Este miércoles, el nuevo presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, informó que realizará una “reforma” al sistema penitenciario del país centroamericano, ya que considera que un amplio porcentaje del crimen organizado nace de las cárceles.
Durante una conferencia de presa, el mandatario, recién investido el pasado lunes de madrugada, explicó que se hará una "reforma" a la administración de los centros carcelarios.
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"Pensamos que en las deficiencias del sistema penitenciario, y en los estragos que ha causado la corrupción en el sistema penitenciario, está el foco de gran parte de los problemas de la seguridad ciudadana del país", aseveró.
De acuerdo con información de medios locales, las cárceles guatemaltecas tienen poco más de 20,000 personas privadas de libertad bajo su cargo, casi un 400 por ciento más del aforo de sus instalaciones y de la posibilidad de manejo de su personal.
De igual forma, expertos y analistas consideran que gran parte de las extorsiones que se llevan a cabo en todo el territorio tienen como origen la población presidiaria.
Además, según un estudio dado a conocer en febrero pasado por la Cámara Guatemalteca de Alimentos y Bebidas (CGAB), el 40 por ciento de los negocios de este sector en Guatemala están siendo extorsionados.
En el mismo sentido, Guatemala es uno de los países más violentos del continente con más de 70,000 personas asesinadas entre 2010 y 2022, con base en cálculos oficiales.
¿Qué otras medidas ha anunciado Arévalo?
De acuerdo a como lo han descrito actores internacionales, como el Gobierno de los Estados Unidos, el país que recibirá Arévalo de León se encuentra bajo un “deterioro democrático”, caracterizado por las capturas contra periodistas, fiscales y activistas que han denunciado la corrupción del país.
En opinión del presidente electo guatemalteco, uno de los primeros pasos de su administración será revertir decisiones “absurdas” de su antecesor, Alejandro Giammattei, por lo que aseguró que derogará algunos de sus decretos, como la aprobación de vehículos y agentes de seguridad para los exfuncionarios de su Gobierno.
Por otra parte, señaló que la fiscal general Arévalo de León, quien ganó las elecciones del 20 de agosto de 2023 de forma sorpresiva, denunció el año pasado que el Ministerio Público (Fiscalía), encabezado por Consuelo Porras Argueta, intentó orquestar un “golpe de Estado” para evitar su investidura.
En los últimos meses, miles de ciudadanos se han manifestado para exigir la renuncia de Porras Argueta y, de acuerdo con Arévalo de León, le pedirá a la fiscal que se separe de su cargo.
El Ministerio Público ha sido señalado internacionalmente de “criminalizar” a quienes han denunciado anomalías en la administración pública y truncado las investigaciones de corrupción. No obstante, minoría en el congreso Arévalo de León asumirá el poder con una bancada legislativa de apenas 23 congresistas de los 160 electos.
Los partidos tradicionales, que han gobernado Guatemala durante los últimos años, mantendrán la mayoría parlamentaria y según expertos esto será un reto que ponga a prueba al nuevo presidente si desea llevar adelante sus promesas de campaña.