Alberto Sorkin Rodríguez lleva más de una década intentando recuperar la casa que heredó de su madre ubicada en la colonia San Ángel, en la alcaldía Álvaro Obregón. La propiedad actualmente permanece invadida y se ofrece en venta en portales inmobiliarios por 60 millones de pesos, luego de que en 2015 la familia fuera desalojada con lujo de violencia.
El desalojo ocurrió después de que Carlos Eugenio Cuenca Aznar reclamara judicialmente la propiedad ubicada en la Segunda Cerrada de Frontera número 6, en San Ángel. De acuerdo con el juicio, el inmueble quedó como garantía de un préstamo por cuatro millones de pesos que, según la documentación del caso, Carlos Eugenio otorgó a Grupo Constructor Celio Salvador, en el que María Rodríguez Guerra, madre de Alberto, aparecía como aval.
Sin embargo, Alberto sostiene que su madre nunca firmó ese contrato, nunca conoció al presunto acreedor ni a la empresa beneficiaria del préstamo y que su identidad fue suplantada para utilizar la vivienda como garantía. A partir de ese procedimiento, afirma, comenzó el litigio que años después derivó en el desalojo de su familia.
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El caso de la familia Sorkin Rodríguez se suma a las denuncias de propietarios que en las últimas semanas han denunciado presuntos despojos en la Ciudad de México, luego del intento de invasión registrado el pasado 21 de julio en un inmueble de la Cerrada de Matías Romero 18, en la colonia Del Valle, hecho que derivó en órdenes de aprehensión y en la movilización vecinal para visibilizar la operación de redes dedicadas a apropiarse ilegalmente de viviendas de alta plusvalía.
Suplantaron su identidad mientras ella estaba en el hospital
En entrevista con La Silla Rota, Alberto Sorkin Rodríguez relató que el origen del caso se remonta a 2008, cuando su madre, María Rodríguez Guerra, tenía 81 años y enfrentaba diversos problemas de salud que le impedían trasladarse por sí sola.
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Explicó que durante ese periodo él la acompañaba constantemente a consultas médicas y tratamientos, hasta que años después descubrió que, mientras la familia atendía su estado de salud, en la Notaría Pública 91 del Estado de México se elaboró un contrato en el que su madre aparecía como aval de un préstamo por cuatro millones de pesos otorgado por Carlos Eugenio Cuenca Aznar a Grupo Constructor Celio Salvador.
Alberto sostiene que su madre nunca conoció a Carlos Eugenio Cuenca Aznar ni tuvo relación con la empresa beneficiaria del préstamo. También afirma que jamás autorizó poner su vivienda como garantía y que la firma plasmada en el contrato no corresponde a la de ella.
"¿Cómo una señora de 81 años, enferma y que apenas podía salir de su casa iba a convertirse en aval de una empresa que nunca conoció?", cuestionó.
María Rodríguez Guerra, madre de Alberto, falleció tres meses después, en febrero de 2009.
Tras la muerte de doña María, Carlos Eugenio Cuenca Aznar acudió al domicilio de San Ángel acompañado de una actuaria judicial y de su hermano, el abogado Ernesto Eduardo Cuenca Aznar, para notificar que la vivienda sería reclamada como garantía del supuesto préstamo.
Alberto recordó que en ese momento les mostró el acta de defunción de su madre y les informó que había fallecido meses antes. "Pensé que ahí terminaba todo. Les enseñé el acta de defunción y se fueron", recordó. No obstante, sostiene que el procedimiento judicial continuó sin que la sucesión testamentaria fuera incorporada al juicio, situación que, afirma, permitió que años después se dictara una resolución que terminó en el desalojo de su familia.
"Llegaron 40 granaderos y hasta un helicóptero"
En 2015, recuerda Alberto, actuarios judiciales y elementos de la fuerza pública llegaron hasta la vivienda para ejecutar el desalojo.
Según su testimonio, el operativo estuvo integrado por alrededor de 40 granaderos, elementos armados y un helicóptero que sobrevoló la zona mientras se ejecutaba la diligencia.
"Nos sacaron con lujo de violencia. Perdimos nuestra casa de un día para otro", afirmó.
Tras el desalojo, explicó, su familia tuvo que refugiarse en la casa de su suegra mientras iniciaban una batalla legal para intentar recuperar el inmueble.
La batalla por recuperar la casa continúa once años después
Durante los años siguientes, Alberto promovió diversos recursos legales con el propósito de demostrar que el contrato que dio origen al juicio fue elaborado con documentos falsificados.
Sin embargo, sostiene que el litigio se ha prolongado por más de una década entre juzgados de la Ciudad de México y del Estado de México, sin que hasta ahora haya logrado recuperar la posesión del inmueble.
Por lo que su defensa decidió impulsar un juicio de nulidad absoluta del supuesto contrato que firmó su madre, al sostener que la firma atribuida a la señora María fue falsificada y que ella nunca manifestó su consentimiento para hipotecar la vivienda.
"Lo único que hemos pedido es que revisen cómo nació todo este juicio. Si el contrato fue elaborado con documentos falsos, todo lo demás también debería revisarse", sostuvo.
Acusa irregularidades durante el juicio y mantiene un amparo
Actualmente el caso deriva del expediente 2055/2024 y del expediente 1565/2025/01, radicado en la Tercera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, donde, afirma, las resoluciones siguen favorecido a Carlos Eugenio Cuenca Aznar pese a los documentos y peritajes que acreditan la falsificación de la firma de su madre.
Ante ello, promovió un juicio de amparo con el que busca evitar que el litigio quede firme mientras continúa reclamando la nulidad del contrato que dio origen al desalojo.
Asimismo, aseguró que dentro de la investigación localizaron documentación que, según su versión, vincula al presunto acreedor con antecedentes penales por fraude patrimonial y que también detectaron irregularidades relacionadas con la Notaría Pública 91 del Estado de México, donde fue elaborado el contrato que dio origen al juicio. Todas esas circunstancias, afirmó, forman parte de los argumentos que actualmente hacen valer ante las autoridades judiciales.
Mientras continúa el juicio, la casa ya se ofrece en venta
A pesar de que el litigio continúa y el juicio de amparo sigue en trámite, Alberto asegura que la vivienda ya se encuentra anunciada en portales inmobiliarios con un precio cercano a los 60 millones de pesos.
Durante un recorrido realizado por La Silla Rota fue posible corroborar que el inmueble ubicado en la Segunda Cerrada de Frontera permanece ocupado y vigilado por personal que intimida a todo aquel que se acerque a la propiedad.
"Lo único que quiero es recuperar la casa que mi mamá me dejó. Llevamos más de diez años peleando por algo que nunca debimos perder", remató.
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VGB