La tensión entre la Iglesia Católica y el Gobierno de Nicaragua sigue escalando con la detención del sacerdote nicaragüense Carlos Áviles, vicario general de la Arquidiócesis de Managua, en la capital del país. El hecho fue denunciado por la abogada e investigadora nicaragüense exiliada Martha Patricia Molina, quien acusó la represión del presidente Daniel Ortega.
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"El Ministerio del Interior amanece realizando su primera arbitrariedad. Han secuestrado a monseñor Carlos Avilés, vicario general de la Arquidiócesis de Managua, quien en años anteriores declaró que el presidente Daniel Ortega miente al decir que en Nicaragua hay libertad", denunció Molina, autora del estudio titulado 'Nicaragua: ¿Una Iglesia perseguida?', a través de su cuenta de la red social X (antes Twitter).
Desde la oposición, la Unidad Nacional Azul y Blanco también se pronunció en contra de la detención del sacerdote de la Arquidiócesis de Managua, cuyo dirigente, el cardenal nicaragüense, Leopoldo Brenes, aún no se ha pronunciado sobre la detención.
"Otro zarpazo represivo de la dictadura contra la Iglesia católica. Su secuestro se suma al encarcelamiento del obispo Isidoro Mora, dos sacerdotes y dos seminaristas en los últimos días", indicó la Unidad Nacional en una declaración.
Por parte del Gobierno de Nicaragua, ni el presidente Daniel Ortega, ni la Policía Nacional, han confirmado o negado la presunta detención del sacerdote, el cual, sería el segundo caso en el transcurso de la última semana.
El otro caso de un sacerdote nicaragüense detenido por el Gobierno, ocurrió el pasado 20 de diciembre, un día después de invocar en una homilía al obispo encarcelado Rolando Álvarez, condenado en febrero de este año a más de 26 años de prisión por delitos considerados traición a la patria, tras negarse a abandonar el país.
El detenido, el obispo Mora de la diócesis de Siuna, en el Caribe de Nicaragua, se convirtió en el segundo obispo detenido en Nicaragua, tras el encarcelamiento del obispo Rolando Álvarez, quien fue condenado a 26 años y 4 meses de prisión el 10 de febrero de 2023. A Álvarez no solo se le encarceló al negarse a ser expulsado del país, se le despojo de su nacionalidad y se le suspendieron sus derechos ciudadanos de por vida.
Esa condena fue dictada un día después de que Álvarez rechazó subirse a un avión que lo iba a llevar, junto con otros 222 excarcelados políticos nicaragüenses, hacia Estados Unidos, lo que provocó la indignación del presidente Ortega, quien en cadena nacional lo calificó de "soberbio", "desquiciado" y "energúmeno".
Las relaciones del Gobierno de Ortega y la Iglesia católica viven momentos de gran tensión, marcadas por la expulsión y encarcelamiento de sacerdotes, la prohibición de actividades religiosas, y la suspensión de sus relaciones diplomáticas.
VGB