El canciller iraní, Hossein Amir Abdollahian, visitó Nicaragua a principios de febrero para firmar acuerdos de colaboración con el gobierno de Daniel Ortega. Esta visita fue monitoreada de cerca por Estados Unidos, que sigue de cerca las relaciones de Irán con los países del hemisferio occidental, incluyendo Nicaragua. Durante la reunión entre Amir Abdollahian y Ortega, se discutió un tema controvertido: las armas nucleares. Todo apunta que, además de las recomendaciones de la OEA y la ONU por crímenes conrra ciudadanos, el mundo se tendrá que preocupar por una bomba atómica.
Ortega expresó su deseo de tener armas nucleares para que su país fuera respetado en el mundo. El canciller iraní también fue cuestionado por Ortega sobre el derecho de Irán a desarrollar armas nucleares, a lo que respondió que no son amantes de las bombas nucleares pero que tienen derecho a desarrollarlas. Esta no es la primera vez que Ortega habla sobre el derecho de Nicaragua a tener armas nucleares.
El hijo de la pareja presidencial, Laureano Ortega Murillo, ofreció a Nicaragua como plataforma para los productos iraníes en la región centroamericana, destacando el gran desarrollo tecnológico, industrial y comercial de Irán. También promovió el papel fundamental de Nicaragua en la región como plataforma de exportación de productos y en la diplomacia y geopolítica.
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El régimen de Ortega creó la Comisión Nicaragüense de Energía Atómica con Fines Pacíficos en agosto de 2022, y firmó un acuerdo con Rusia para el uso de energía atómica con fines pacíficos en octubre del año pasado. El objetivo esta comisión es promover el desarrollo y uso de la energía atómica, según ellos, para fines pacíficos en materia de agricultura, medicina, industria, ciencia y tecnología, vigilancia ambiental y otros aspectos relacionados; en otras palabras, para fines de desarrollo.
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EL hecho de que exista cooperación entre los países como Irán y Rusia con Nicaragua por este tipo de material, no siginifica, de ningun modo, que la realización de una bomba atómica este cerca pero es cierto que contar con los materiales necesarios es una tentaicón mayor para este tipo de gobernantes.
Pese a las alianzas que ha hecho contrarrestar el aislamiento internacional que sufre, estas no han tenido el efecto político y económico que esperaba la dictadura. Las alianzas con Rusia y su apoyo a la invasión contra Ucrania resulta preocupante en temas de seguridad para los Estados Unidos y podría involucrar nuevamente a Nicaragua en un conflicto entre potencias.
La preocupación del mundo y la OEA
Once organizaciones opositoras nicaragüenses han solicitado a la Organización de Estados Americanos (OEA) que convoque a una sesión extraordinaria de la Asamblea General para abordar la situación actual de Nicaragua. En su declaración, estas organizaciones exigen que se persiga la ilegitimidad del gobierno Ortega-Murillo y se invoque el principio de Proteger (R2P) por parte de los estados miembros de la OEA, debido a los crímenes de lesa humanidad que se están cometiendo en el país. Además, han pedido que el Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU lleve a cabo una investigación para determinar el nivel de participación del Ejército de Nicaragua en la represión a las protestas de 2018.
Las organizaciones opositoras han condenado la disolución y el decomiso de bienes del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), la principal cúpula patronal de Nicaragua, y de 18 de las cámaras empresariales que la integran por parte del Gobierno sandinista. En su declaración, han manifestado su rechazo a la cancelación arbitraria y confiscación de bienes del Cosep, así como a la Asociación Cámara Minera de Nicaragua, y han advertido que estas cancelaciones demuestran que en Nicaragua los derechos políticos, civiles y económicos no tienen valor y que cualquier ciudadano, opositor o no, puede ser víctima de las decisiones arbitrarias del gobierno.
La situación en Nicaragua ha empeorado en los últimos meses, y la represión del gobierno de Ortega-Murillo contra la oposición y la sociedad civil se ha intensificado. El gobierno ha encarcelado a políticos opositores, periodistas y defensores de los derechos humanos, y ha reprimido las manifestaciones pacíficas. Además, ha disuelto organizaciones de la sociedad civil y ha confiscado sus bienes. Los informes indican que el gobierno está violando los derechos humanos y cometiendo crímenes de lesa humanidad.
La OEA debe actuar con urgencia para abordar la situación en Nicaragua y proteger a los ciudadanos nicaragüenses de la violencia y la represión del gobierno. La comunidad internacional debe apoyar a la oposición y la sociedad civil en Nicaragua y trabajar para restaurar la democracia y el estado de derecho en el país. Es importante que se haga justicia para las víctimas de la violencia y que se garantice que los responsables de los crímenes sean llevados ante la justicia.
La ONU habla por los crímenes de lesa humanidad
El Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU para Nicaragua presentó recientemente su primer informe sobre la situación en el país centroamericano. Según el informe, el gobierno de Nicaragua está cometiendo crímenes de lesa humanidad contra parte de la población del país por motivos políticos como parte de una línea de conducta generalizada y sistemática. El informe documenta violaciones de derechos humanos como ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas que incluyen violencia sexual y privación arbitraria de la nacionalidad, entre otros abusos.
El grupo de expertos urgió al régimen de Ortega a poner fin de inmediato a los abusos y asegurar la rendición de cuentas de los responsables, garantizando la justicia para las víctimas. También piden la liberación inmediata de todas las personas privadas arbitrariamente de su libertad e implementar las medidas necesarias para garantizar la separación de poderes en Nicaragua.
La procuradora general de Nicaragua, Wendy Morales, rechazó las conclusiones de los expertos y afirmó que la información fue elaborada por sectores de la oposición que difunden situaciones y hechos subjetivos, desvirtuados y falsos. Morales también acusó a estos opositores de actuar bajo las directrices de potencias imperiales cuya única finalidad es lesionar la independencia y soberanía de Nicaragua.
El informe concluye que tanto el presidente Ortega como su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, y altos mandos de la Policía Nacional y otras entidades estatales son responsables de los crímenes de lesa humanidad cometidos contra la población del país. Cabe destacar que el grupo de expertos no pudo realizar investigaciones dentro de Nicaragua ya que no recibió permiso por parte de las autoridades, aunque sí llevaron a cabo cinco misiones a zonas cercanas a ese territorio.
DJC