El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Bolivia anuló este miércoles la sentencia de 10 años de prisión contra Jeanine Áñez, expresidenta interina del país (2019-2020), y ordenó su libertad inmediata.
Áñez permanecía detenida desde marzo de 2021, acusada de asumir el poder de forma irregular tras la renuncia de Evo Morales en noviembre de 2019, en medio de una de las crisis políticas más tensas de la historia reciente de Bolivia.
El presidente del TSJ, Romer Saucedo, informó que el fallo responde a “vulneraciones al ordenamiento legal vigente” y a los derechos constitucionales de la exmandataria.
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“Se ha dispuesto la nulidad de la sentencia que ella tenía de 10 años. Debe someterse a un juicio de responsabilidades, no a un proceso penal ordinario”, explicó Saucedo ante medios locales.
La decisión judicial supone un precedente clave para el sistema de justicia boliviano, al reconocer que Áñez debía ser procesada mediante el mecanismo especial previsto para ex jefes de Estado, previa autorización del Congreso Nacional.
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De senadora a presidenta interina: el origen de la polémica
Jeanine Áñez, entonces segunda vicepresidenta del Senado, asumió la presidencia el 12 de noviembre de 2019, tras la renuncia de Evo Morales, quien abandonó el país denunciando un golpe de Estado.
La transición estuvo marcada por un fuerte respaldo de sectores cívicos y de la oposición, así como por una crisis social y política que dejó más de 30 muertos en enfrentamientos, según informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Durante su toma de posesión, Áñez proclamó el regreso de los valores cristianos al Gobierno:
“Dios ha permitido que la Biblia vuelva a entrar al Palacio. Que Él nos bendiga”, declaró desde el balcón presidencial, mientras sus seguidores gritaban “¡Gloria a Dios!”.
Su gobierno transitorio convocó elecciones en 2020, en las que Luis Arce, candidato del Movimiento al Socialismo (MAS), partido de Evo Morales, resultó vencedor.
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Reacciones y repercusiones políticas
Aunque Áñez aún no ha emitido declaraciones públicas tras conocerse el fallo, un día antes escribió en la red X (antes Twitter): “Nunca voy a arrepentirme de haber servido a mi patria cuando me necesitó. Mis decisiones las tomé con la conciencia y el corazón firme”.
El Movimiento al Socialismo (MAS), liderado por Evo Morales, calificó la decisión judicial como una “injusticia política”, mientras que sectores de la oposición la consideran una “reparación histórica”. Analistas locales coinciden en que el fallo del TSJ reactiva el debate sobre si los hechos de 2019 constituyeron un golpe de Estado o una sucesión constitucional en medio del vacío de poder que dejó Morales tras las denuncias de fraude electoral.
La crisis de 2019 y el papel de Evo Morales
Contexto: En octubre de 2019, Evo Morales buscaba un cuarto mandato consecutivo. Las elecciones fueron cuestionadas por la Organización de los Estados Americanos (OEA), que detectó “irregularidades graves” en el proceso.
Tras las protestas y la pérdida de apoyo de las fuerzas armadas, Morales presentó su renuncia y partió al exilio.
La crisis desembocó en una profunda polarización política y social, que aún divide a Bolivia. Luis Almagro, secretario general de la OEA, pidió entonces a la Conferencia Episcopal Boliviana convocar al diálogo nacional, señalando que la Iglesia era “un actor plenamente respetado” en el proceso.
Una nueva etapa judicial y política
El fallo del TSJ no significa el fin de los procesos judiciales contra Áñez. La exmandataria deberá enfrentar un juicio de responsabilidades ante la Asamblea Legislativa Plurinacional, instancia que deberá decidir si autoriza o no el procedimiento.
Mientras tanto, su salida de prisión marca un punto de inflexión en la relación entre el poder judicial y la política boliviana, reabriendo viejas heridas en torno al legado de Evo Morales y la legitimidad del gobierno transitorio de 2019.
AJA