Argentina enfrenta una nueva controversia bajo el gobierno de Javier Milei, tras la reciente modificación de la Ley de Acceso a la Información Pública mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial. Esto sucede después de que, durante siete años, esta ley había permitido a la ciudadanía acceder a la información pública, revelando comportamientos impropios de autoridades y colaborando en investigaciones judiciales.
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La nueva reglamentación, establece que el Estado no está obligado a proporcionar información sobre la vida privada de los funcionarios públicos ni sobre documentos preparatorios para decisiones estatales, como papeles de trabajo o reuniones previas. Además, se amplían los criterios de excepción para la divulgación de información pública.
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Decreto implica un grave retroceso democrático
Esta nueva modificación ha generado preocupación entre organizaciones civiles y medios de comunicación, por lo que el Foro de Periodismo Argentino (Fopea) rechazó los cambios introducidos por el Gobierno de Milei, advirtiendo que implica un grave retroceso democrático. Asimismo, señaló que desalienta la participación ciudadana en los asuntos del Estado y "oscurece la gestión pública", además de atacar los principios de transparencia activa.
También dijo que la reglamentación incluye un artículo que establece que la violación del principio de buena fe por parte de los actores intervinientes podría llevar a la imposición de indemnizaciones. Y recordó que, como regla, toda la información en poder de los órganos públicos debe ser divulgada, subrayando que los ciudadanos son los dueños de la información pública, no el Estado.
"Son los ciudadanos los dueños de la información pública y no el Estado, por lo que el permitir su conocimiento no es una concesión discrecional de los gobiernos sino un imperativo normado".
¿De qué va el decreto que limita el acceso a la información pública en Argentina?
De acuerdo con el decreto firmado por Milei, la ciudadanía no podrá indagar sobre quién ingresa a la residencia oficial de Olivos, en la provincia de Buenos Aires. Esto se debe a que el nuevo derecho de acceso a la información pública excluye la información relacionada con el "ámbito privado del funcionario o magistrado, especialmente cuando la solicitud pretende ingresar a una esfera típicamente doméstica".
Al respecto, la "Fundación Poder Ciudadano" destacó en sus redes sociales que "ningún decreto puede restringir el Acceso a la Información Pública más allá de lo que lo hace la ley sancionada democráticamente por el Congreso" y recordó que "el acceso a la información pública es un derecho humano consagrado en pactos y tratados internacionales" y que "la información está en manos del Estado pero le pertenece a la ciudadanía".
Por su parte, el director ejecutivo de Poder Ciudadano, Pablo Secchi, dijo este martes a Radio Mitre que la institución está "analizando" llevar el caso a la Justicia para que "declare inconstitucional" el decreto; la alternativa es que el Gobierno "se dé cuenta que está mal lo que hizo" y vaya para atrás con el decreto.