Las cárceles de El Salvador se han convertido en escenarios de terror, caracterizadas por el abuso sistemático y brutal a los reclusos, como lo informa "El País". Una reciente investigación liderada por Cristosal, una destacada organización que defiende los derechos humanos en el país centroamericano, revela alarmantes hallazgos. La pesquisa señala torturas, golpizas, asfixia mecánica por estrangulación, y negligencia médica que ha causado la muerte de decenas de reclusos en los últimos meses.
Cristosal ha jugado un papel vital durante más de dos décadas en la denuncia de violaciones de derechos humanos en El Salvador, explica Noah Bullock, director de la organización. En diálogo con "El País", Bullock subraya la importancia de esta última investigación, resaltando cómo los abusos sistemáticos se han convertido en una política estatal en el país, con una suspensión de derechos y militarización de las cárceles que impacta la vida de todos los salvadoreños.
En su informe, Cristosal documenta 153 muertes de reclusos en custodia estatal entre marzo de 2022 y marzo de 2023. Cabe destacar que todos los reclusos fallecidos fueron arrestados durante este mismo período. De estos, 29 murieron violentamente y otros 46 por "probable muerte violenta" o por sospecha de criminalidad. Lamentablemente, la cifra podría ser mayor, ya que algunos de los casos se informaron después del 23 de marzo de este año y no se incluyeron en este conteo.
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Los resultados de la investigación son estremecedores. En el 49% de los casos, se encontró un patrón común de tortura, evidenciado por laceraciones, hematomas, heridas con objetos punzantes o contundentes, y señales de estrangulación o ahorcamiento en los cadáveres. Este nivel de brutalidad no se veía en El Salvador desde la guerra civil entre 1970 y 1992, período durante el cual las fuerzas de seguridad también utilizaron la asfixia mecánica como método de tortura.
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"Da mucha tristeza ver que el Estado ha recurrido nuevamente a las detenciones arbitrarias y torturas en nombre de la seguridad nacional", lamenta Bullock en su conversación con "El País". Y no son solo los golpes y la asfixia, algunos reclusos han fallecido por desatención médica de enfermedades mortales o por falta de acceso a medicamentos esenciales.
Pero lo peor es que estos datos pueden estar subestimados. El informe de Cristosal sugiere que en al menos 39 de los 153 casos documentados, los médicos forenses no establecieron claramente la causa de la muerte. También hubo discrepancias entre las causas de muerte registradas y las condiciones de salud previas de los fallecidos, lo que indica un posible encubrimiento de la realidad en las prisiones.
Otro aspecto aterrador de la situación es el trato a los familiares de los reclusos. Muchos no son informados sobre el paradero de sus seres queridos y se les impide contactar con ellos o visitarlos, aumentando su sufrimiento y ansiedad.
El Gobierno salvadoreño ha respondido a las denuncias de Cristosal negando cualquier irregularidad en las prisiones. En una declaración, el Ministro de Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, citado por "El País", sostuvo que las afirmaciones de la organización de derechos humanos eran "infundadas y malintencionadas".
Pese a las negativas del gobierno, las evidencias presentadas por Cristosal son inquietantes y desafían la narrativa oficial. Las conclusiones del informe no solo revelan graves violaciones de derechos humanos, sino también una posible cultura de impunidad y negligencia en la gestión del sistema penitenciario.
La historia no puede ni debe ser ignorada. La gravedad de las violaciones descritas por Cristosal en su informe requiere una respuesta internacional urgente. Como declaró Bullock a "El País", "La comunidad internacional tiene la responsabilidad de investigar estos hallazgos. Estamos hablando de vidas humanas aquí".
La esperanza es que la atención mediática y la presión internacional puedan ayudar a poner fin a estas violaciones y permitir que los reclusos en El Salvador vivan en condiciones dignas, acordes con los derechos humanos universales. A pesar del camino difícil que tenemos por delante, es imperativo buscar justicia y reparación para las víctimas de estos abusos horrendos.
En palabras de Bullock en su entrevista con "El País", "Este informe es solo el comienzo. Necesitamos continuar investigando y denunciando estas violaciones, y trabajar juntos para poner fin a esta situación inaceptable". Así, la lucha por los derechos humanos en El Salvador sigue en pie, esperando que la luz de la justicia finalmente ilumine las oscuras celdas de sus prisiones.
Según "El País", Cristosal ha instado a las Organización de las Naciones Unidas (ONU) y a otras organizaciones internacionales a tomar medidas e investigar las graves violaciones de derechos humanos descritas en su informe. Es fundamental que estos organismos internacionales actúen de manera decisiva para obligar al gobierno salvadoreño a rendir cuentas y garantizar que estos abusos no queden impunes.
Bukele y El Salvador van por "restos" de pandillas
La administración del presidente Nayib Bukele, en un intento por desmantelar las persistentes bandas criminales en El Salvador, anunció recientemente un nuevo esfuerzo para neutralizar cualquier intento de regeneración por parte de estos grupos. Las imágenes del presidente Bukele y sus ministros clave en una reunión de estrategia se hicieron públicas, pero los detalles precisos del plan siguen siendo confidenciales.
En un giro inquietante, un oficial de la Policía Nacional Civil (PNC) fue brutalmente asesinado en Nueva Concepción, lo que provocó la movilización de más de 5.000 miembros del ejército y la policía para patrullar la zona. Posteriormente, tres supuestos miembros de la pandilla Mara Salvatrucha, sospechosos del horrendo acto, fueron detenidos y presentados ante los medios.
La Asamblea Legislativa, dominada por el partido en el poder, extendió por decimocuarta vez el estado de emergencia, un paso que ha permitido la detención de más de 69,000 individuos desde que se implementó por primera vez en marzo de 2022, después de un pico en la violencia.
Mientras Bukele se acerca a su cuarto año en el poder, su administración se ha caracterizado por la intransigencia hacia las pandillas, con medidas excepcionales que han sido criticadas por violaciones de los derechos humanos. Su deseo de continuar al frente del país ha avivado el debate sobre una posible reelección en 2024.
Pero no todo son aplausos para la iniciativa de Bukele. Un grupo de expertos de la Organización de las Naciones Unidas ha mostrado su descontento con la prolongación del estado de excepción en El Salvador, argumentando que ha llevado a la detención de unas 67.000 personas, a menudo bajo sospecha en lugar de pruebas concretas.
ONU muestra preocupación por extensión del Estado de excepción en El Salvador
Los expertos de la ONU exhortaron a la administración de Bukele a reevaluar el estado de excepción y los poderes expansivos que otorga al Ejecutivo. Aunque reconocieron el deber del gobierno de proteger a sus ciudadanos, destacaron la necesidad de no comprometer el derecho a un juicio justo en nombre de la seguridad pública.
Entre las preocupaciones destacadas por los expertos se encontraban la figura legal de "delito flagrante permanente", que favorece las detenciones sin orden judicial, y los juicios masivos virtuales, a menudo resultando en cientos de sentencias tras breves defensas de menos de cinco minutos.
Además, subrayaron que el estado de excepción ha tenido un impacto severo en las comunidades más pobres de El Salvador. Los firmantes del comunicado incluyen a especialistas en la independencia de los jueces y abogados, los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, y las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias.
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La administración del presidente Nayib Bukele, en un intento por desmantelar las persistentes bandas criminales en El Salvador, anunció recientemente un nuevo esfuerzo para neutralizar cualquier intento de regeneración por parte de estos grupos. Las imágenes del presidente Bukele y sus ministros clave en una reunión de estrategia se hicieron públicas, pero los detalles precisos del plan siguen siendo confidenciales.
Con información de EFE y El País
DJC