Según un análisis reciente, desde un profesor de ciencias de secundaria en Tennessee hasta un supervisor de jardinería en la Auburn University (Alabama), han presentado demandas alegando que sus despidos por publicaciones en redes sociales tras el asesinato de Charlie Kirk violan sus derechos de libertad de expresión.
En uno de los casos más destacados, Kevin Courtwright, supervisor de jardinería en Auburn University, fue despedido tras publicar en Facebook: “Un fascista menos; todo un movimiento sociopolítico se va al traste. Basura nazi FAFO”. Alega que la universidad lo animó a eliminar los comentarios y luego lo despidió, lo que según su demanda no era una causa justificada para removerlo de su puesto.
En otro, la profesora Candice Hale fue suspendida en su universidad tras publicar en Facebook: «No lloro a los opresores. No les tengo empatía … los hombres blancos mediocres, racistas … que se dicen cristianos y luego hacen todo lo que Cristo jamás haría». La demanda alega que su despido fue influido por la presión política ejercida, incluyendo del senador Tommy Tuberville.
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¿Cuál es la línea entre discurso privado y responsabilidades públicas?
Los casos enfrentan una tensión central: cuando un empleado público hace un comentario en su vida privada, ¿puede el estado sancionarlo sin violar la Primera Enmienda? La jurisprudencia del Supreme Court of the United States (SCOTUS) ha dicho que los maestros y servidores públicos “no renuncian a todos sus derechos de libertad de expresión” simplemente por su empleo, pero también ha enfatizado que esos derechos no son ilimitados.
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Por ejemplo, el juez Neil Gorsuch, en una opinión de 2022, explicó que los empleados escolares “además de ser ciudadanos privados, también son empleados del gobierno” y pueden estar sujetos a restricciones si su discurso interfiere con sus tareas laborales.
En los litigios actuales, los demandantes sostienen que sus publicaciones, aunque críticas, respondían a un asunto de interés público (el asesinato de Kirk) y se hicieron fuera de su horario laboral, lo que debilita la justificación estatal para sancionarlos.
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Asesinato de Charlie Kirk y el efecto dominó
Contexto: El activista Charlie Kirk, de 31 años, cofundador de Turning Point USA, fue asesinado a tiros el 10 de septiembre de 2025 mientras daba un discurso en el campus de la Utah Valley University. Las autoridades calificaron el hecho como una “asesinato político”.
En el contexto de su muerte se desató una presión política significativa: figuras influyentes del Partido Republicano, incluyendo al vicepresidente J. D. Vance, hicieron un llamado público a denunciar a quienes criticaran a Kirk en redes sociales, incluso a contactar empleadores para que actuasen.
Ese ambiente generó una ola de despidos y sanciones, entre entidades privadas y públicas, por publicaciones en redes sobre el caso. En el ámbito estatal y local, los despidos públicos han saturado tribunales por el riesgo de violar derechos constitucionales.
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Qué implican estas demandas para el discurso del empleado público
Los litigios en curso podrían redefinir hasta dónde pueden los gobiernos estatales regular el uso de redes sociales por parte de sus empleados fuera del horario laboral. Si los tribunales reconocen que los despidos por criticar a Kirk son inconstitucionales, se abriría un precedente para que los empleados públicos tengan mayor protección al expresarse como ciudadanos.
En ese sentido, las entidades estatales enfrentan el dilema de equilibrar su Código de Conducta interno o políticas de imagen pública con los derechos de expresión de sus trabajadores. Deben evaluar cuidadosamente cuándo una publicación lesiona su funcionamiento o reputación estatal para justificar una sanción.
AJA
The Guardian
New York Post
Le Monde.fr