El gobierno de la Ciudad de México se comprometió a respetar la orden de no desalojar el Refugio Franciscano emitida por un juez federal y permitir la visita a los perros y gatos que sacaron de las instalaciones el 7 de enero, de acuerdo con representantes del albergue.
A 12 días del operativo con el que el gobierno de la Ciudad de México retiró a más de 900 perros y gatos del Refugio Franciscano, en la alcaldía Cuajimalpa, autoridades capitalinas sostuvieron una segunda reunión con representantes de la asociación civil, en la que se comprometieron a respetar las resoluciones judiciales obtenidas por el refugio y a calendarizar nuevas visitas a los centros donde permanecen los animales.
En entrevista con La Silla Rota, León Téllez Berlanga, integrante del Patronato del Refugio Franciscano, señaló que la exigencia sigue siendo la misma desde el retiro ocurrido el 7 de enero: conocer con certeza dónde están los animales, en qué condiciones se encuentran y verificar que estén todos.
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“Lo que nos apremia es el estado en el que se encuentran, tanto de salud como el saber que están todos los que dicen que están”, afirmó.
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Una reunión a puerta cerrada
La segunda mesa de trabajo entre ambas partes se llevó a cabo este lunes 19 de enero al mediodía en las oficinas del Gobierno de la Ciudad de México.
En el encuentro participaron el secretario de Gobierno, César Cravioto Romero; la secretaria del Medio Ambiente, Julia Álvarez Icaza; y la titular de la Procuraduría de Ordenamiento Territorial y Ambiental, Mónica Viétnica Alegre González, junto con representantes legales y directivos del Refugio Franciscano, según informó la propia asociación civil en un comunicado posterior.
De acuerdo con el documento, la reunión tuvo como objetivo continuar el diálogo sobre los siguientes pasos relacionados con los animales retirados, así como definir visitas a los lugares donde se encuentran bajo resguardo institucional.
Sin embargo, tras la reunión, tanto el gobierno capitalino como el Refugio Franciscano mantuvieron un hermetismo total. No hubo conferencias, entrevistas ni posicionamientos públicos a lo largo de la tarde.
Ese silencio se rompió cerca de la medianoche horas del lunes, cuando el Refugio Franciscano difundió un comunicado en el que informó que, durante la mesa de trabajo, expusieron la necesidad de que los animales regresen “a su hogar lo más pronto posible”.
En el mismo texto, la asociación señaló que el gobierno capitalino manifestó que será respetuoso de cualquier mandamiento judicial derivado de los amparos que ellos han promovido.
Gobierno acepta más visitas y respetar resoluciones judiciales
En entrevista, Téllez Berlanga explicó que uno de los acuerdos centrales fue definir, a partir de esta semana, una agenda de visitas a los distintos centros de resguardo temporales que el gobierno ha habilitado.
Hasta ahora, el refugio sólo ha podido ingresar a uno de ellos, ubicado en el Ajusco, donde permanecen, según cifras oficiales, 304 animales.
El integrante del patronato subrayó que esta exigencia no es únicamente una petición del refugio, sino una obligación derivada de una suspensión de plano concedida dentro del juicio de amparo 27/2026.
Dicha resolución ordena a las autoridades informar cómo están garantizando la vida, integridad, salud y bienestar de los animales, así como detallar los lugares de resguardo y las acciones adoptadas para evitar su desaparición.
“Si ellos dicen que tienen 304 perros, tienen que aparecer los 304”, sostuvo. En caso de muertes, agregó, deben existir informes veterinarios y necropsias que expliquen las causas, como lo establece el mandato judicial.
Finalmente, a pesar de que no existen acuerdos firmados, Téllez Berlanga también indicó que el Gobierno expresó su disposición para acatar las resoluciones judiciales.
Esto, después de que durante la reunión, los representantes del Refugio recordaron a las autoridades la suspensión ordenada en el amparo 1544/2025.
Dicha resolución, emitida el 23 de diciembre por la Juez 60 Civil, Ana Myriam Yepez Arriola, ordenó la restitución del albergue y de los animales a la asociación civil antes de que se ejecutara el desalojo de enero.
Téllez Berlanga afirmó que, si se acata la ley, el Gobierno de la Ciudad de México debe devolver la posesión del lugar y la custodia de los perros y gatos.
djh