Lima.- El primer ministro de Perú, Ernesto Álvarez, anunció este jueves que el gobierno prepara una declaración de estado de emergencia en Lima en las próximas horas para enfrentar la criminalidad, que ha generado paros y movilizaciones de protesta por los casos de extorsión y sicariato que han afectado a distintos sectores económicos en el país.
Contexto: Perú vive una marcada crisis de seguridad y gobernabilidad, donde la violencia organizada —extorsiones, asesinatos, “cobro de cupos”— se entrelaza con el desgaste institucional, conflictividad social y respuestas represivas del Estado.
En el centro del descontento están los transportistas, convertidos en blanco de mafias que imponen pagos diarios bajo amenaza de violencia, lo que ha desencadenado protestas masivas y una escalada de tensión en Lima y otras regiones.
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La ola de extorsiones al transporte público ha escalado dramáticamente. En lo que va de 2025, se reportan cerca de 180 choferes asesinados por negarse a pagar cupos.
Los gremios de transportistas han iniciado huelgas y bloqueos en Lima exigiendo acciones contundentes del Estado contra las mafias. Las protestas no solo tocan al transporte: comerciantes, bodegueros y otros sectores se han sumado, bajo la misma demanda de seguridad y justicia.
El Estado ha respondido con medidas de excepción: decretos de emergencia en distritos de Lima-Callao, despliegue militar y proyecto para tipificar crímenes como extorsión y asesinatos como “terrorismo urbano”.
Violaciones a derechos humanos tras muerte de manifestante
La Fiscalía de Perú anunció este jueves que realiza investigaciones urgentes, "en el contexto de graves violaciones a los derechos humanos", por la muerte de un manifestante durante la multitudinaria protesta que se realizó este miércoles en Lima en contra del gobierno y el Congreso por la crisis de corrupción e inseguridad ciudadana que afronta el país.
Con esto, los países que han limitado las libertades de su población son: El Salvador, Ecuador, Venezuela y ahora Perú.
En declaraciones a la prensa, el presidente del Consejo de Ministros explicó que "no puede ser simplemente una declaración etérea, sino que tiene que venir acompañado de un paquete de medidas".
En el estado de emergencia, las Fuerzas Armadas brindan apoyo a la Policía Nacional para recuperar el control territorial y llevar a cabo acciones contra la delincuencia organizada, como también quedan suspendidos algunos derechos fundamentales como la libertad de reunión y de tránsito.
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Agregó que el presidente interino, José Jerí, ha encomendado al gabinete a preparar ese paquete de medidas, en el menor tiempo posible, y que cuando tengan esas medidas harán el anuncio oficial.
"Aquí nadie encubre a nadie, nadie va a pretender tomar medidas insustanciales", expresó el jefe del gabinete.
Álvarez señaló que el mandatario está comprometido en que sus equipos técnicos produzcan todas las medidas que puedan ser adecuadas y que solamente las mejores medidas serán reglamentadas.
A su vez, el ministro de Justicia, Walter Martínez, indicó que van a esperar los informes necesarios para dar impulso a esta medida que será anunciada en los próximos días.
El anuncio del probable estado de emergencia en Lima Metropolitana se produjo después de una sesión del Consejo de Ministros en Palacio de Gobierno, después de una jornada en la que el Ejecutivo estuvo al tanto de investigar los sucesos de la marcha de protesta del miércoles, que terminó con un manifestante muerto por un disparo de un policía, así como una treintena de heridos civiles y 80 agentes lesionados.