El Estado de México reformó el marco legal contra el despojo de propiedades y ha ampliado la lista de delitos considerados graves, se busca fortalecer la seguridad jurídica y combatir la impunidad que ha recrudecido en los últimos años.
El decreto número 128, publicado en la Gaceta de Gobierno del Estado de México, introduce reformas sustanciales al Código Penal, que incluyen penas de hasta 25 años de prisión para el despojo agravado.
Las modificaciones al Artículo 9 del Código Penal amplían el catálogo de delitos graves. Ahora, conductas como el cohecho, especialmente si es cometido por elementos de seguridad pública, el abuso de autoridad, el peculado, y la delincuencia organizada, serán procesadas con mayor rigor. Esta medida busca enviar un mensaje contundente contra la corrupción y la criminalidad que afecta el orden público y el desarrollo social.
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Despojo: un problema en ascenso en el Edomex
Las reformas más profundas se centran en el delito de despojo, a través de las actualizaciones al Artículo 308 y la adición del Artículo 308 Bis. La legislación ahora no sólo tipifica la ocupación ilegal de un inmueble, sino que también considera despojo el uso no autorizado de una propiedad, el impedimento de su disfrute legítimo, e incluso la apropiación indebida de aguas.
De acuerdo con datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), tan solo de enero a mayo de 2025, se han registrado 2 mil 300 casos de despojo en la entidad, un promedio de 462 denuncias mensuales.
El caso Carlota "N"
El pasado 1 de abril, en la colonia Ex Hacienda de Guadalupe, Chalco, Doña Carlota y sus hijos llegaron al domicilio con armas; en un video se observa cómo, tras dialogar inicialmente, la mujer dispara en al menos dos ocasiones contra los invasores, resultando en dos muertos y un herido. Las imágenes se viralizaron, y en redes empezó a llamársele “la abuelita sicaria”.
La hija de Carlota, Mariana, denunció despojo el 27 y 28 de marzo, señalando que los supuestos invasores habían ingresado al inmueble y sacado objetos. El 4 de abril, la Fiscalía del Edomex otorgó la posesión legal del inmueble a Mariana; sin embargo, su representante rechazó tomarla formalmente.
El 2 de abril, la FGJEM, con apoyo de policías estatales y municipales, detuvo a Carlota y sus hijos; fueron ingresados al penal de Chalco y vinculados a proceso acusados de homicidio calificado y tentativa. Además, a Carlota se le acusa de cohecho tras supuestamente intentar sobornar a oficiales. La defensa busca que reciba arresto domiciliario debido a su edad y salud.
Penas más severas: hasta 25 años de prisión
Las penas base para el despojo se establecen entre cinco y diez años de prisión, además de multas significativas. Sin embargo, la ley contempla un incremento de las sanciones en diversas situaciones:
Zonas protegidas bajo resguardo legal: Si el despojo ocurre en un área natural protegida, la pena aumenta considerablemente, oscilando entre siete y doce años de cárcel.
Ataque a la autoridad y la seguridad: Para los autores intelectuales, servidores públicos que participen en el delito, quienes dirijan la invasión o la instiguen, así como cuando el despojo sea cometido por dos o más personas, las sanciones aumentan de diez a diecisiete años de prisión. Además, si durante el despojo se cometen otros delitos, todos los implicados serán considerados responsables de esos crímenes adicionales, incluso si no tuvieron participación física directa.
Agravantes clave: penas que superan las dos décadas: El nuevo Artículo 308 Bis detalla una serie de circunstancias que incrementarán las penas por despojo hasta en una mitad. Esto significa que, en los casos más graves y con agravantes acumuladas (como el uso de violencia, afectación a víctimas vulnerables o la participación de funcionarios), las condenas podrían alcanzar hasta los 25 años de prisión. Entre las situaciones que agravarán las penas se incluyen:
Violencia y engaño: la comisión del delito con violencia física o moral, o mediante engaño o abuso de confianza.
Vulnerabilidad de víctimas: si la víctima es una persona mayor de sesenta años, menor de dieciocho, una mujer embarazada, una persona con discapacidad o un miembro de un pueblo o comunidad indígena.
Fraude documental y suplantación: La utilización de documentos falsos o la suplantación de identidad para formalizar actos jurídicos relacionados con la propiedad.
Participación de servidores públicos o notarios: es la agravante por la participación dolosa de funcionarios públicos con acceso a información registral o de notarios públicos que, en ejercicio de sus funciones, faciliten, consuman o encubran el despojo. Esto abarca también a quienes colaboren en las notarías y tengan acceso a información sensible.
Lucro Ilegal y propiedad pública: la pena también se agravará si el despojador busca obtener un beneficio económico del inmueble o si el bien afectado pertenece a alguna entidad pública estatal o municipal.
Sin pretextos legales: el despojo se sancionará independientemente de si el derecho a la posesión es dudoso o está en disputa. Esto busca eliminar lagunas legales que permitían justificaciones para la toma ilegal de propiedades.
“Operación Restitución”
La "Operación Restitución" de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, que ha recuperado 546 inmuebles relacionados con el delito de despojo, de los cuales 140 han sido devueltos a sus legítimos propietarios, además se han detenido a 73 presuntos responsables de este delito, entre ellos líderes y operadores clave de estructuras delictivas dedicadas al despojo, como José Luis "N" alias "El Mimoso" y Noemí "N" alias "La Güera", vinculados a la "Alianza Mexicana de Organizaciones Sociales" (AMOS), 42 personas relacionadas con el grupo delictivo "Los Souverbielle" en Texcoco, así como integrantes de las organizaciones "Los 300" o "22 de Octubre".
También ha puesto en evidencia la colusión de funcionarios, con la señalización de tres notarios públicos y cinco servidores del Instituto de la Función Registral del Estado de México (IFREM) por presunta falsificación de escrituras y uso de documentos irregulares.
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¿Por qué es importante la información de despojo?
La principal relevancia es que aborda un tema que afecta directamente la seguridad patrimonial de los ciudadanos. El despojo es un delito que puede dejar a las familias sin hogar y sin bienes, Informar sobre el endurecimiento de las penas y las estrategias de combate les da a los ciudadanos puede ayudar a entender cómo están siendo protegidos sus derechos y qué consecuencias enfrentan quienes cometen estos delitos.
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