Al cumplirse un año de su mandato, el presidente de Argentina, Javier Milei, redujo la edad mínima para el uso, tenencia y portación de armas de fuego de 21 a 18 años. El decreto responde a los crecientes reclamos de inseguridad, especialmente en las grandes ciudades del país.
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De acuerdo con el boletín oficial difundido este martes, la modificación busca “armonizar” la normativa vigente desde 1975 sobre los legítimos usuarios de armas con el nuevo Código Civil y Comercial, que establece la mayoría de edad a los 18 años.
"Corresponde modificar el citado artículo 55 de la Reglamentación de la Ley N° 20.429 aprobada por el mencionado Decreto N° 395/75 y sus modificatorios, a efectos de armonizar la legislación vigente, reconociendo la capacidad de los ciudadanos para ser legítimos usuarios de armas a partir de los dieciocho (18) años", estableció el decreto 1081/2024, publicado en el Boletín Oficial.
El decreto, firmado por el presidente, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, justifica la reducción de la edad mínima para adquirir y portar armas con el argumento de que debe ajustarse a la mayoría de edad, establecida en Argentina a los 18 años desde 2009. En contraste, la ley 20.429, que regula la tenencia de armas desde 1975, reflejaba la mayoría de edad de ese entonces, que era de 21 años.
A pesar de esta modificación, el decreto mantiene intactos otros requisitos fundamentales: que los solicitantes no presenten impedimentos físicos o psíquicos que los inhabiliten para portar armas, y que acrediten identidad, domicilio real y medios de vida lícitos ante la policía de su jurisdicción.
La inseguridad en Argentina
De acuerdo con datos del Ministerio de Seguridad, en 2023 se reportaron 4 mil 815 robos con lesiones y/o muertes, de los cuales más de la mitad se produjeron en la provincia de Buenos Aires. En lo que respecta a tentativas de robo, el año pasado se produjo una cifra récord de 32 mil 503 casos en todo el país.
“No es una modificación necesaria, entra en el orden de la provocación”, dijo a medios la exministra de Seguridad, Sabina Frederic.
“Amplías el universo de personas que pueden tener armas de fuego de manera legal. Lo que debería ocurrir es que cada vez menos gente tenga armamento”.
La exfuncionaria también alertó sobre “una combinación explosiva” del decreto con un proyecto de ley que propone un blanqueo de armas de fuego adquiridas ilegalmente y que le permite al poseedor disponer de ese armamento durante un año sin trámite legal. Se calcula que hay cuatro millones de armas en el circuito ilegal en el país, que tiene 45 millones de habitantes, según datos de expertos.