La Comisión de Acusación del Congreso anunció este martes el inicio de una investigación preliminar contra el presidente Gustavo Petro, tras las denuncias sobre un evento oficial en el que asistieron jefes de organizaciones criminales de Medellín.
El acto tuvo lugar el 21 de junio pasado, durante una jornada en apoyo al proceso de paz urbana y a la aprobación de la reforma laboral impulsada por su gobierno.
El concejal Alejandro de Bedout fue quien presentó la solicitud formal para indagar si el mandatario incurrió en participación política indebida o en el uso de recursos públicos con fines proselitistas, además de presuntas irregularidades relacionadas con una posible convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente fuera del marco constitucional.
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Pesquisas contra el presidente colombiano por jefes criminales en acto de Gobierno
El evento, conocido como el “tarimazo”, fue transmitido por medios públicos y contó con la asistencia de reconocidos líderes criminales autorizados a salir de prisión, entre ellos Juan Carlos Mesa (“Tom”), Jorge de Jesús Vallejo (“Vallejo”), Freiner Ramírez (“Carlos Pesebre”) y José Leonardo Muñoz (“Douglas”), integrantes de La Oficina, una de las principales estructuras delictivas del país.
La presencia de estos personajes, escoltados por autoridades penitenciarias, generó críticas de la oposición y de organizaciones civiles que consideraron inapropiado su protagonismo en un acto presidencial.
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Diálogos por la paz en Medellín y otras ciudades
El Gobierno colombiano ha defendido que su objetivo es avanzar en los diálogos de paz urbana, una estrategia que busca la desmovilización de más de 12 mil integrantes de grupos armados que operan en zonas urbanas.
Este modelo de negociación también se replica en Barranquilla, Quibdó y Buenaventura, donde las autoridades buscan poner fin a la violencia generada por organizaciones como Los Shottas y Los Espartanos.
La polémica continúa
Pese a la defensa del Ejecutivo, la presencia de cabecillas criminales en eventos públicos del Gobierno ha encendido el debate nacional. La Comisión de Acusación deberá ahora determinar si las actuaciones del presidente violaron normas constitucionales o éticas, en un proceso que podría marcar un precedente en la política colombiana.
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LSHV