del gobierno del presidente Daniel Ortega. Denuncian que el régimen los ha "borrado del registro civil" y no les permite renovar sus pasaportes ni les extiende otros documentos básicos como partidas de nacimiento o cédulas de identidad. Además, se les impide el ingreso al país.
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Esta situación los deja en un estado que describen como "desnacionalizados de facto" o "apatridia de facto", viviendo una situación similar a la de los 222 nicaragüenses que fueron desterrados y despojados de su nacionalidad en 2023.
Los periodistas señalan que esta condición constituye una "muerte civil" y una violación flagrante a sus derechos humanos, dejándolos sin acceso a servicios esenciales como salud, educación y empleo formal. Han sido forzados al exilio por la persecución política y el acoso.
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Los periodistas que piden protección
Los siete periodistas que han presentado esta solicitud visible son:
- Carmen Lucía Navas
- Tania Jeannette López Rodríguez
- Óscar Enrique Navarrete
- Gerall Isaac Chávez
- Donaldo Eliezer Hernández
- Luis Eduardo Martínez Membreño
- Reyna María Tapia
Según los comunicadores, la solicitud oficial podría incluir hasta 20 periodistas.
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Escalada represiva contra el periodismo independiente
Contexto: los informadores han sido perseguidos por su tarea de informar sobre "los abusos de los derechos humanos, la corrupción y la falta de libertades en Nicaragua".
La persecución contra el periodismo independiente se ha intensificado a partir de abril de 2018, tras el estallido de protestas sociales. Desde entonces, cientos de periodistas han sufrido agresiones físicas, amenazas de detención, acoso sistemático, y la confiscación o destrucción de sus medios de comunicación.
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El régimen ha promovido leyes dirigidas a criminalizar la labor periodística incluso fuera del país. La retórica oficial del régimen también aviva la hostilidad; Rosario Murillo los ha descalificado como "terroristas de la comunicación" y el jefe del Ejército, Julio César Avilés, como "mercenarios de la información".
Cifras de organizaciones independientes indican que al menos 290 periodistas nicaragüenses se encuentran en el exilio y más de 60 medios de comunicación han sido cerrados, confiscados o destruidos.
Llamada a la acción internacional
La APM considera que el respaldo del Gobierno español representaría un gran apoyo moral para los periodistas y que su situación debe ser entendida como excepcional. La asociación recuerda que organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) han instado a la comunidad internacional a reforzar el apoyo a quienes han sido privados de su nacionalidad o forzados al exilio.
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Los periodistas han agradecido la solidaridad de la APM. Asimismo, han instado a otros países, mencionando específicamente a Argentina, Chile y México, a considerar la concesión de nacionalidad a quienes viven en un limbo legal, y a organizaciones como el Comité para la Protección de los Periodistas, Reporteros Sin Fronteras y la Red Centroamericana de Periodistas a pronunciarse públicamente e interceder ante gobiernos democráticos para brindarles protección efectiva y restituir sus derechos fundamentales.
VGB