El gobierno de la Ciudad de México anunció este miércoles una medida clave para facilitar la construcción de vivienda social en zonas céntricas de la capital, mediante la publicación de un nuevo acuerdo en la Gaceta Oficial que elimina muros burocráticos y agiliza la expedición de trámites ante diversas dependencias para la construcción de este tipo de inmuebles.
Desde la colonia Buenos Aires, una de las zonas incluidas en el primer polígono de "tensión inmobiliaria" debido a la gentrificación, Clara Brugada Molina presentó el "Acuerdo de Facilidades Administrativas para la Producción de Vivienda Social Pública y/o Asequible".
Se trata de un instrumento que permitirá reducir de más de cuatro años a un promedio de cuatro meses para realizar los trámites más importantes en materia de vivienda, beneficiando principalmente a sectores vulnerables y a quienes más lo necesitan.
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Brugada explicó que gracias a este acuerdo la mayoría de los trámites para vivienda social se podrían resolver en un promedio de 15 días.
"Empezamos con la vivienda social, y vamos a continuar con otro tipo de vivienda, que también es necesaria la reducción de trámites; pero este acuerdo de facilidades, justamente, es un paso gigante para la construcción de una ciudad justa, democrática, sustentable", señaló la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada.
Se busca construir vivienda asequible en zonas tensionadas
El proyecto anunciado consiste en un acuerdo sobre facilidades administrativas para vivienda pública y social asequible, con el objetivo de acortar los plazos y eliminar las barreras burocráticas que históricamente han retrasado los procesos.
Esto busca acelerar los diversos tipos de proyectos de vivienda planificados para la ciudad, como son:
- Rehabilitación de viviendas deterioradas
- Mejora progresiva
- Construcción colectiva
- Viviendas para jóvenes, mujeres, madres solteras y adultos mayores
La jefa de gobierno capitalina destacó que el presupuesto de vivienda asciende a 9 mil millones de pesos, una cifra sin precedentes. Asimismo, añadió que este esfuerzo forma parte de una visión de ciudad justa, democrática y sustentable, sin invadir áreas de conservación ni afectar a las comunidades indígenas.
"Son muros burocráticos, que hay que romper. Muros burocráticos que, con este acuerdo de facilidades y de disminuir los trámites, estamos garantizando entonces que tengamos las condiciones para lograrlo en poco tiempo".
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Contexto: el secretario de Vivienda, Inti Muñoz Santini, señaló que la serie de facilidades –que este miércoles 30 de julio se publicarán en una edición Bis de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México– tiene el objetivo de impulsar la construcción de vivienda digna y asequible para los grupos de atención prioritaria.
En el caso de la Secretaría de Administración y Finanzas, ahora deberá emitir la opinión de valor de los predios en un plazo máximo de un mes, en lugar de los cuatro meses que tomaba anteriormente. Por su parte, la Secretaría de Gestión Integral del Agua otorgará la factibilidad de servicios en 10 días hábiles, cuando antes requería hasta 80.
En cuanto a la Evaluación de Impacto Ambiental, a cargo de la Secretaría del Medio Ambiente, se resolverá en un día hábil si el predio no tiene arbolado ni colinda con áreas naturales protegidas; de existir dichas condiciones, se procurará desahogar el trámite en un máximo de 15 días naturales.
Muñoz Santini agregó que la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana acelerará la emisión de alineamientos, números oficiales, licencias de fusión y subdivisión. Además, el Instituto para la Seguridad de las Construcciones emitirá los dictámenes de seguridad estructural en un plazo de 15 días naturales, en lugar de los 225 que se requerían anteriormente.
¿Por qué es importante este tema?
Aproximadamente 53 mil familias buscan rentar una vivienda cada año en la Ciudad de México, con un ingreso promedio de alrededor de 10 mil pesos mensuales. Esto ha convertido el acceso a una vivienda digna en un desafío insostenible, según datos de la Secretaría de Vivienda de la Ciudad de México.
La dependencia destacó que, en los últimos 10 a 15 años, los costos de alquiler han aumentado considerablemente, obligando a muchas familias a destinar más del 30% de sus ingresos, el máximo recomendado por ONU-Hábitat, al pago de la renta. Esta situación ha provocado que muchas familias se vean forzados a mudarse a zonas cada vez más alejadas de sus centros de trabajo y servicios básicos.
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gph