La situación en el país hermano de El Salvador parece tener un final feliz. Pese a que se solicitó un estado de excepción para controlar a los delincuentes y pandillas del país, muchas personas dentro y fuera preferirían que esto siguiera de esta manera pues de acuerdo con cifras oficiales, no se han experimentado homicidios en aquel país. Algunos acusan que este tipo de medidas se deberían de aplicar en otros países de América Latina.
El Gabinete de Seguridad de El Salvador ha decidido pedir a la Asamblea Legislativa una prórroga de 30 días para el régimen de excepción en el país. La medida fue implementada para combatir a las pandillas, pero ha implicado la suspensión de algunos derechos constitucionales.
El titular del Ministerio de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, confirmó en una entrevista en el canal estatal que el Gabinete de Seguridad y el Consejo de Ministros se reunirán esta semana para tomar la decisión de solicitar una nueva prórroga del régimen de excepción ante la Asamblea Legislativa. Esta sería la decimotercera ampliación avalada por el Congreso salvadoreño, que está dominado por el oficialismo. Villatoro aseguró que con la medida se lidera "una guerra frontal contra las pandillas" y se están sentando las bases de un Estado fuerte, sólido y que no tolera la impunidad a la que se sometió al país en el pasado.
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La medida de régimen de excepción, que ya cumplió un año, suspende varios derechos constitucionales y está acompañada de reformas penales que elevan las penas de cárcel para los pandilleros. La pertenencia a una pandilla conlleva una pena de 20 a 30 años de cárcel, y se habilitaron procesos para que menores de edad puedan procesarse como adultos. Además se autorizó la figura de jueces sin rostro.
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El país centroamericano registró en 2015 el año más violento de su historia reciente, y en 2016 comenzó a disminuir la cifra de asesinatos, tendencia que se acentuó en el Gobierno del presidente Nayib Bukele. Según datos oficiales, El Salvador registró 496 homicidios en 2022, aproximadamente un 57% menos que los contabilizados en 2021.
A pesar de la disminución en la tasa de homicidios, el Gobierno de Bukele ha sido criticado por organismos internacionales por la implementación del régimen de excepción y por la violación de derechos humanos. El régimen ha sido criticado por la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que han pedido su derogación.
Sin maras pero ¿Y la democracia? Y los Derechos Humanos?
La situación en El Salvador sigue siendo preocupante para la comunidad internacional. La presidencia de Nayib Bukele, que comenzó con la promesa de ser un gobierno que escucharía al pueblo, ha dado un giro de 180 grados en lo que se refiere a la lucha contra las pandillas y la seguridad ciudadana en el país.
Antes, el gobierno de Bukele buscó hacer pactos con las estructuras criminales, pero ahora la política del gobierno es de represión brutal. El ejército y la policía están allanando barrios bajo un estado de emergencia que les permite actuar como fiscales y jueces, y arrestar a cualquier ciudadano que consideren sospechoso sin orden judicial.
Los abusos contra los derechos humanos están muy extendidos en El Salvador, y decenas de miles de personas inocentes siguen encarceladas injustamente en prisiones superpobladas. Muchas han muerto bajo custodia, y el presidente Bukele parece estar más preocupado por las empresas constructoras que por la situación de las personas en prisión.
De hecho, el medio de comunicación El Faro ha denunciado que la población de El Salvador ha renunciado a la presunción de inocencia, a la justa defensa y a un juicio justo por un ejemplo de control y sanción de los abusos gubernamentales. Esto significa que el pueblo salvadoreño ha renunciado a la libertad de pensamiento, la libertad de disidencia, la separación de poderes, la transparencia de las finanzas públicas y los mecanismos destinados a combatir la corrupción.
Es importante que el gobierno salvadoreño entienda que la lucha contra las pandillas y la seguridad ciudadana no se pueden llevar a cabo a expensas de los derechos humanos de la población. Es necesario buscar soluciones integrales y justas que involucren a toda la sociedad, incluyendo a las comunidades más afectadas por la violencia.
Es necesario que se restablezca el Estado de Derecho en El Salvador, y se respeten las leyes y la Constitución del país. La transparencia en el uso de los recursos públicos y la lucha contra la corrupción son fundamentales para el bienestar de la sociedad salvadoreña. La comunidad internacional está observando de cerca la situación en El Salvador, y está dispuesta a apoyar a la sociedad salvadoreña en su búsqueda de un futuro más justo y próspero.
Opiniones divididas
En redes sociales, así como dentro del país, las opiniones no llegan a un punto en común. Por una parte, están los comentarios que menciona que ni siquiera se les da de comer de buena manera, que está encarcelando inocentes y que tarde que temprano se puede arrepentir de la decisión pues sembró un nuevo "odio".
Otras, por ejemplo, mencionan que no hay mejor forma de combatir el crimen que cómo él lo hizo, que todo eso vale la pena cuando se puede caminar con seguridad por las calles así sean altas horas de la noche y que otros países, como México, deberían instaurar este tipo de medidas para que el país por fin sea libre de todo crimen que lo atrasa en muchos sentidos sociales.
AJ/DJC