El presidente de Colombia, Gustavo Petro, asegura que el Poder Judicial de aquel país ha emprendido "un golpe blando" contra su gobierno, luego de que el Consejo de Estado decidiera anular la elección de uno de los hombres claves para sacar adelante sus reformas, Roy Barreras, así como por la posible suspensión de varios congresistas más que debilita su posición en la Cámara.
“¿Se han dado cuenta de que le están quitando los votos de los congresistas del Pacto Histórico suspendiéndolos con órdenes administrativas? Es decir, están cambiando de facto la representación política en el Congreso que el pueblo eligió. Le quitaron al Pacto la presidencia del Congreso y ahora sus votos. Es el golpe blando”, escribió Petro a través de su cuenta de Twitter.
Entre los nombramientos que fueron declinados está el del contralor Carlos Hernández Rodríguez, bajo el argumento de que por vicios de trámite del Congreso, decisión que no puede ser revocada. Otros funcionarios que están en mira de la justicia son David Racero, María José Pizarro y Wilson Arias por la misma razón de Barreras, la doble militancia.
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Pizarro tiene un papel relevante en el Gobierno de Petro, es una de las negociadoras principales en la mesa con el Ejército de Liberación Nacional, y Racero es presidente de la Cámara. En su lugar entran los siguientes en las listas, pero estos tienen mucho menos peso político.
La oposición, por su parte, reaccionó de inmediato. Acusó de nuevo a Petro de no respetar la separación de poderes.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro ha tenido una severa confrontación con el Poder Judicial luego de que el mandatario argumentó que, al ser jefe de Estado, era el superior jerárquico del fiscal general, Francisco Barbosa, con quien mantiene un largo enfrentamiento.
Ante ello, el alto tribunal colombiano enfatizó su inquietud ante la interpretación que hizo el presidente del artículo 115 de la Constitución, que lo denomina como jefe de Estado, por ello, en un comunicado señala que las declaraciones del presidente desconocen la autonomía e independencia judicial.
Ante esta tensión entre el Ejecutivo y la Fiscalía, la Corte tuvo esté miércoles una reunión con el mandatario Petro, con los presidentes de la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, del Consejo de Estado y del Consejo Superior de la Judicatura.
Contexto
El presidente de México Andrés Manuel López Obrador, por su parte, enfatizó sus ataques contra el poder Judicial, al grado de adelantar una reforma en la que propone que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación echara para atrás la primera parte del Plan B de la reforma electoral, así como un decreto para declarar tema de Seguridad Nacional la construcción de las obras emblemáticas de su gobierno.
Este lunes 29 de mayo López Obrador acusó que el Poder Judicial mexicano intentar dar un “golpe de Estado técnico” contra su Gobierno, luego de que se ordenara suspender de forma definitiva la tala o desmonte en terrenos asignados a la construcción del Tren Maya.
“No se van a poder cancelar las obras, no se puede. Una cosa es que violen la Constitución —a ver, que me digan los ministros si no la están violando, cobrando más de lo que cobra el presidente—, y otra es ya querer dar un golpe de Estado, neutralizando al Poder Ejecutivo, o sea, que ya no ejecutemos nada. Es cancelar un Poder, sería un golpe de Estado técnico”, dijo el presidente desde Palacio Nacional.
Al estilo del presidente Andrés Manuel López Obrador, algunos mandatarios en América Latina en los últimos días han arremetido contra el Poder Judicial por diversos fallos que contradicen a su política, uno de ellos, la reciente polémica entre la Corte Suprema de Justicia de Argentina que suspende las elecciones en dos provincias gobernadas por el peronismo recalentó el enfrentamiento entre el presidente Alberto Fernández y la Corte.
El mandatario argentino se lanzó contra los ministros de su país por presuntamente “manipular” los tiempos electorales para frenar un “inminente” triunfo del partido oficialista.
Tras varios fraudes electorales, el enero de 2022, el polémico Daniel Ortega asumió su cuarto mandato al frente de Nicaragua junto a lado de su esposa Rosario Murillo como vicepresidenta, apoyados en estrategias políticas, militares y económicas, consolidando así el poder de Ortega derribando todo el marco institucional e independencia de poderes que se empezó a construir con la llegada al poder de Violeta Barrios de Chamorro en 1990.
Para algunos analistas uno de los fuertes pilares del régimen de Ortega se centra en el control que ejerce en las fuerzas de seguridad y defensa nacional, como son la Policía Nacional y el Ejército de Nicaragua.
La embestida autoritaria de Ortega incluye tener a su servicio a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el Consejo Supremo Electoral (CSE), desde donde garantiza los fraudes electorales, se despoja de su personería jurídica a los partidos políticos y se condena penalmente a los opositores y ciudadanos que difieren de su discurso.