En apenas tres semanas, el gobierno de la Ciudad de México ha recibido reportes de al menos 150 casos de despojo inmobiliario.
Ante ello, la administración capitalina presentó una serie de reformas legales para endurecer las penas contra quienes ocupen ilegalmente viviendas o inmuebles; el gobierno de la CDMX también anunció la creación Unidad Especializada en esa materia que dependerá de la Secretaría de Gobierno.
“El despojo es un fenómeno multifactorial y estructural, que combina vacíos legales, corrupción, debilidad institucional y muchas veces, redes criminales que operan con total impunidad. Por lo tanto, se necesita una respuesta también estructural, coordinada”, dijo la jefa de Gobierno, Clara Brugada.
Te podría interesar
Contexto: En la Ciudad de México se han iniciado mil 941 carpetas de investigación entre enero y junio, de acuerdo con datos del secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En enero se presentaron 279 casos y cada mes aumentó la cantidad de casos: en febrero se registraron 287, por 321 en marzo, 329 en abril y 344 en mayo.
Información de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México indica que las carpetas de abiertas aumentaron 217% entre 2018 y 2023. En 2028 se iniciaron 298 carpetas mientras cinco años después fueron 947.
Penas más grandes y nuevas agravantes
Actualmente, el artículo 237 del Código Penal de la CDMX establece penas de 5 a 10 años de prisión y multas de 100 a 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalentes a unos 56 mil pesos.
La propuesta de reforma, sin embargo, eleva la pena base a 6 a 11 años de prisión y un aumento en las multas, que irían de 2 mil a 5 mil UMAs (de 226 mil a 556 mil pesos, con un valor de la UMA de 113 pesos), detalló la fiscal Bertha Alcalde.
También se propone ampliar la definición del delito de despojo para incluir conductas como la ocupación de un inmueble mediante daños materiales (forzar cerraduras, romper ventanas), la simulación de actos jurídicos, o la acción de impedir materialmente el disfrute o uso de una propiedad ajena.
Las penas se incrementarán sustancialmente mediante nuevas agravantes (Artículo 238), que podrían sumar de seis a once años de prisión adicionales a la pena base, llegando a un máximo de 22 años de prisión sin derecho a fianza. Entre las principales agravantes se encuentran:
Cuando la víctima sea una persona en situación de vulnerabilidad (mayor de 60 años, con discapacidad, menor de edad, mujer embarazada o perteneciente a un pueblo o comunidad indígena).
Si el delito se comete contra un familiar directo (ascendiente o descendiente).
- La participación de un servidor público o de personas que simulen tener un cargo público
- La suplantación de identidad del propietario o su representante legal
- La participación de titulares de notarias públicas o su personal
- Cuando el despojo sea ejecutado por grupo o grupos de tres o más personas
- Si se utiliza documentación falsa o se simulan actos de autoridad
- Cuando el predio afectado sea un área natural protegida o un bien inmueble propiedad de cualquier ente público de la Ciudad de México
- Si el agresor busca obtener lucro mediante la ejecución de actos de dominio sobre el inmueble o los bienes muebles en él.
Asimismo, se propone un delito equiparado (artículo 238 Bis) para castigar situaciones que antes quedaban en un limbo legal. Este incluye la posesión ilegítima de un inmueble si el ocupante no lo restituye a pesar de ser requerido por la autoridad y la acción de quien, valiéndose de un cargo público, su calidad de notario o de cualquier agrupación sindical o social, participe en el despojo u obtenga un beneficio derivado de este delito.
Unidad especializada
También se anunció la creación de una Unidad Especializada Contra el Despojo que dependerá de la Secretaría de Gobierno y trabajará de forma coordinada con la Fiscalía capitalina.
Esta Unidad estará enfocada en clasificar los distintos tipos de despojo, realizar un tamizaje de riesgo para priorizar casos urgentes y atender casos donde estén involucrados funcionarios públicos o redes criminales.
La iniciativa será presentada al Congreso de la Ciudad de México en los próximos días, con la expectativa de que sean aprobadas en septiembre.