Aquellos que se oponen a la represión del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo se encuentran exiliados dentro o fuera de su propio país, con voces desvanecidas y apagadas entre la crítica y el miedo, así lo demuestra un periodista de El País que narra desde Managua, Nicaragua, cómo el Estado está asfixiando la libre expresión mediante expulsiones, prohibiciones, encarcelamientos, confiscaciones, hostigamientos y amenazas.
El relato "Nicaragua: la vida en las catacumbas" fue creado justamente bajo el anonimato, pues ningún periodista es capaz de desafiar a la represión implementada por Daniel Ortega, donde incluso ondear la bandera azul y blanco puede considerarse un delito.
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Este año ha empezado fuerte, pues la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó una reforma constitucional que permite la revocación de la nacionalidad a los nicaragüenses condenados por "traición a la patria", figura que ha sido utilizada para perseguir a opositores y críticos del régimen de Daniel Ortega.
Con la modificación del artículo 21 de la Constitución, que se suma a otras medidas represivas, ahora se puede retirar la nacionalidad a las 222 personas acusadas de traición a la patria, incluyendo políticos y aspirantes a la presidencia. A estos acusados fueron inhabilitados de por vida para ocupar cargos públicos y se les suspendieron sus derechos ciudadanos a la par que se cerraban también 16 organizaciones sin fines de lucro, alegando incumplimiento de las leyes que las regulan..
Nicaragua: Silenciando Voces
De acuerdo con la crónica de El País, los testimonios de aquellos "fantasmas" oprimidos por Daniel Ortega y Rosario Murillo corresponden a periodistas, religiosos católicos, ex miembros de partidos políticos y activistas que en algún momento pertenecieron al grupo opositor de la pareja presidencial, que gobierna desde 2007 bajo una política exterior de no intervencionismo; hoy hablan desde el exilio social e individual que les provoca el temor a sufrir represalias.
Lucy, por ejemplo, es una de las comunicólogas que forjó un nombre profesional mediante la crítica al gobierno y reportajes de irregularidades en sus instituciones, pero que en estos momentos vive encerrada y con la incertidumbre de no ser reconocida por simpatizantes del régimen, pues incluso tuvo que cambiar de domicilio y frenar su participación en movimientos de lucha y ayuda para evitar ser encarcelada.
Y es que, dado el modus operandi del gobierno de Nicaragua, los periodistas que han demostrado contradecir o desafiar a la pareja gobernante han tenido que huir o esconderse, cambiando su identidad, usando pseudónimos y evitando publicar contenido de todo tipo en redes sociales o medios. Son al menos 222 periodistas exiliados de este país, según un informe de la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia.
De acuerdo con el texto escrito bajo las sombras, en mayo una redada policial masiva detuvo a 57 ciudadanos, incluyendo informadores, activistas políticos y líderes campesinos; desde entonces, este tipo de operaciones no han parado. La iglesia católica también ha sido fuertemente golpeada en Nicaragua, con más de 275 agresiones registradas, incluyendo vigilancia constante, daños a iglesias, amenazas, cortes de servicios básicos y expulsiones de sacerdotes y seminaristas.
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Managua se convirtió en la sede de los interrogatorios secretos, donde en 12 horas todos los detenidos fueron presentados y catalogados por autoridades policiales, obligados a firmar un documento periódicamente que hace constar que se encuentran bajo el control de Nicaragua.
El periodista de El País fue uno de los que se ocultó durante las redadas y durmió fuera de casa durante días con el miedo a ser capturado, pues ya había visto en 2022 cómo varios de sus colegas de La Prensa fueron perseguidos y sus casas allanadas durante meses.
Roberto, es otro testimonio recabado del periodista, pues se trata de un activista político que participó en movimientos opositores en Nicaragua y experimentó una serie de detenciones y acosos por parte de las autoridades. A pesar de ser condenado inicialmente a cinco años de cárcel, fue liberado seis meses después mediante una ley de amnistía para quienes enfrentaron encarcelamiento durante las protestas de 2018.
Roberto nunca dejó de ser hostigado y prefirió marcharse luego de que recibiera la orden de reportarse mensualmente a través de WhatsApp; huyó del país y eventualmente cruzó de manera irregular a Estados Unidos, donde actualmente reside y trabaja. Aunque se encuentra a miles de kilómetros de distancia, sigue viviendo con miedo por la seguridad de su esposa e hijos que aún permanecen en Nicaragua, especialmente después de recibir mensajes amenazadores del inspector.
El relato toma una relevancia importante en pleno inicio de 2024 al mostrar un sombrío panorama donde la estrategia del gobierno se ha centrado en sembrar el terror y lo ha logrado, con una oposición inactiva y desarticulada a la que les suman políticas limitantes para familias y allegados de los disidentes y genera una preocupación en ascenso para los ojos del mundo.