El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil publicó esta semana la sentencia completa que condenó al expresidente Jair Bolsonaro por intentar derrocar el orden constitucional. Con este acto comenzó el periodo legal para que la defensa presente recursos ante la Primera Sala del tribunal.
Desarrollo judicial y recursos
A partir del 23 de octubre, la defensa de Bolsonaro y la de los demás condenados dispone de cinco días para presentar “declaraciones de embargo”. Según el reglamento del STF, este tipo de recurso no modifica la esencia de la sentencia, sino que aclara puntos específicos.
El fallo se resolvió por mayoría de cuatro votos contra uno. La resolución ordenó además que, una vez agotadas las impugnaciones, los magistrados definan el régimen y el lugar donde los sentenciados deberán cumplir las penas impuestas.
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El expresidente recibió una pena de 27 años y tres meses de prisión por los delitos de intento de golpe de Estado, liderazgo de una organización criminal y ataque violento al Estado democrático de derecho.
Condenas relacionadas y medidas cautelares
La Primera Sala del STF también dictó sentencias contra siete colaboradores de Bolsonaro. Entre ellos figuran cinco militares, un agente de la Policía Federal y un dirigente de un instituto de auditoría electoral. Las penas oscilaron entre siete y medio y diecisiete años de prisión.
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Los jueces determinaron que los implicados promovieron desinformación mediante redes digitales para alentar una ruptura institucional y justificar la intervención militar.
Bolsonaro permanece bajo arresto domiciliario en Brasilia desde agosto de 2025 por incumplir medidas cautelares previas y representar riesgo de evasión. Su edad, 70 años, y sus antecedentes médicos fueron considerados por el tribunal para mantenerlo fuera de prisión preventiva.
Contexto político y sucesión
La condena reconfiguró el panorama político del bloque conservador. Dirigentes empresariales y aliados del expresidente impulsan la definición de un nuevo liderazgo antes de finalizar el año. El gobernador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, figura como posible sucesor dentro del movimiento bolsonarista, junto con la ex primera dama Michelle Bolsonaro.
Bolsonaro quedó inhabilitado para ejercer cargos públicos hasta 2060. Esta sanción amplió la restricción anterior, que lo excluía de procesos electorales hasta 2030 por abusos de poder político relacionados con la difusión de desinformación sobre el sistema electoral.
En el Congreso, legisladores afines al exmandatario promovieron un proyecto de amnistía para los implicados en el intento de golpe del 8 de enero de 2023. El STF anticipó que una eventual aprobación podría ser inconstitucional.
Relaciones internacionales y tensión con Estados Unidos
El proceso judicial provocó una disputa diplomática con Washington. En julio de 2025, el presidente Donald Trump impuso aranceles del 50% a productos brasileños, al considerar que existía una persecución política contra Bolsonaro.
El gobierno estadounidense sancionó económicamente al juez Alexandre de Moraes, relator del caso, y a su esposa, Viviane Barci de Moraes, acusándolos de violaciones a los derechos humanos.
En las últimas semanas, las tensiones disminuyeron. Los presidentes Lula da Silva y Trump mantuvieron conversaciones telefónicas y evalúan un encuentro en Malasia durante la cumbre de la ASEAN a finales de octubre.
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Origen de la conspiración y asalto en Brasilia
Las investigaciones fiscales atribuyeron a Bolsonaro la dirección de un complot para desconocer los resultados electorales de 2022, en los que perdió frente a Luiz Inácio Lula da Silva. Documentos incautados incluyeron un borrador de decreto que contemplaba la instauración de un estado de sitio y la anulación de los comicios.
La condena se vinculó directamente con el ataque a las sedes del Congreso, el Supremo Tribunal y el Palacio del Planalto, perpetrado el 8 de enero de 2023 por simpatizantes del expresidente. Los manifestantes exigieron una intervención militar.
Bolsonaro, quien se encontraba en Florida desde el 30 de diciembre de 2022, negó relación con los disturbios. La investigación concluyó que la conspiración no prosperó debido a la negativa de las fuerzas armadas de apoyar la ruptura del orden constitucional.
VGB