A un año de que el Gobierno de Nicaragua declarara "traidores a la patria" a 94 opositores, analistas y críticos de la dictadura, medios de comunicación y voces líderes en el mundo siguen exiliados de lo que alguna vez llamaron hogar. Personajes como los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli, así como el periodista Juan Lorenzo Holmann, mantienen, desde lejos, su lucha por la defensa de derechos humanos... pese a que a ellos se los arrebataron.
Los que pudieron abandonar su país fueron catalogados por autoridades nicaragüenses como "prófugos de la justicia”, se les quitó la nacionalidad, se ordenó confiscar todos sus bienes inmuebles y se dictaminó que no podrían ejercer cargos públicos o de elección popular "de forma perpetua"; hoy, los medios en el exilio que persisten, vuelven a estar en riesgo, pero esta vez por la falta de recursos.
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Y es que al menos tres medios digitales nicaragüenses han cerrado sus operaciones debido a la falta de presupuesto. Un ejemplo claro es el de "Actualidad con Dino Andino", fundado por un periodista que renunció a un canal oficialista tras las protestas de 2018; aunque el medio contó con el apoyo inicial de donantes, la insuficiencia de recursos para pagar colaboradores y mantenerse llevó a su cierre en menos de cinco años.
Tras mudarse a Estados Unidos, Dino Andino ha señalado que la audiencia nicaragüense es la más afectada por el férreo control del gobierno de Daniel Ortega sobre los medios de comunicación.
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Sin embargo, pese a ello, la población no consume los contenidos de los medios oficialistas, según una encuesta de Cid Gallup, publicada en 2023. La preferencia recae en los medios independientes, ya que ofrecen mayor credibilidad y rigurosidad en las fuentes.
La organización de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN) estima que al menos 24 plataformas digitales surgieron en 2018, en su mayoría en el exilio para protegerse de la persecución gubernamental. No obstante, a la fecha, al menos tres de estos medios han cerrado, evidenciando las dificultades que enfrentan los medios en medio de la crisis sociopolítica.
El saldo de Daniel Ortega
Un informe presentado a inicios de 2024 por la organización Periodistas y Comunicadores de Nicaragua (PCIN) revela que durante el año 2023, el número de periodistas nicaragüenses exiliados debido a la persecución del presidente Daniel Ortega ha aumentado considerablemente.
Desde el inicio de las protestas contra el gobierno, en 2018, al menos 242 periodistas han abandonado Nicaragua, según el observatorio de PCIN, que documenta 83 casos de agresiones a la libertad de expresión en el mismo año.
La Policía Nacional, dirigida por Francisco Díaz, que ha sido sancionado por Estados Unidos por violaciones a los derechos humanos, fue señalada como uno de los principales agresores.
Arlen Pérez, coordinadora del Observatorio de PCIN, destacó que el exilio no sólo afecta a periodistas y medios de comunicación, sino también a aquellos que desempeñan funciones como relaciones públicas en entidades clausuradas en Nicaragua.
Sin embargo, el análisis apunta que persiste la "criminalización del ejercicio periodístico" por parte del Poder Judicial, con cada vez más acusaciones contra reporteros que buscan generar violencia y desacreditar la labor periodística.
Exiliados y sin nacionalidad
Daniel Ortega declaró a 94 opositores y críticos de su gobierno como "personas no gratas" cuando muchos, incluyendo a Sergio Ramírez y Gioconda Belli, se encontraban en el exilio, pero también en un momento en que muchos otros, dentro de Nicaragua, lo perdieron todo. La medida sorprendió al mundo ese 15 de febrero de 2023, con apenas seis días después de la liberación y destierro de otros 222 opositores presos.
Varios de los afectados han reaccionado en contra de la medida. La periodista Lucía Pineda Ubau, directora del Canal 100% Noticias, confiscado y clausurado por Ortega en 2018, calificó de "ladrones" a los gobernantes de su país.
Mientras que Juan Lorenzo Holmann, editor de La Prensa, uno de los medios más antiguos de Nicaragua, habló sobre su experiencia como prisionero político y su liberación repentina. Él fue uno de los casos de exilio más sonados e impactantes, ya que, tras 545 días en prisión, fue deportado a Estados Unidos junto con otros opositores.
"Definitivamente tienen una alergia a la libertad de expresión. Lo hemos visto a lo largo de la historia, [entre] gente que [se comporta como ellos]: la primera cosa que hacen es atacar al periodismo independiente, atacar a las personas que expresan lo que sienten, quienes hacen denuncias, quienes piden justicia".
"Salí de la cárcel con una convicción aún más contundente, que necesito continuar luchando por la libertad de expresión. El derecho más importante es el derecho de vivir, de nacer y de ser. Y el segundo más importante es el derecho a la libertad de expresión. El primer derecho es inútil si nos arrebatan el segundo. La libertad de expresión es el más grande, porque es lo que nos hace lo que somos. La libertad de expresión implica el derecho de ser educado, el derecho de aprender, de saber y de distinguir", expuso tras ser liberado.
Aunque agradecido por la acogida en EU, Holmann señala que no se siente totalmente libre, ya que la verdadera libertad significaría poder estar en Nicaragua. En una entrevista publicada en el sitio del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), habla sobre su arresto, las condiciones carcelarias, y su compromiso continuo con la libertad de expresión y la lucha por la democracia en Nicaragua. Su testimonio refleja la persecución a la que se enfrentan los periodistas y opositores en el país centroamericano.
"Nadie me puede quitar mi ciudadanía nicaragüense. Voy a morir, y continuaré siendo nicaragüense", afirmó.
El gobierno nicaragüense acusó a los afectados de "conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional" y "propagación de noticias falsas", delitos que han sido imputados a numerosos opositores encarcelados en los últimos años.
Entre los desterrados se encuentran figuras como el Obispo católico, Silvio Báez; el sacerdote Edwin Román; la líder campesina, Francisca Ramírez; el exembajador ante la OEA, Arturo McFields; el excanciller Norman Caldera; y el exvicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, Rafael Solís.