El ministro de Cultura español, Ernest Urtasun, anunció el inicio del procedimiento previo para la extinción de cuatro instituciones que defienden los valores de la dictadura franquista (1939-1975).
Esta dictadura fue instaurada en España tras una Guerra Civil (1936-1939) que comenzó con una sublevación militar contra el Gobierno de la Segunda República.
El régimen, liderado por Francisco Franco, duró 36 años hasta la muerte del dictador el 20 de noviembre de 1975.
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Fundaciones en la mira: Blas Piñar y Primo de Rivera
Las cuatro instituciones afectadas por este anuncio son la Fundación José Antonio Primo de Rivera, la Fundación Blas Piñar, la Fundación Privada Ramón Serrano Suñer y la Fundación Pro Infancia Gonzalo Queipo de Llano.
El proceso para la extinción de estas cuatro fundaciones seguirá el mismo camino legal que el ya iniciado contra la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF).
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El Ministerio de Cultura previamente comenzó el procedimiento para la extinción judicial de la FNFF por su "apología en el ensalzamiento de la dictadura y desprecio y humillación de las víctimas del franquismo".
Dicha actividad contraviene la ley de la Memoria Democrática. La FNFF fue notificada de este procedimiento el 31 de octubre y se encuentra en fase de alegaciones, con un plazo que expira el 24 de noviembre.
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Memoria y justicia para víctimas del franquismo
El ministro Urtasun justificó la medida afirmando que "Un Gobierno democrático no puede permitir que el odio se infiltre en la memoria colectiva y la desintegre". Señaló que el Gobierno español debe respetar a las víctimas del franquismo y exigir, en todo momento, verdad, reparación y justicia.
En una comparecencia ante el Congreso español (Cámara Baja), Urtasun enfatizó que "la memoria es un deber cívico y ético de toda administración y gobierno y un deber supremo para quienes sufrieron la muerte y la represión por la dictadura".
El marco legal: Bienes incautados y archivos
Estas acciones se enmarcan en el cumplimiento de la ley de Memoria Democrática, aprobada en 2022. En virtud de esta ley, el Ministerio de Cultura ha llevado a cabo varias tareas importantes para la reparación histórica.
En el plazo de un año, el Ministerio de Cultura fue la primera entidad en crear un inventario de bienes incautados durante la Guerra Civil y la posguerra inmediata, el cual está disponible para la ciudadanía en un portal web.
Además, se han documentado más de 6,695 piezas en museos estatales de gestión directa, se ha actualizado el censo de archivos de España e Iberoamérica con las incautaciones y se ha digitalizado la información custodiada en archivos estatales y el archivo de la guerra.
Para entender la necesidad de extinguir estas fundaciones que alaban el régimen dictatorial, piense en un país que, tras una grave enfermedad, debe sanar sus heridas.
La ley de Memoria Democrática es como una terapia nacional que busca la verdad y la justicia. Permitir que estas fundaciones continúen operando y exaltando la dictadura es como dejar que la infección se propague, impidiendo la sanación y el respeto que se debe a las víctimas de la represión.
VGB