El mundo ha quedado impactado con fuertes imágenes de la "transmisión de terror" que vivió un noticiero de TC Televisión durante el conflicto armado de Ecuador este 9 de enero; sin embargo, este sólo fue la culminación de una alerta que la prensa ecuatoriana venía haciendo desde 2023, cuando periodistas y medios de comunicación levantaron la voz ante presiones hostiles provenientes del llamado "correísmo".
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El recuento de esta crisis de seguridad y agitación política fue narrado en junio de 2023 por el periodista y director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Carlos Lauria, quien muestra cómo los comunicadores del país sudamericano se han mantenido intranquilos ante muchos casos en los que se ha intentado silenciar la verdad. Aquí te resumimos el informe especial "Ecuador en vilo: La parálisis política y el aumento del crimen plantean nuevas amenazas a la libertad de prensa".
La "guerra" anterior: El efecto Correa contra la prensa
El aumento de violencia en Ecuador se fue agravando con la turbulencia política que dejaba a su paso el legado del ex Presidente Rafael Correa, quien gobernó de 2007 a 2017 y a quien muchos periodistas adjudican "un daño duradero al periodismo" con la estigmatización, difamación y discursos de odio contra los medios.
Entre los riesgos que crecieron en Ecuador y que la prensa fue intimidada, Carlos Lauria destaca la historia de dos periodistas obligados a huir por amenazas de muerte; explosivos enviados a las sedes informativas; reporteros detenidos por fuerzas de seguridad y obligados a hacer coberturas a modo; y comunidades enteras violentando a los comunicólogos con "zonas de silencio" que favorecían o apoyaban ciertas filias políticas.
De acuerdo con el informe citado, del grupo ecuatoriano de libertad de prensa, Fundamedios, sólo en 2022 se suscitaron 356 ataques, la cifra más alta desde 2018, mientras que para los primeros meses del 2023, los medios ecuatorianos ya sumaban 96 ataques.
El oscuro escenario que plantea el escrito marca una nueva era de violencia para el periodismo. Y es que, a pesar de las medidas adoptadas por el ex presidente Guillermo Lasso (2021 a 2023) para proteger a los periodistas antes de que disolviera la Asamblea Nacional y fuera acusado de peculado, las acciones de Correa no dejaron de tener impacto a nivel nacional, tanto en organizaciones políticas como civiles, pues se encargó de impulsar una campaña contra los medios, incluyeron demandas por difamación, medidas restrictivas y una guerra de trolls en redes sociales.
No bastando ello, los medios privados, debilitados financieramente por la pandemia de Covid-19, sufrieron aún más con campañas difamatorias y despidos masivos. Varios periódicos cerraron, mientras que El Universo, un importante diario de Guayaquil, recortó a numerosos empleados y enfrentó dificultades para cubrir la información en medio de la transformación digital y el colapso del modelo de negocios basado en la publicidad.
La confrontación y estigmatización de la prensa persisten, generando un ambiente hostil y preocupante para la libertad de prensa en Ecuador.
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De acuerdo con el diario digital Primicias, quien también es citado en el informe, a la par de los amagos e inquietudes de la prensa, la situación criminal y de seguridad en Ecuador empeoró, con un aumento significativo de la violencia que resultó en 4,603 muertes en 2022, 82.5 por ciento más que un año previo; el país se convirtió en un foco creciente de crimen organizado, con presencia de grupos insurgentes y criminales colombianos, así como carteles mexicanos y traficantes albaneses que mueven toneladas de cocaína hacia Europa sin grandes repercusiones.
El experto en libertad de prensa, Carlos Lauria, señala a pandilla locales como Los Choneros, Chone Killers, Lobos, Tiguerones y Lagartos -declarados hoy terroristas por el actual Presidente de Ecuador, Daniel Noboa- de ser los responsables directos de expandir su control en actividades como el narcotráfico y la minería ilegal y generar la "primera flama" del caos que hoy vive el país sudamericano.
La respuesta al análisis de Carlos Lauria es reflejada en los primeros días de enero de 2024, con una crisis de ingobernabilidad y violencia en Ecuador que ha obligado al Presidente Daniel Noboa a declarar un "estado de excepción" por 60 días y firmar el Decreto 111 con el que da luz verde a las Fuerzas Armadas de neutralizar a los criminales basándose en los principios del Derecho Internacional Humanitario (DIH).
No obstante, mientras que el "calor de violencia" baja, los periodistas que cubren el crimen organizado siguen enfrentando amenazas y riesgos de seguridad, como lo evidencia el caso de Arturo Torres, fundador de Código Vidrio, quien tuvo que tomar medidas de seguridad después de exponer al presunto líder de una banda criminal. La violencia también ha alcanzado a casos como el asesinato de Gerardo Delgado Olmedo y los asesinatos y la desaparición de Mike Cabrera, César Vivanco y Fernando León.
La intimidación y las amenazas a periodistas por parte de líderes de bandas de narcotraficantes han obligado a algunos a huir del país para garantizar su seguridad, evidenciando la peligrosa situación que enfrenta la libertad de prensa en Ecuador.
Hoy no se sabe qué pasará con la nueva ley impuesta por Lasso para reemplazar la "ley mordaza" de Correa, la cual imponía restricciones a la prensa, pues, a pesar de los intentos anteriores de su predecesor Moreno por eliminar disposiciones perjudiciales, los aliados de Correa reintrodujeron cláusulas restrictivas. En el último estatuto de legislación, Lasso vetó esa versión para limitar la interferencia estatal en los medios, garantizar la libertad de expresión en las redes sociales y ofrecer protecciones a periodistas en riesgo.
Así que, con menos de dos meses en el poder, será Daniel Noboa quien demuestre cuáles son los pasos a seguir en esta administración para dar continuidad y garantizar la seguridad de la prensa, sobre todo en un contexto en el que la lucha contra el crimen organizado ha sido declarada.