El Refugio Franciscano, en donde se han albergado a cientos de animales, y que es administrado por la Fundación Haghenbeck y de la Lama, sí fue vendido al fideicomiso 303 de Banco Ve por Más Sociedad Anónima. Así consta en el documento de compraventa con folio 944 2596 y que fue emitido por la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México.
El documento, del cual una copia fue compartida a La Silla Rota, se detalla que la finca de 163, 266 metros cuadrados, está destinada al uso habitacional.
Simulación
Alejandro Envila Fisher, abogado especialista de la Universidad Nacional Autónoma de México y quien ha seguido el caso, afirmó que la Fundación Antonio Haghenbeck vendió el terreno, de aproximadamente 165 mil metros cuadrados, por 650 mil pesos, a través de una operación que calificó como una compraventa simulada.
Te podría interesar
“Legalmente, esto es una simulación de acto jurídico”, sostuvo en entrevista con La Silla Rota.
De acuerdo con su versión, el precio reportado no corresponde al valor real del inmueble, que se estima en al menos mil millones de pesos y tendría como efecto el pago de menos impuestos. Envila Fisher señaló que en la operación participó un notario y que correspondería a las autoridades investigar posibles irregularidades fiscales.
En tanto, Fernando Pérez Correa, abogado del Refugio Franciscano, afirmó que el terreno fue vendido al fideicomiso 303 de Banco Ve por Más por un monto que no refleja su valor real.
Asimismo, aseguró que, tras la venta, existe un proyecto de desarrollo inmobiliario para construir viviendas y oficinas en la zona y que el Refugio fue presionado para desalojar el predio.
El desalojo de 936 perros y gatos del Refugio Franciscano, en la alcaldía Cuajimalpa, ocurrió, de acuerdo con abogados y especialistas, en un contexto marcado por intereses comerciales e inmobiliarios sobre el predio, suspensiones de amparo vigentes y presunto desacato por parte de autoridades capitalinas.
Mientras el Gobierno de la Ciudad de México sostiene que actuó para proteger a los animales ante condiciones de maltrato, los abogados del refugio afirman que el operativo violó resoluciones judiciales vigentes y respondió a intereses económicos vinculados al terreno donde operó el albergue durante décadas.
De acuerdo con la suspensión de plano -medida urgente- otorgada el 7 de enero pasado dentro del juicio de amparo 27/2026, a la que La Silla Rota tuvo acceso, el juez federal ordenó a las autoridades responsables garantizar la vida, integridad, salud y bienestar de los animales albergados en el predio, independientemente de la disputa por la posesión del inmueble.
La resolución establece que los animales no debían desaparecer, debían permanecer plenamente identificados y localizables, y que las autoridades estaban obligadas a informar en un plazo de 24 horas el lugar donde quedaran bajo resguardo, así como su estado médico. Lo que según activistas y abogados, no ha sucedido.
“Legalmente, esto es una simulación de acto jurídico”, sostuvo en entrevista con La Silla Rota.
De acuerdo con su versión, el precio reportado no corresponde al valor real del inmueble, que se estima en al menos mil millones de pesos y tendría como efecto el pago de menos impuestos. Envila Fisher señaló que en la operación participó un notario y que correspondería a las autoridades investigar posibles irregularidades fiscales.
En tanto, Fernando Pérez Correa, abogado del Refugio Franciscano, afirmó que el terreno fue vendido al fideicomiso 303 de Banco Ve por Más por un monto que no refleja su valor real.
Asimismo, aseguró que, tras la venta, existe un proyecto de desarrollo inmobiliario para construir viviendas y oficinas en la zona y que el Refugio fue presionado para desalojar el predio.
“Brugada está mal asesorada”
De acuerdo con Envila la actuación de las autoridades locales en este caso ha favorecido a la fundación, pues se han desacatado a menos tres resoluciones de amparo.
Destacó que el desalojo se ejecutó cuando la sentencia no estaba firme y sin que hubiera vencido el plazo para impugnarla.
Pérez Correa, por su parte, señaló que el desacato a una suspensión definitiva puede derivar en responsabilidades administrativas y penales, lo que deberá resolver el juzgado federal correspondiente.
“Creo que Clara Brugada está mal asesorada y sus asesores no le han hecho consciente del riesgo legal enorme en el que está incurriendo”, afirmó.
En tanto, el Gobierno de la Ciudad de México ha sostenido públicamente que su intervención se limitó a garantizar el bienestar de los animales como seres sintientes y que no tomará parte en la disputa legal por el terreno. La jefa de Gobierno afirmó que la decisión se basó en dictámenes periciales y en la obligación constitucional de proteger a los animales.
Actualmente, los animales permanecen bajo resguardo de distintas instancias y refugios, algunos de los cuales han señalado que el traslado se realizó sin aviso previo ni planeación suficiente. El predio quedó bajo control de las autoridades y de la Fundación, mientras continúan los procedimientos judiciales.
“Creo que las autoridades se están dando cuenta que Carmela Rivera (presidenta de la Fundación) los engañó, los manipuló y mintió, no era cierto que ella podía hacerse cargo de los animalitos, por eso le pasó la papa caliente al gobierno y ahora el gobierno ya no sabe qué hacer y ya le estalló esta bomba”, sentenció el abogado del Refugio.
TE PUEDE INTERESAR: Desalojan refugio de animales en Cuajimalpa; abogado denuncia desacato a suspensión otorgada juez
Un predio condicionado por un testamento
El origen del conflicto se remonta al testamento de don Antonio Haghenbeck y de la Lama, fallecido el 4 de septiembre de 1991. En ese documento, el empresario estableció que el predio ubicado en Santa Fe debía destinarse exclusivamente a la protección, asilo y cuidado de animales. El testamento prohibía expresamente la venta del inmueble y preveía su recuperación en caso de incumplimiento de ese fin.
Durante años, el Refugio Franciscano A.C. operó en el lugar bajo esa finalidad. Sin embargo, en 2021 la Fundación Antonio Haghenbeck, heredera legal del patrimonio, inició el juicio ordinario civil 362/2021 para recuperar la posesión del terreno, al argumentar que el contrato de comodato estaba vencido o había sido incumplido.
El conflicto escaló el 8 de diciembre de 2025, cuando un juez local ordenó el desalojo del refugio. El 11 de diciembre se intentó ejecutar la diligencia, lo que llevó al refugio a promover el juicio de amparo 1544/2025.
De acuerdo con los abogados del refugio, una jueza federal concedió una suspensión con efectos limitados, ordenando proteger la vida y el bienestar de los animales.
Sin embargo, la Fundación Antonio Haghenbeck tomó posesión del predio.
Entre el 12 y el 18 de diciembre, dicha Fundación presentó denuncias por presunto maltrato animal y hacinamiento. Autoridades sanitarias y ambientales iniciaron inspecciones en el inmueble.
Ante ello, el 19 de diciembre, el Refugio Franciscano promovió una queja al considerar que la ejecución del desalojo había sido ilegal.
El 23 de diciembre, según consta en el expediente, se notificó una suspensión que, de acuerdo con la defensa del refugio, ordenaba no realizar actos de despojo ni traslado de los animales. Las autoridades, por su parte, sostienen que actuaron conforme a dictámenes periciales y órdenes judiciales.
El Gobierno de la Ciudad de México informó en una tarjeta informativa que 304 perros trasladados al albergue ambiental del Ajusco en Tlalpan, presentan una evolución favorable y se han adaptado al nuevo espacio; los animales fueron valorados por especialistas y reciben atención médica permanente por problemas dermatológicos y diversas lesiones, con un equipo de 15 médicos veterinarios que brinda atención las 24 horas, mientras que la Sedema señaló que se realizan adecuaciones en otros espacios de resguardo para garantizar condiciones adecuadas para el resto de los perros trasladados.
Contexto: el 7 y 8 de enero de 2026, el Gobierno de la Ciudad de México y la Fiscalía capitalina realizaron un operativo masivo en el predio. Las autoridades aseguraron preliminarmente a 936 animales (759 perros y 39 gatos) bajo el argumento de que existían condiciones de maltrato, hacinamiento severo y falta de atención médica.
La Fiscalía informó que al menos 798 presentaban afectaciones compatibles con maltrato o negligencia, de acuerdo con dictámenes de medicina veterinaria forense.
djh