“¿Cuánta mota, tío?”, dice un joven robusto al transeúnte que pasa por un pequeño camellón, situado en Paseo de la Reforma, a unos pasos del edificio del Senado.
En otro punto del mismo lugar, una mujer invita: “Hola, ven siéntate porque hay cámaras, tengo porritos de 50, gramos de… No, no es cierto gramos no tengo”.
Al preguntarle si es la única droga que vende, la joven de unos 25 años de edad, responde que no, pero que si el comprador quieres otras sustancias debe pedirlas. Ofrece su número telefónico y lanza un menú de tipos de marihuana (mango, kush, California), cuadros de LSD y algunas drogas sintéticas.
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Ese punto fue uno de los campamentos instalados en 2019 por los activistas que pedían la despenalización de la marihuana, en cumplimiento del fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que declaró inconstitucional la prohibición absoluta al consumo recreativo de mariguana establecidos en la Ley General de Salud.
Hoy, sin embargo, ya no se ven los campamentos en los que se pedían firmas para pedir la despenalización, se informaba sobre los beneficios del consumo y se abogaba por el consumo para el libre desarrollo de la personalidad, como lo señaló el fallo de la Corte.
Lo que abunda en ese y otros puntos de Paseo de la Reforma visitados por La Silla Rota es la venta abierta de diversos tipos de droga.
En la Plaza de la Información, justo a la salida de la estación Hidalgo del Metro, se pudo ver al menos a ocho distintas ofreciendo marihuana.
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"Uno (cigarro de marihuana) por 50 pesos o tres por 120, o cinco por 200 te lo dejo”, ofrecía un joven de unos 20 años a quien pasaba por el lugar un martes al mediodía.
En La Estela de Luz, en la que se instaló un módulo para recabar firmas de quienes apoyaban el movimiento de despenalización, los vendedores están frente a la carpa, sentados en una jardinera.
“Bolsas de a tostón, enrollados de a 100 y gramos de a 100, pero ¡Siéntate, siéntate!”, dice el vendedor que está apoyado por más jóvenes y mujeres que vigilan en todo momento.
Contexto: La marihuana en México está permitida para usos medicinales desde junio de 2017, cuando se reformó la Ley General de Salud para autorizar el uso terapéutico del cannabis. En enero de 2021 se publicó el reglamento correspondiente que establece los lineamientos para la producción, investigación, prescripción médica y comercialización de productos derivados del cannabis con fines médicos. Dicho reglamento establece que sólo se permite el uso de cannabis con fines médicos bajo supervisión profesional y que se requiere la autorización de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).
En materia de uso recreativo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido diversos fallos entre 2015 y 2021, en los que declara inconstitucional la prohibición absoluta del consumo personal de cannabis con fines lúdicos. La corte considera que dicha prohibición contraviene el derecho al libre desarrollo de la personalidad. A raíz de estos fallos, las personas mayores de edad pueden solicitar un permiso ante Cofepris para sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer y consumir marihuana para uso personal, siempre y cuando no se comercialice ni afecte a terceros.
La legislación federal aún no ha establecido un marco legal integral para la regulación del uso adulto del cannabis. En marzo de 2021, el Senado de la República aprobó una iniciativa llamada Ley Federal para la Regulación del Cannabis, que propone crear un instituto regulador y establece lineamientos sobre el cultivo, distribución y consumo. Sin embargo, dicha iniciativa no fue aprobada en la Cámara de Diputados y no ha sido promulgada. La SCJN ha otorgado varias prórrogas al Congreso para emitir esta legislación, sin que hasta abril de 2025 se haya cumplido con ese mandato.
Tolerancia al narcomenudeo
La tolerancia de la autoridad de la Ciudad de México al narcomenudeo y consumo en estos espacios va en sentido contrario a las acciones que la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) realiza y anuncia.
”Sabemos que sí hay venta, son grupos con otros intereses más allá del activismo”
Zara Snapp fue una de las personas que impulsaron el primer plantón cannábico afuera del Senado de la República y desde entonces ha participado activamente en las iniciativas para la despenalización de la planta.
También fue una de las promotoras del juicio de amparo que resultó en la decisión de la Corte que ordenaba modificar la Ley General de Salud para eliminar la prohibición al consumo de cannabis. La activista reconoce cambios en los plantones o espacios de consumo en la Ciudad de México.
“Se ha ido evolucionando y sabemos que sí hay venta, que sí hay grupos con otros intereses más allá del activismo, y buscan generar ganancias por parte de estos espacios, pero creo que estos lugares empiezan con esa visión del activismo y de generar un espacio seguro donde la gente puede consumir”, señala.
La directora del Instituto RIA, dedicado a la incidencia en políticas de drogas, indica que los espacios 420 de la Ciudad de México son una excepción a la regla en materia de consumo de drogas, pues no hay legislación alguna que los regule.
“Esto no es una despenalización, son excepciones a la prohibición porque no hay nada en la ley que diga que estos espacios existen y que se tiene que respetar, es más como un contrato social ‘de facto’, la gente se está apropiando y se utilizan y la autoridad sabe que ahí la gente consume y ha decidido no aplicar la ley”, explica Zara Snapp.
Amenazas del gobierno y de grupos no estatales
A principios de marzo, un migrante venezolano que vivía en la colonia Guerrero fue asesinado a unos pasos de la estación Hidalgo de las Líneas 2 y 3 del Metro. Dos personas que circulaban en una motocicleta le dispararon y luego huyeron, aunque se les detuvo en la alcaldía Gustavo A. Madero.
De acuerdo con testigos, la víctima, Joyner Enrique, había ido a comprar droga.
Zara Snapp reconoce que los activistas enfrentan una situación difícil ya que ellos tratan de brindar informes, regalan semillas e insisten en la exigencia de garantías para el consumo de la mariguana.
“Es muy difícil ocupar estos espacios, es muy difícil mantenerte ahí ante las amenazas del gobierno, de grupos no estatales, sólo tengo admiración y solidaridad porque creo que lo que están haciendo es visibilizar que las personas usuarias estamos exigiendo nuestros derechos, que exigimos las garantías de protección, el libre derecho a la personalidad además de generar un espacio seguro”, dice la activista y autora del libro El Diccionario de Drogas.
Para Snapp, la autoridad capitalina tiene la responsabilidad de ayudar a que estos espacios sean seguros y que no haya criminalización de los consumidores.
“El futuro va depender de cómo reacciona las autoridades, creo que el gobierno de la Ciudad de México tiene mucho que ofrecer aquí, que estos sean espacios libres de violencia, que sean seguros para todas y todos y donde las personas no sean criminalizadas”, dice.
La Silla Rota solicitó comentarios a la Secretaría de Seguridad Ciudadana en torno a los motivos por los que en esos lugares se permite la venta sin restricciones, sin embargo, no hubo respuesta a la petición.
“No ha habido más voluntad política por parte de las autoridades para poner reglas al uso de esta sustancia”
Desde la organización México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) se ha participado en presionar por una legislación en la materia del cannabis e incluso de ayudó a tramitar amparos ante la SCJN para el consumo y portación de marihuana.
Pero a pesar de que la Corte avaló permisos en base al derecho al libre desarrollo de la personalidad de los usuarios de cannabis, mediante el cual la Cofepris debe emitir los permisos, actualmente desde MUCD ven “trabas” en estas autorizaciones.
“Ahora la Cofepris ha estado negando los permisos argumentando que no tiene las facultades para emitir los permisos, entonces lo que se hace es interponer un recurso que se llama Denuncia por incumplimiento de la declaratoria general de inconstitucionalidad, y a través de este recurso es que se han podido obtener algunos permisos, sin embargo, sistemáticamente la Cofepris ha estado poniendo cada vez más restricciones a estos permisos”, advierte Cristina Reyes, directora de Litigio de MUCD.
En México Unido Contra la Delincuencia señalan que en la actualidad no hay voluntad de parte de autoridades para legislar sobre el uso y despenalización de la marihuana, las últimas acciones en la materia datan de 2021 cuando se presentó una minuta en el Senado que ni siquiera se dictaminó.
“No ha habido más voluntad política por parte de las autoridades sanitarias para poner reglas al uso adulto de esta sustancia o a la creación de una industria de cannabis en México, a la fecha no se ha puesto ni siquiera como una prioridad en el Congreso”, dice la mujer litigante de MUCD.
La organización apoyó en la presentación de amparos para usuarios de cannabis y su responsable de litigio lamenta la falta de una regulación en estos espacios públicos de la Ciudad de México en los que se tolera el consumo, pero, por otro lado, no se castiga el comercio y no hay una legislación a nivel general.
Ese es el caldo de cultivo para que organizaciones criminales se introduzcan y operen allí.
“Cuando el Estado sólo prohíbe y se da la vuelta o cuando el Estado permite y se da la vuelta, se dejan esos espacios vacíos que se ocupan por el crimen organizado y que pueden generar mayores problemas, mayores violencias, incluso deslegitimar estos movimientos. Con más razón debemos estar exigiendo una regulación”.
“No promocionamos las compras y ventas”
Por otro lado, organizaciones como la Comuna 420, dedicada a la despenalización del uso de la marihuana y que cuenta con presencia en los puntos del Senado de la República, metro Hidalgo o Plaza de la Información y Museo de la Ciudad de México, han denunciado que son ajenos a otras organizaciones de compra venta que operan en estos lugares.
El pasado 5 de marzo cuando se registró el asesinato del ciudadano venezolano a unos metros del lugar, los integrantes de Comuna 420 señalaron que la riña no tuvo nada que ver con la comunidad que busca la regulación en el uso de la marihuana.
“Queremos decir que nosotros desde que salimos a las calles y hasta en un plantón no estamos en contra de las compras y ventas, pero no promocionamos las compras y ventas, siempre hemos dicho que primero los derechos y después el mercado”, señalaron desde la Comuna 420 mediante uno de sus voceros, Enrique.
Los miembros de la Comuna 420 han señalado que desde el año pasado se trabaja con el gobierno de Clara Brugada y el secretario de Gobierno, César Cravioto, sin embargo, responsabilizaron de los sucesos del 5 de marzo a senadores por no legislar en la materia.
“Toda esta culpa que pasa el día de hoy es en parte del Senado de la República que no ha querido regular, no tiene esa iniciativa, hemos buscado la autorregulación y volvemos a decir, estas situaciones se hubieran evitado si el Senado de la República ya regulara, tendríamos ingresos, salud y sobre todo seguridad”, sostuvo Enrique, de la Comuna 420.
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Entre las principales peticiones de colectivos y activistas está la de la regulación universal de la planta, cultivo libre y posesión libre, espacios compartidos en igualdad y un trato digno.