Tras pasar 76 días en prisión preventiva, Bryan Alexis Olivares y Eduardo Josafat, los últimos dos manifestantes detenidos durante la movilización del 15 de noviembre en el Zócalo, fueron puestos en libertad este 30 de enero.
En entrevista con La Silla Rota, el abogado Ricardo Colorado, representante legal de varios de los detenidos, denunció que la Fiscalía de Cuauhtémoc obstaculizó sistemáticamente el proceso y buscó por todos los medios mantenerlos en prisión, pese a la falta de sustento jurídico.
Asimismo, informó que siete de las 18 personas detenidas ese día mantienen denuncias por tortura, abuso de autoridad y otros delitos ante la Fiscalía capitalina.
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Brayan Alexis y Eduardo Josafat obtienen su libertad
De acuerdo con la defensa, a más de 10 semanas de la movilización, Brayan Alexis, de 28 años, y Eduardo Josafat, de 27, quienes permanecían en prisión preventiva en el Reclusorio Norte desde noviembre, fueron liberados este 30 de enero de 2026.
Ambos habían sido señalados por la Fiscalía capitalina como presuntos responsables de diversos delitos derivados de los disturbios ocurridos durante la manifestación. La medida cautelar de prisión preventiva se sostuvo inicialmente bajo el argumento de una supuesta falta de acreditación de domicilio, condición que posteriormente fue subsanada.
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Pese a ello, la defensa señaló que la Fiscalía mantuvo la postura de un posible riesgo de fuga, argumento que fue controvertido durante las audiencias subsecuentes.
Reyes Colorado indicó que, si bien los dos jóvenes recuperaron su libertad, los procesos penales continúan en curso y las causas no han sido concluidas de manera definitiva.
De acuerdo con el abogado, durante el tiempo que permanecieron privados de la libertad, ambos estuvieron sujetos a un régimen de reclusión restrictivo, que incluía limitaciones en el acceso a áreas comunes y retrasos en las visitas.
Siete detenidos presentan denuncia por tortura ante la Fiscalía
El lunes 26 de enero, siete de los 18 detenidos presentaron una denuncia penal por tortura física y psicológica, robo, abuso de autoridad, declaración de falsedad y lo que resulte en contra de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
La denuncia fue ingresada ante la Fiscalía de Servidores Públicos.
Entre quienes presentaron la querella se encuentran Gabriel Pérez y Sergio David, ambos representados por Colorado, así como otras personas que no fueron detenidas, pero participaron en la manifestación.
El abogado explicó que también se solicitó la aplicación del Protocolo de Estambul para documentar posibles actos de tortura, un procedimiento que, dijo, ha enfrentado obstáculos administrativos.
Colorado detalló que Sergio David presenta una afectación en la movilidad de la cadera derecha y requiere terapias, mientras que Gabriel Pérez Rábago enfrenta problemas de vista, dolores persistentes y se encuentra en rehabilitación. Señaló que, hasta ahora, no se les ha otorgado formalmente la calidad de víctimas.
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Contexto. ¿Qué pasó el 15 de noviembre?
La marcha del 15 de noviembre fue convocada por colectivos juveniles que se identifican como parte de la Generación Z y congregó a miles de personas en el Zócalo capitalino. La movilización tenía como principal demanda justicia por el asesinato de Carlos Manzo y un alto a la violencia política.
Durante las primeras horas, la protesta se desarrolló de manera pacífica.
No obstante, la situación cambió cuando un grupo de manifestantes derribó las vallas metálicas instaladas para resguardar Palacio Nacional, lo que derivó en enfrentamientos con elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).
Ese día, la SSC detuvo a 29 personas y se abrieron 17 carpetas de investigación sin detenido. Según cifras oficiales, 84 policías resultaron lesionados y cuatro civiles presentaron heridas de diversa consideración.
Tras las audiencias iniciales, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que 18 adultos fueron imputados por los delitos de tentativa de homicidio, resistencia de particulares, lesiones dolosas y robo.
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VGB