La disputa por el predio de 16 hectáreas en que se operaba el Refugio Franciscano en la alcaldía Cuajimalpa regresó al punto en que inició a mediados de diciembre, dado que la juez 60 en materia civil de la Ciudad de México ordenó que la propiedad sea devuelta al albergue.
La jueza Ana Miriam Yépez, quien en diciembre autorizó a la Fundación Hagenbeck que desalojara el albergue, lo que se llevó a cabo con intervención de la policía de la Ciudad de México, dio reversa a su decisión porque un juez federal había concedido una suspensión definitiva que impedía la evacuación del sitio y el 15 de enero pidió a Yepez que le informara cómo había cumplido con el fallo.
El juez federal segundo en materia civil con sede en la CDMX había advertido a autoridades locales y a la jueza que les impondría multas si no demostraban que se cumplió con su orden de no desalojar el sitio.
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El 22 de enero, la jueza notificó a las partes que a las 12 del día del 30 de enero deberán dar posesión del predio a Refugio Franciscano AC y la Asociación Franciscana Institución de Asistencia Privada.
Cruce de acusaciones
La historia del conflicto está marcada por denuncias cruzadas, resoluciones judiciales, presunto desacato, peritajes oficiales, señalamientos de intereses inmobiliarios y versiones encontradas sobre lo que realmente ocurría dentro del albergue. La Fundación, que buscaba quedarse con el predio, denunció que en el Refugio se cometía maltrato animal.
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El Refugio Franciscano está ligado a la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama, I.A.P., una institución de asistencia privada creada a partir del legado de Antonio Haghenbeck, un empresario y filántropo que, en su testamento, destinó parte de su fortuna a obras sociales, entre ellas el cuidado de animales.
Esta fundación quedó como administradora del patrimonio, incluido el predio donde operó el Refugio Franciscano. Sin embargo, La Silla Rota ha documentado que la fundación no administraba directamente el refugio en su operación cotidiana, sino que el espacio fue ocupado y operado por asociaciones y responsables que se hicieron cargo del cuidado diario de los animales.
Los recursos destinados a los animales se fueron diluyendo, obligando al refugio a sobrevivir con donativos.
Un litigio largo por el control del predio
Con los años, la Fundación Haghenbeck inició procesos para recuperar el control del predio, argumentando que existían irregularidades en el uso del inmueble y que el refugio no cumplía con las condiciones necesarias.
En paralelo, los responsables del Refugio Franciscano sostienen que el proyecto sí respondía al espíritu del testamento del benefactor.
Este choque derivó en juicios civiles y mercantiles, y eventualmente en la venta del predio a un fideicomiso bancario, hecho que La Silla Rota confirmó. Esta operación alimentó la sospecha de que el conflicto ya no era solo por el bienestar animal, sino por el control de un terreno de alto valor en Cuajimalpa.
La intervención oficial y las acusaciones de maltrato
Luego de recibir denuncias de maltrato de los animales, el Gobierno de la Ciudad de México y la Fiscalía capitalina realizaron un operativo para trasladarlos a otro lugar.
Tras este operativo difundieron imágenes y peritajes en los que se describían condiciones de hacinamiento, insalubridad, presencia de heces, orina, roedores, animales enfermos y muertos, así como la supuesta existencia de un crematorio clandestino dentro del refugio.
Estos elementos fueron utilizados para sostener públicamente que el retiro de los animales era una acción de rescate y no un despojo, y que respondía a denuncias ciudadanas y a dictámenes veterinarios oficiales.
La Silla Rota documentó que, de acuerdo con los peritajes oficiales, se detectaron muertes de animales, jaulas saturadas y condiciones incompatibles con el bienestar animal, lo que derivó en la reubicación de los perros y gatos en instalaciones bajo resguardo del gobierno.
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La respuesta del Refugio Franciscano
La versión del refugio contradice de manera frontal el discurso oficial. La médica veterinaria Laura Díaz, responsable del albergue desde 2019, negó categóricamente la existencia de un crematorio clandestino, el uso de un molino para huesos y la práctica sistemática de maltrato animal. Afirmó que la estructura señalada por las autoridades era una parrilla o asador, y que el equipo presentado como molino era en realidad un molino de granos.
Sobre los animales fallecidos, sostuvo que el refugio llevaba registros de defunciones y que las muertes se debían principalmente a procesos naturales, edad avanzada o padecimientos previos, además de que la cremación se realizaba mediante un servicio externo certificado, con el que existía un contrato formal.
Uno de los puntos más controvertidos es el del hacinamiento. El refugio aseguró que, antes de la intervención, los animales no vivían confinados de manera generalizada, sino que el espacio estaba dividido por secciones y muchos perros permanecían libres en pasillos, corredores y áreas abiertas.
Según esta versión, el hacinamiento visible en imágenes oficiales ocurrió después del desalojo, cuando la administración del predio cambió y se comenzó a encerrar a perros que estaban acostumbrados a permanecer sueltos, sin evaluar compatibilidad. Jaulas diseñadas para tres o cinco animales, aseguraron, llegaron a concentrar hasta veinte.
Respecto a las imágenes de heces y suciedad difundidas por el gobierno, el refugio afirmó que corresponden a días posteriores al desalojo, cuando los animales permanecieron sin limpieza durante al menos 48 horas.
En un espacio que albergaba a más de mil perros, señalaron, la acumulación de desechos en ese periodo ofreció una imagen que no reflejaba la operación cotidiana del albergue.
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Roedores, alimentación y precariedad
El Refugio Franciscano reconoció la presencia de ratas, pero la atribuyó a la ubicación boscosa y de barranca del predio, y sostuvo que el control de plagas estaba limitado por la prohibición del uso de venenos que pudieran poner en riesgo a los animales.
También admitió que, en momentos de escasez, los perros fueron alimentados con pan remojado mezclado con croquetas y agua, como una medida para aprovechar donativos y evitar asfixia, subrayando que alimentar a más de mil animales requería cerca de una tonelada diaria de alimento.
Marchas, presión social y sospechas de intereses inmobiliarios
El conflicto escaló al terreno social. Activistas y simpatizantes del refugio realizaron marchas y protestas, incluida una movilización hacia el Zócalo capitalino, para exigir la devolución de los animales y denunciar que detrás del operativo existían intereses inmobiliarios vinculados al valor del predio.
Aunque autoridades y legisladores negaron oficialmente esos intereses, el señalamiento permanece como parte central de la narrativa del caso, en un contexto donde el litigio por la propiedad del terreno sigue sin resolverse.
El caso sigue abierto
Hoy, el caso del Refugio Franciscano permanece abierto en los tribunales. Por un lado, el gobierno sostiene que actuó para proteger a los animales ante un escenario de maltrato documentado por peritajes oficiales.
Por el otro, el refugio acusa desacato judicial, manipulación de imágenes y una intervención que agravó las condiciones que luego fueron exhibidas.
De acuerdo con lo informado por las autoridades una parte de los animales fue enviada al Centro de Transferencia Canina de Xochimilco, mientras que otro grupo fue llevado al Deportivo Galeana, habilitado como albergue temporal y un tercero en el Ajusco
Este último punto se convirtió en un foco de tensión luego de que activistas y simpatizantes del refugio realizaron protestas para exigir información sobre el estado y el manejo de los animales. El resto de los perros y gatos fue distribuido en un tercer centro de resguardo administrado por las autoridades capitalinas, cuya ubicación y condiciones no fueron detalladas públicamente, lo que alimentó los señalamientos de opacidad en el traslado y custodia de los animales.
VGB