Es un hecho que la mayoría de los ciudadanos coincidimos en que la constitución, es la máxima ley que rige un país democrático y soberano, y que, nada, ni nadie, puede ni debe estar por encima de la carta magna.
El asunto es que hoy vemos como la constitución y las leyes que de ella emanan, están a disposición y criterio de quienes se encargan de hacer valer las leyes constitucionales de un país y que, estos criterios, pueden estar incluso por encima de la voluntad de las mayorías y en detrimento de éstas.
Cierto, la división de poderes es un mecanismo democrático que busca el equilibro político y social de los países en donde el poder legislativo, tiene en su papel de ser el representante de las mayorías como resultado de los ejercicios electorales y con ello, evitar “las consultas” directas también conocidas como democracia participativa.
Hasta aquí, parece que la mayoría de los ciudadanos de convicción democrática podríamos estar más o menos de acuerdo, sin embargo, el asunto se complica cuando observamos que la interpretación de la constitución y la aplicación de sus leyes, es utilizada como ariete contra el trabajo del poder ejecutivo y legislativo.
El fenómeno que vemos ahora en distintos países en los que el poder judicial parece tomar partido ideológico para contrarrestar las decisiones del ejecutivo o del poder legislativo que contravienen los principios e intereses de la ultraderecha, está sucediendo en toda América Latina.
De México a Argentina, los titulares del ejecutivo se han enfrentado a la “interpretación constitucional” del poder judicial que, en algunos casos como Perú, el presidente sucumbió ante el embate judicial-constitucional que, al parecer, actuó bajo fundamentos “legales” pero que, si revisamos las acciones del poder judicial, tiene tintes que se asemejan más a golpes de Estado impulsados por la ultraderecha que, ha actos de legalidad constitucional.
Es posible que el término “totalitarismo judicial” sea nuevo, pero en breve, veremos que cobrará fuerza para tipificar las argucias de la ultraderecha que le urge volver a tomar los hilos del poder en América Latina acosta de lo que sea y para ello, ha sacado la lucha política de las cámaras legislativas para llevarlas a los tribunales judiciales en donde ya no importará lo que suceda en las urnas o en las manifestaciones democráticas que tomen las calles, pues su objetivo será que la toma de decisiones de un país, ocurran en los juzgados al amparo de “ley”.
Muchas de las leyes que dicen defender, fueron redactadas para y con fines de la ultraderecha latinoamericana para hacer parecer a sus adversarios políticos como infractores de la ley, precursores del desorden y la inseguridad, enemigos de la propiedad privada y de la democracia, dictadores totalitarios en perjuicio de la libertad, de las “leyes y del estado de derecho”.
El pasado primero de marzo, el presidente de Argentina Alberto Fernández declaro: "Lamentablemente, el Poder Judicial hace tiempo que no cuenta con la confianza pública. No funciona eficazmente y no se muestra con la independencia requerida frente a los poderes fácticos y políticos”.
En Brasil el pasado 12 de mayo en un acto por demás desproporcionado, el ex presidente Jair Bolsonaro, declaro: “La próxima semana interpondré dos acciones contra Luiz Inácio Lula da Silva, una por la vía penal y otra por la civil”, el líder ultraderechista arguyó daño “moral” por las investigaciones en su contra por casos de corrupción durante su mandato.
En diciembre pasado, Pedro Castillo presidente constitucional de Perú, fue arrestado y encarcelado por lo grupos de ultraderecha que controlan el poder legislativo, acusándolo de “violar” la constitución al intentar disolver el congreso que lo quería enjuiciar “por actos de corrupción”, hechos que no han sido comprobado y que, ante la crisis social generada por los poderes legislativo y judicial, se ha permitido la entrada del ejército estadounidense como parte de un programa de “entrenamiento de campo”.
Apenas la semana pasada, el aún presidente en funciones de Ecuador Guillermo Lasso, disolvió el congreso de su país en pleno juicio político en su contra por actos de corrupción. El gobierno de Lasso es uno de los pocos reductos de la ultraderecha latinoamericana. A diferencia de Castillo, Lasso tuvo la aprobación y salutación de propios y extraños por dicho acto y ha sido reconocido como el presidente constitucional de su país.
México no es la excepción y en las últimas semanas, hemos sido testigos de la confrontación abierta de la Suprema Corte de Justicia contra el poder ejecutivo y legislativo que falla una vez sí y otra también en contra de cualquier propuesta que realice el presidente como una manera de frenar lo que López Obrador remarca como el proceso de cambio.
Por supuesto que lo juristas y puristas de la “legalidad” argumentarán que si las propuestas son inconstitucionales habrá que frenarlas, pero como decíamos al inicio, el asunto no es ese, si no la argucía de echar mano de uno de los últimos recursos de la oposición derechista para vituperar a los gobiernos con los que no comulga.
Utilizar y manipular de esta manera la constitución y sus leyes, marcan un precedente que lejos de permitir el desarrollo democrático de las sociedades latinoamericanas, aumenta el riesgo de radicalizar los movimientos y pensamiento político, la ultraderecha está jugando con fuego, pero es su naturaleza, así lo hizo el utraderechista partido Nazi cuando elevó a rango de Ley la segregación y exterminio racial en 1935.
No debemos perder de vista que, el que sea “Ley”, no significa que esté bien o que defienda los derechos humanos y de la ciudadanía. La esclavitud fue una ley que laceró por siglos el desarrollo de las sociedades y las democracias. Evitemos llegar al escenario de ser gobernados por una oligarquía o autoritarismo judicial.