El Congreso de El Salvador, respondiendo a una petición del gabinete de Seguridad del gobierno, dio luz verde en las primeras horas del miércoles a una nueva extensión del estado de emergencia, una medida que pone en pausa ciertos derechos constitucionales. Esta medida busca reforzar la estrategia de mano dura contra las maras o pandillas, organizaciones a las que se responsabiliza de la mayoría de delitos en la nación.
Este hecho marca la decimoquinta vez que se implementa tal medida, la cual se encuentra activa desde el 27 de marzo de 2022. La justificación para tal acción radica en un incidente particularmente violento: en un único día, las pandillas llevaron a cabo el asesinato de 62 personas a lo largo del país.
Por un lado, el estado de emergencia permite a las autoridades contar con mayores poderes para combatir el crimen. Por otro lado, la medida también implica la suspensión de ciertos derechos constitucionales, lo que genera preocupaciones en torno al respeto por las libertades civiles en el país.
Te podría interesar
La lucha contra las maras o pandillas en El Salvador es un reto de seguridad de gran magnitud. Estos grupos criminales ejercen un gran control en muchas comunidades del país y son responsables de un alto porcentaje de los crímenes violentos. Frente a este escenario, el gobierno salvadoreño ha optado por una estrategia de mano dura, enfocándose en medidas represivas para intentar reducir la influencia de estos grupos.
Te podría interesar
Sin embargo, la continuidad en la prórroga del estado de emergencia es un claro indicador de que la lucha contra las pandillas en El Salvador está lejos de llegar a su fin. Aunque la medida puede resultar efectiva en el corto plazo, también plantea desafíos a largo plazo, en especial en lo que respecta a la protección de los derechos humanos y las libertades civiles.
Contexto: Bukele va por "restos" de pandillas
La gestión del presidente Nayib Bukele en El Salvador se mantiene firme en su misión de erradicar las omnipresentes bandas criminales del país. Recientemente, se publicó una novedosa campaña orientada a anular toda posibilidad de resurgimiento de estas agrupaciones. Aunque la reunión estratégica con sus principales ministros fue publicitada, los pormenores del plan aún se resguardan en secreto.
El reciente asesinato atroz de un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) en Nueva Concepción, marcó un revés preocupante. Este hecho conllevó a la movilización de más de 5,000 miembros de las fuerzas del orden y militares para resguardar la localidad. Después de esto, tres presuntos integrantes de la pandilla Mara Salvatrucha, acusados del crimen, fueron aprehendidos y mostrados ante la prensa.
La Asamblea Legislativa, controlada por el partido en el poder, ha estirado por decimoquinta vez el estado de emergencia. Este movimiento ha habilitado la aprehensión de más de 69,000 individuos desde su instauración inicial en marzo de 2022, tras un incremento en los episodios violentos.
Bukele, próximo a cumplir su cuarto año como presidente, se ha distinguido por su postura inflexible frente a las pandillas, implementando medidas excepcionales que han sido cuestionadas por atentar contra los derechos humanos. Sus intenciones de continuar liderando el país han alimentado las conversaciones sobre una potencial reelección en 2024.
ONU cuestiona a Bukele
No obstante, no todos aplauden la estrategia de Bukele. Un grupo de expertos de la Organización de las Naciones Unidas ha expresado su inconformidad con la extensión del estado de excepción en El Salvador. Aseguran que ha propiciado la detención de alrededor de 67,000 personas, frecuentemente basada en sospechas en lugar de evidencias concretas.
Estos expertos de la ONU solicitaron a la administración de Bukele reconsiderar el estado de excepción y el poder ampliado que concede al Ejecutivo. Pese a admitir la responsabilidad del gobierno de salvaguardar a sus ciudadanos, subrayaron que no se debería poner en riesgo el derecho a un juicio equitativo en pro de la seguridad pública.
Dentro de las preocupaciones resaltadas por los expertos se encuentran el concepto de "delito flagrante permanente", que promueve las detenciones sin requerimiento judicial, y los juicios masivos virtuales, que suelen resultar en múltiples condenas tras defensas efímeras de menos de cinco minutos.
Además, enfatizaron que el estado de excepción ha impactado severamente a las comunidades más vulnerables de El Salvador. Los suscriptores del comunicado incluyen a especialistas en independencia de jueces y abogados, derechos humanos y libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, y ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias.
La administración del presidente Nayib Bukele, en un intento por desmantelar las persistentes bandas criminales en El Salvador, anunció recientemente un nuevo esfuerzo para neutralizar cualquier intento de regeneración por parte de estos grupos. Las imágenes del presidente Bukele y sus ministros clave en una reunión de estrategia se hicieron públicas, pero los detalles precisos del plan siguen siendo confidenciales.
Con información de EFE.
DJC