El Gobierno de la Ciudad de México enviará al Congreso local una iniciativa de reforma constitucional para limitar el aumento de las rentas de vivienda a la inflación y establecer una política integral contra la gentrificación.
La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, informó que la propuesta forma parte de una estrategia que se plantea en dos etapas, primero elevar a rango constitucional los principios de vivienda en renta y, posteriormente, presentar una ley secundaria de rentas justas. “Cuando un principio se incorpora a la Constitución, deja de depender de la voluntad en turno y se convierte en una responsabilidad de Estado”, señaló.
El diagnóstico oficial apunta a una crisis creciente en la capital. De acuerdo con datos del propio gobierno cerca de 2 millones de personas viven en vivienda rentada, es decir, uno de cada cuatro habitantes. Entre 2019 y 2023, el costo de las rentas en algunas zonas aumentó más de 30%, mientras que, según la Sociedad Hipotecaria Federal, el precio de la vivienda se duplicó entre 2015 y 2025. El impacto es desigual: casi el 40% de los hogares más pobres rentan vivienda y, en muchos casos, destinan hasta la mitad de su ingreso al pago de renta.
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La iniciativa establece que los contratos de arrendamiento no podrán registrar incrementos por encima de la inflación anual reportada por el INEGI, además de obligar al gobierno capitalino a incrementar la oferta de vivienda social mediante la adquisición de suelo. También plantea la creación de una institución pública encargada de mediar y garantizar derechos en las relaciones entre arrendadores e inquilinos, así como el reconocimiento del derecho al arraigo vecinal para evitar el desplazamiento de personas de sus comunidades.
El secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton Falcón, detalló que la reforma incluye la implementación de una política pública específica contra la gentrificación y orientada a reducir desigualdades territoriales.
Brugada Molina enmarcó la propuesta en una crisis global de vivienda que afecta a más de 3 mil millones de personas y advirtió que en la Ciudad de México el encarecimiento ya ha tenido efectos visibles: en 2020, alrededor de medio millón de personas fueron desplazadas fuera de la capital. La iniciativa será enviada al Congreso local y podría discutirse a partir de septiembre, como base para la posterior Ley de Rentas Justas.
Contexto: La propuesta de regular las rentas en la Ciudad de México forma parte de una agenda que el gobierno de Clara Brugada Molina ha construido desde 2025, cuando lanzó el Bando 1 por una ciudad habitable, asequible y con arraigo comunitario. Desde entonces, la administración capitalina colocó en el centro del debate el impacto del mercado inmobiliario en el encarecimiento de la vivienda y el desplazamiento de habitantes.
Durante meses, la mandataria anunció el envío de una Ley de Rentas Justas, pero la iniciativa no se concretó en el Congreso local. Ahora, en lugar de iniciar con una ley secundaria, el gobierno busca primero modificar la Constitución local para establecer principios obligatorios —como el tope a las rentas— y después desarrollar la legislación específica.
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Una crisis local con dimensión global
El endurecimiento de la política pública responde a un fenómeno más amplio. La Ciudad de México enfrenta un incremento sostenido en el costo de la vivienda, tanto en compra como en renta, en línea con tendencias observadas en otras grandes ciudades del mundo.
En zonas centrales y de alta demanda, como Roma, Condesa o Juárez, el aumento de rentas ha sido impulsado por varios factores: la llegada de población con mayor poder adquisitivo, el crecimiento de plataformas de alojamiento temporal y la concentración de servicios, empleo y oferta cultural.
Este proceso según han señalado especialistas ha derivado en dinámicas de gentrificación, donde habitantes originales son desplazados hacia periferias más baratas, modificando la composición social de barrios completos.