En toda América Latina, la sombra del trabajo infantil se ha expandido aún más debido al empobrecimiento y al deterioro económico y social causados por la pandemia. Según una investigación realizada por EFE con motivo del Día Internacional contra el Trabajo Infantil, esta situación se ha convertido en una de las violaciones a los derechos humanos más amenazadoras para el futuro de la región, especialmente por el impacto negativo en la educación de los menores.
El confinamiento por la pandemia de COVID-19 provocó una reducción en los ingresos de muchos hogares, lo que generó hambre y múltiples necesidades. Esto empujó a millones de familias a enviar a sus hijos a trabajar en la calle para suplir las carencias de bienes básicos.
"Nuestra investigación revela que la pandemia ha afectado gravemente a las familias. En 2021 hubo un incremento significativo de niños y niñas que se vieron obligados a trabajar", explica Nelly Claux, directora del área de calidad e impacto de programas de la ONG Save the Children en Perú.
La situación de pobreza hace que los niños y niñas participen en la búsqueda de recursos desde temprana edad. En Perú, donde se permite trabajar a partir de los 14 años en condiciones dignas, aproximadamente una cuarta parte de la población infantil y adolescente trabaja, aunque no siempre en las peores formas de explotación laboral. La mayoría de ellos estudia y trabaja al mismo tiempo, pero un 5 % se dedica exclusivamente a trabajar. Según la portavoz de Save the Children, Perú "es el reino del trabajo informal".
En este contexto, es común encontrar casos en los que terceras personas acumulan dinero empleando a menores de edad, como ocurre en la minería ilegal, una de las actividades laborales más peligrosas. También es frecuente encontrar niñas que desde temprana edad realizan labores domésticas en casas de terceros, donde a menudo son explotadas.
México ocupa el segundo lugar en América Latina y el Caribe en cuanto a la prevalencia de trabajo infantil, según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). La última Encuesta Nacional de Trabajo Infantil estima que de los 28,5 millones de niños y adolescentes de 5 a 17 años en México, 3,3 millones trabajan, de los cuales dos millones lo hacen en ocupaciones no permitidas y 1,2 millones realizan trabajos considerados peligrosos.
En México, el 31,6 % de las infancias que trabajan lo hacen en actividades agrícolas, ganaderas, forestales, de caza y pesca; el 24,5 % en minería, construcción e industria, y el 14 % en comercio y ventas.
En Centroamérica, la situación no es mucho mejor. En Guatemala, alrededor de 900.000 menores, lo que equivale al 17 % del total, trabajan a pesar de no haber alcanzado los 18 años. El 60 % de ellos se encuentra en zonas rurales, mientras que el resto trabaja en la industria manufacturera, hostelería, restaurantes y comercio.
En Nicaragua, las últimas estadísticas oficiales, que datan de 2012, indicaban que había 396.118 niños trabajadores en un país de 6,7 millones de habitantes. Aunque Nicaragua ha ratificado importantes convenciones internacionales sobre trabajo infantil, los niños nicaragüenses siguen siendo víctimas de las peores formas de explotación laboral, incluido el turismo sexual.
En El Salvador, según datos oficiales, trabajan 81.164 menores, lo que representa el 6,1 % del total. La mayoría de ellos son varones del área rural, y 58.007 realizan trabajos peligrosos. Además, el 40 % de estos niños no asiste a la escuela. En Honduras, antes de la pandemia, había 475.000 niños trabajando, un tercio de ellos en el campo. Hoy en día, esa cifra se ha duplicado debido a la necesidad de trabajar para sobrevivir, expulsándolos de la escuela.
En Brasil, en 2019, había dos millones de niños y adolescentes de entre 5 y 16 años que trabajaban, según cifras oficiales. Dennis Larsen, coordinador de Unicef en el nordeste del país, una de las regiones más pobres, denuncia que es lamentable que el trabajo infantil en Brasil comience a veces a los 5 años y que cada vez haya más niños en esa situación, la mayoría de ellos negros e indígenas.
En Paraguay, según una encuesta oficial realizada en 2011, el 22,4 % de los niños y adolescentes de 5 a 17 años trabajaban. En Bolivia, según una encuesta oficial de 2019, aproximadamente 724.000 menores de entre 5 y 17 años realizaban algún tipo de trabajo. Un 41 % de ellos lo hacía en condiciones peligrosas, prohibidas e insalubres.
En muchos países de América Latina, el agravamiento de la pobreza después de la pandemia por COVID-19 ha supuesto un retroceso en la lucha contra el trabajo infantil. Esta situación representa una grave amenaza para los derechos humanos y la educación de los menores en la región. Es necesario redoblar los esfuerzos y adoptar medidas efectivas para erradicar esta problemática y garantizar un futuro digno para todos los niños, niñas y adolescentes de América Latina.
SC