En El Salvador, cinco individuos enfrentan serios cargos penales en un caso que ha sacudido al país. La tragedia ocurrió en el Estadio Cuscatlán el 20 de mayo, cuando nueve apasionados fanáticos del futbol de aquel país perdieron la vida en una estampida humana. Aunque inicialmente se reportaron doce muertes, la Fiscalía General de la República (FGR) de El Salvador aclaró posteriormente que la cifra correcta era de nueve fallecidos.
Las indagaciones han revelado que la organización del evento deportivo fue manejada de manera negligente. Los responsables del evento no lograron proporcionar las condiciones de seguridad necesarias para un evento de semejante magnitud, según el reporte de la FGR. Como resultado de sus investigaciones, se presentaron cargos penales contra los acusados, que incluyen homicidio culposo, lesiones culposas y estragos.
El presidente del equipo de fútbol Alianza FC, Pedro Hernández, fue detenido junto con dos gerentes y dos individuos más el 25 de mayo. En el mismo proceso se arrestó a Reynaldo Avelar Contreras, gerente de Estadios Deportivos de El Salvador (EDESSA), la empresa encargada de administrar el Estadio Cuscatlán, y a Samuel García Montano, encargado de las llaves del estadio.
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Las investigaciones de la FGR han revelado varios problemas en la organización y logística del evento. Los accesos habilitados en el estadio no eran adecuados para manejar la cantidad de aficionados que asistieron. Además, estos accesos no fueron abiertos con suficiente antelación para permitir un ingreso ordenado y seguro.
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La situación se vio agravada por las acciones de los organizadores del evento, quienes, tras agotar las entradas disponibles para el partido, decidieron vender ilegalmente entradas de partidos anteriores. Esta acción, sin duda, contribuyó a la masiva asistencia y al caos que se desató.
Este incidente tuvo lugar durante el partido de vuelta de los cuartos de final del torneo Clausura entre el Alianza y Futbolistas Asociados Santanecos (FAS). Tras este trágico evento, los dirigentes de la Liga Mayor y de la Federación Salvadoreña de Fútbol (Fesfut) tomaron la difícil decisión de dar por finalizado el torneo.
La tragedia ha tenido un profundo impacto en El Salvador, especialmente en la comunidad futbolística. Los sucesos han generado un clamor público por mayor seguridad en los eventos deportivos y mejores medidas para prevenir incidentes como este en el futuro.
El juicio inicial contra los acusados se llevará a cabo el 2 de junio en el Juzgado Primero de Paz de San Salvador. Los acusados, por su parte, no estuvieron presentes en la presentación de los cargos penales. Este hecho ha generado un sinfín de interrogantes sobre las circunstancias que rodearon la tragedia y sobre el futuro de la seguridad en los estadios de fútbol en El Salvador. El caso ha dejado un sombrío recordatorio de como el deporte más famoso del mundo puede verse manchado por la sangre; la negligencia y la falta de medidas de seguridad adecuadas pueden.
Con información de EFE.
DJC