En lo que va de este año, el Estado de México ha registrado al menos siete muertes relacionadas con el transporte público. Ante esta situación, las autoridades han revocado cuatro concesiones, presentado 13 denuncias penales y abierto 16 procedimientos administrativos contra operadores.
La Secretaría de Movilidad señaló que estas medidas se dan ante la cifra de muertes y el número de incidentes en los que el transporte público de pasajeros se ha visto involucrado.
“Lo que no vamos a permitir es lo que pasa en algunos grupos, que hay un accidente y se dan a la fuga, esconden al chofer, esconden el camión, les llaman para que se hagan pruebas en el ministerio público y nunca llega el camión, eso no lo vamos a permitir”. Aseguró el secretario del área, Daniel Sibaja.
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Caso impune: la tragedia de Lesly
El funcionario refirió que, en este 2025 se han contabilizado siete personas sin vida en todo el territorio mexiquense a consecuencia directa de incidentes de tránsito en las unidades de transporte público han estado implicadas.
Un caso que ejemplifica la gravedad de la situación y la impunidad que persiste es el caso de Lesly, una joven de 22 años recién egresada de la carrera de psicología evidencia la gravedad de la crisis. En febrero, mientras viajaba en una motocicleta de plataforma, fue embestida por un autobús de la empresa CTTSA. Su familia relata que, tras el impacto, el conductor bajó a los pasajeros, volvió a arrancar y la arrolló deliberadamente antes de darse a la fuga. A la fecha, el caso permanece impune.
Investigaciones administrativas
Las 16 investigaciones administrativas en curso han sacado a la luz una serie de conductas inaceptables por parte de los operadores. Entre las irregularidades más destacadas se encuentran:
Conductores ebrios: varios choferes han sido detectados manejando con altos niveles de alcohol, como el caso de un operador con 2.8 mg/l de alcohol en Toluca.
Menores conduciendo: se ha sorprendido a menores de edad manejando unidades sin licencia.
Acoso sexual: existen denuncias de acoso a usuarias, lo que pone en evidencia la falta de controles y protocolos.
Carreras ilegales: Algunos operadores participan en competencias clandestinas, arriesgando vidas.
Accidentes graves: Muchas de las investigaciones están relacionadas con fallecimientos o lesiones graves.
Como ejemplo de la conducción bajo los influjos del alcohol, se tiene el caso de un individuo detenido a finales de junio en la colonia Santa María de las Rosas, en Toluca. El presidente municipal, Ricardo Moreno Bastida, informó que el chofer presentaba 2.8 miligramos de alcohol por litro de aire espirado y, aun así, se dirigía a la zona norte de la capital mexiquense.
La dirección de sustentabilidad de Toluca, continua verificando que los choferes cuenten con licencia, ya que muchos, incluidos menores de edad, operan autobuses sin la licencia correspondiente, lo cual es ilegal y representa un alto riesgo para la vida, seguridad y salud de las personas.
La Secretaría de Movilidad ha incrementado en un 33 por ciento la emisión de licencias, lo que pudiera ser un indicativo de que, en años anteriores, un número considerable de choferes circulaban de forma irregular, lo que ha contribuido a la precaria situación actual del transporte público en el Estado de México.
Relevancia del tema de transporte en el Edomex
En contexto, de acuerdo con las autoridades del Estado de México, actualmente operan más de 700 mil unidades de transporte público, pero sólo 150 mil tienen concesión para bridar el servicio, por lo que con operativos en los 125 municipios buscan sacar de circulación a las irregulares.
La información expone un patrón preocupante de impunidad, negligencia y falta de regulación que ha derivado en la muerte de siete personas. Esto revela fallas graves del sistema de movilidad y supervisión estatal.
Advierte sobre los riesgos reales para los usuarios, como conductores alcoholizados, menores al volante o acosadores sexuales, situaciones que atentan contra la vida y dignidad de las personas.
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Al tiempo que pone en evidencia la reacción y las limitaciones de las autoridades, que si bien han tomado algunas acciones (revocación de concesiones, más licencias), aún no logran resolver de fondo el problema.