La batalla por el derecho de las mujeres a interrumpir legalmente su embarazo continúa en los tribunales de Estados Unidos, siendo la batalla por la restricción del acceso al medicamento mifepristona, que en combinación con otro de nombre misoprostol es conocida como la píldora del aborto; una de las más relevantes por las implicaciones que traería consigo.
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Este martes, el Tribunal Supremo de Estados Unidos sostuvo una audiencia de casi dos horas para escuchar los alegatos de los demandantes, la Alliance for Hipocratic Medicine (AHM), una organización antiaborto creada para combatir la medida en los tribunales; y los de la agencia gubernamental de Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA por sus siglas en inglés), distribuidora de la mifepristona.
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De momento, la batalla continuará en los tribunales del condado de Amarillo, Texas, donde la Alliance for Hipocratic Medicine decidió iniciar la querella legal consiente de las posibilidades a su favor en consideración de la alineación de los jueces con el conservadurismo, tendente a la prohibición del aborto. El juicio estará presidido por Matthew Kacsmaryk, un juez cristiano conservador.
La sentencia de este caso será emitida hasta finales del mes de junio, pero antes de poder ser aplicada, posiblemente pase por un tribunal de apelaciones, también con tendencias conservadoras, en caso de que se concrete la restricción del acceso a la píldora del aborto en Estados Unidos.
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¿Qué pasaría si la Alliance for Hipocratic Medicine gana la demanda?
En caso de que la Alliance for Hipocratic Medicine gane la demanda en contra de la FDA y consiga que se impongan restricciones más severas en contra de la mifepristona, sería como si se prohibiera el aborto en el estado, pues se reduciría el plazo durante el cual se puede proveer a las mujeres de este medicamento.
Sí el falló llegase a salir a favor de la AHM, la mifepristona solo podría ser recetada durante las primeras 7 semanas de gestación y no en las 10 semanas como ocurre actualmente, esto hace que resulte ineficaz para inducir el aborto, pues antes de las 10 semanas es muy difícil que una mujer sepa que está embarazada, por lo que indirectamente, sería como prohibirles acceder a la píldora.
El uso de la mifepristona como píldora inductiva del aborto en combinación con misoprostol, ha aumentado desde la derogación de la sentencia del caso Roe contra Wade, con la cual se le regresó la facultas a los estados de la unión americana para autorregular sus propias legislaciones en la materia.
De acuerdo con el instituto Guttmacher la píldora del aborto es empleada en el 63% de las interrupciones del embarazo. La mifepristona detiene la producción de progesterona e interrumpe la gestación, mientras que el misoprostol provoca contracciones en la paciente y provoca la expulsión del feto.
Disputas legales en contra del aborto
Desde la derogación de la sentencia del caso Roe contra Wade, cada estado de los Estados Unidos adquirió la facultad para establecer su propia normativa en la materia, esto hizo que 21 estados prohibieran o restringieran el derecho al aborto en su territorio. Esto dejó un intrincado mapa de regulaciones a favor y en contra del aborto en EU.
Debido a esto, se incrementó el uso de la mifepristona como píldora abortiva, pues es más conveniente para las mujeres en estados donde está prohibido interrumpir el embarazo, hacerlo de esta forma, que viajar miles de kilómetros a estados donde si es legal practicarlo. Además de que en estos, las clínicas suelen estar saturadas por la sobre acogida de casos de mujeres provenientes de otros estados.
Hasta el momento, no es posible adelantar el resultado del caso, sin embargo, hay condiciones que juegan a favor y en contra del derecho de las mujeres a la píldora del aborto en el estado de Texas, uno de los más conservadores del país. En contra está la inclinación de los jueces hacia la postura antiabortista. A favor, que la parte demandante no ha sido capaz de proporcionar alegatos sólidos basados en información científica de porqué debería restringirse el acceso a la mifepristona.
La defensa de la empresa distribuidora del medicamento ha recalcado que los demandantes dependen más de alegatos políticos que científicos.
VGB