La casa de Martha Patricia Sánchez Rodríguez, maestra de primaria de 62 años, permanece invadida por personas que, según su testimonio, ingresaron al inmueble ubicado en Sur 8-A número 22, en la colonia Agrícola Oriental, alcaldía Iztacalco, rompiendo las cámaras de seguridad, cambiando las chapas y realizando modificaciones dentro del predio, pese a que existe una carpeta de investigación abierta por el presunto delito de despojo.
Ocho meses después, la carpeta de investigación CI-FIIZC/UAT-IZC-3/UI-1 S/D/00592/12-2025, iniciada ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), no registra avances, afirma la denunciante, quien señala que durante ese tiempo ha presentado escrituras, comprobantes de pago de predial, agua, luz, testigos y otros documentos para acreditar la propiedad del inmueble, sin que hasta ahora haya logrado recuperarlo.
Incluso, aseguró que durante las diligencias las propias autoridades le informaron que parte de su carpeta de investigación se había extraviado.
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Durante un recorrido realizado por La Silla Rota en el inmueble ocupado, fue posible observar a dos personas realizando modificaciones dentro del predio. Al percatarse de la presencia de este medio, realizaron señas obscenas y comenzaron a hacer llamadas telefónicas.
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El caso se suma a las decenas de denuncias por presuntos despojos que comenzaron a hacerse públicas tras el intento de invasión registrado el pasado 21 de julio en un inmueble ubicado en la Cerrada de Matías Romero 18, en la colonia Del Valle, caso por el que esta semana, un juez libró órdenes de aprehensión contra dos mujeres señaladas como las presuntas invasoras.
Aprovecharon que Patricia se encontraba fuera de la ciudad
En entrevista con La Silla Rota, Martha Patricia explicó que la vivienda fue adquirida por ella y su esposo en 2002. Durante varios años la utilizaron como oficina y posteriormente rentaron un departamento que se encontraba dentro del inmueble, hasta que la última inquilina lo desocupó a principios de noviembre de 2025.
Días después, mientras ella se encontraba en el estado de Puebla, un familiar observó que un camión descargaba muebles y diversas pertenencias en el inmueble, por lo que de inmediato avisó a la familia.
Su hijo y un cuñado acudieron primero al domicilio y solicitaron el apoyo de la policía. Sin embargo, cuando llegaron las personas ya se encontraban dentro de la vivienda.
“Les dijeron que tenían un contrato y que la casa estaba rentada, pero cuando mi hijo les pidió que lo mostraran se negaron y contestaron con groserías”, recordó.
Cuando Martha Patricia llegó al inmueble encontró la chapa cambiada y recibió la misma respuesta. Los policías le indicaron que, al encontrarse las personas dentro de la vivienda, debía presentar una denuncia ante el Ministerio Público.
Ocho meses de ser ignorada
Después de presentar la denuncia comenzó un proceso que, asegura, ha sido un infierno, tras acudir constantemente a la Fiscalía para entregar documentación y solicitar avances.
La profesora afirmó que presentó las escrituras de la propiedad, comprobantes de predial, agua, luz, declaraciones de testigos y diversos documentos con los que acredita la posesión del inmueble. Sin embargo, sostiene que durante meses únicamente ha recibido como respuesta que debe esperar mientras continuaban las investigaciones.
No obstante, en junio se percató de que las personas que ocupaban la vivienda comenzaron a realizar modificaciones dentro del inmueble, por lo que volvió a acudir con su abogado. Tocaron la puerta sin obtener respuesta y regresaron a la Fiscalía para informar que los trabajos continuaban.
Fue entonces cuando, asegura, funcionarios le pidieron entregar nuevamente documentación que ya había presentado. Al día siguiente, cuando regresó para continuar con el trámite, le informaron que parte de la carpeta de investigación se había extraviado.
“Yo tengo los acuses”, relató. Aun así, dijo que le solicitaron volver a presentar declaraciones de testigos para reconstruir el expediente.
Llevaron a los invasores ante las autoridades y los dejaron en libertad
Semanas después, Martha Patricia recibió un aviso de que varias personas trabajaban nuevamente dentro de la vivienda. Acudió al lugar y pidió apoyo a policías que vigilaban un inmueble cercano.
Durante la diligencia, relató, llegó un hombre en motocicleta que afirmó haber rentado la propiedad. Al preguntarle quién se la había arrendado y solicitarle el contrato, respondió que ese documento lo tenía su abogado y se negó a mostrarlo.
Los policías trasladaron a las personas involucradas al Ministerio Público. Sin embargo, después de revisar el caso, les informaron que no podían detenerlas porque ya existía una carpeta de investigación abierta.
“Ya levantamos la denuncia, les trajimos nosotros a las personas. ¿Ustedes qué están haciendo?”, cuestionó.
“Yo lo único que pido es la recuperación de mi inmueble”
El caso de Martha Patricia se suma a las denuncias que comenzaron a hacerse públicas tras el intento de invasión ocurrido en la Cerrada de Matías Romero 18, en la colonia Del Valle, caso por el que esta semana fueron libradas órdenes de aprehensión contra dos mujeres señaladas por su presunta participación.
Sin embargo, la maestra afirmó que en su caso la investigación permanece estancada y que, pese al tiempo transcurrido, ni policías ni agentes del Ministerio Público han logrado devolverle la vivienda ni esclarecer quiénes son las personas que actualmente la habitan.
La maestra sostuvo que incluso presentó una queja ante Asuntos Internos de la Fiscalía por la actuación de los servidores públicos que conocieron de su caso. No obstante, aseguró que la respuesta fue que los elementos actuaron conforme al procedimiento.
“Yo lo único que pido es la recuperación de mi inmueble”, afirmó.
djh