La Fiscalía Especial contra la Impunidad de Guatemala solicitó retirar la inmunidad al presidente Bernardo Arévalo, acusándolo de autorizar pagos "ilegales" a constructoras.
Durante una conferencia de prensa, el fiscal Rafael Curruchiche informó que se presentó una solicitud a la Corte Suprema para iniciar un "retiro de antejuicio en contra del señor presidente", con el fin de investigarlo por los delitos de abuso de autoridad, usurpación de atribuciones y resoluciones violatorias a la Constitución. Este proceso podría llevar a la eliminación de su inmunidad.
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El fiscal, quien ha sido sancionado por Estados Unidos y la Unión Europea por "corrupto" y "antidemocrático", acusó a Arévalo de haber ordenado a la exministra de Comunicaciones, Jazmín de la Vega, realizar pagos millonarios a empresas presuntamente involucradas en hechos de corrupción.
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Gobierno de Guatemala reacciona
Por su parte, el Gobierno de Guatemala respondió a las acusaciones realizadas por la Fiscalía Especial del Ministerio Público durante la conferencia de prensa, en la que se solicitó el retiro de antejuicio contra el presidente Arévalo.
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Ante esto, el Gobierno descalificó los señalamientos del fiscal Rafael Curruchiche, argumentando que carecen de credibilidad pública, solidez jurídica y propósito legítimo.
"Los disparates del señor Curruchiche no tienen cabida en ninguna acción penal, mucho menos un antejuicio", reaccionó la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia en un mensaje enviado a los medios.
Cabe señalar que el antejuicio protege a los funcionarios de ser investigados hasta que un juez avale el inicio de las pesquisas. En el caso del presidente, si la Corte da luz verde al proceso, el caso se remitirá al Congreso, que tomará la decisión final sobre la inmunidad.
No obstante, si se abre una investigación penal contra el presidente, la fiscalía puede pedir una orden de prisión preventiva contra él y, si la justicia accede, le costaría el cargo.
Antecedentes de las acusaciones contra Bernardo Arévalo
El actual caso contra el presidente Arévalo, surge de una denuncia presentada el 16 de julio por Ricardo Méndez Ruiz, presidente de la ultraderechista Fundación contra el Terrorismo, quien también ha sido sancionado por Washington por "corrupto".
"Hemos podido establecer entonces que el señor presidente [...] es la principal persona que fomenta la corrupción y fomenta la impunidad en Guatemala", afirmó Curruchiche.
El fiscal presentó un audio de una conversación entre Arévalo y la entonces ministra grabado en mayo, que fue divulgado por la prensa local. En la conversación, el mandatario le notifica a Vega su destitución por no haber cumplido una orden de pagar a empresas conforme a un listado acordado.
A principios de agosto, Arévalo confirmó la autenticidad del audio y señaló que los listados se elaboraron para pagar tras verificarse que las obras estuvieran en ejecución.