Luego de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) decretara la inhabilitación de la opositora María Corina Machado a cualquier tipo de comicios hasta 2036, incluyendo las elecciones presidenciales de este año, Estados Unidos decidió reactivar las sanciones al sector de petróleo y gas de Venezuela.
La decisión fue anunciada desde Washington al considerar que se violenta el Acuerdo de Barbados, firmado en octubre pasado, que otorgaba la Licencia General 44 al país y levantaba algunas sanciones económicas con la promesa de que se permitiría una contienda electoral justa y democrática.
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A partir de abril, el Departamento de Estado de Estados Unidos no volverá a liberar las sanciones para Venezuela, pues esta licencia expedida por Washington al sector petrolero y de gas venezolano expira hasta el día 18 de ese mes.
“Las acciones de Nicolás Maduro y sus representantes en Venezuela, incluyendo el arresto de miembros de la oposición y la prohibición a candidatos de competir en las elecciones presidenciales de este año, no son consistentes con los acuerdos firmados en Barbados”, dice el comunicado.
La decisión es impulsada por la inhabilitar la candidatura de la opositora María Corina Machado, anunciada el viernes pasado por el Tribunal Supremo de Justicia venezolano (TSJ).
El acuerdo de Barbados y las sanciones que regresan a Venezuela
En respuesta a la reactivación de sanciones, la Vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez advirtió que su país también revocará los vuelos de repatriación de migrantes venezolanos a partir del 13 de febrero, pues calificó de "grosero e indebido chantaje" el anuncio de Matthew Miller, portavoz Departamento de Estado de EU.
Asimismo, la funcionaria expuso que revisaría "cualquier mecanismo de cooperación existente" con Estados Unidos ante lo que consideró un paso más para intensificar sus agresiones económicas contra Venezuela, acto secundado por el Canciller Yván Gil, quien hizo un llamado en sus redes sociales al pueblo venezolano para repudiar el “ultimátum” de Washington.
La licencia a revocar se une a las sanciones que limitan cualquier tipo de transacción con CVG Minerven (Compañía General de Minería de Venezuela), empresa minera de oro controlada por el Gobierno venezolano; ciudadanos y empresas estadounidenses tienen hasta 14 días para terminar cualquier acuerdo comercial existente.
“El acuerdo de la hoja de ruta electoral de Barbados sigue siendo el mecanismo más viable para resolver la crisis política, económica y humanitaria de larga data de Venezuela y lograr elecciones competitivas e inclusivas, pero eso requerirá que Maduro y sus representantes respeten los principios de la hoja de ruta y garanticen que los actores políticos de la oposición tengan el derecho a elegir libremente a sus candidatos para las elecciones presidenciales de 2024”, finaliza el comunicado.
Y es que, reestablecer las sanciones al petróleo y al gas representa un fuerte golpe a las exportaciones venezolanas y al mercado interno de gas de Estados Unidos, ya que varias empresas operan en Venezuela y el crudo venezolano se exporta regularmente a refinerías en la costa del Golfo de EU.