Yolanda López vive en el 11° piso de San Antonio 95, en la colonia Nápoles. Tiene una terraza espectacular desde la que se aprecian el ascenso al segundo piso de Periférico, el Word Trade Center y parte de la demarcación Álvaro Obregón.
Pero Yolanda relata que la vista espectacular no compensa lo que que considera un fraude inmobiliario y que ya denunció ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. La constructora Estrategia Urbana S.A. de C.V. sólo tenía permiso de construcción para edificar seis pisos, como lo informó la alcaldía Benito Juárez en 2024, a través de una solicitud de información.
“Consta de seis niveles y 43 viviendas”, según el documento de respuesta, del cual López muestra una copia. Pero en su lugar la empresa edificó 12 pisos.
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Es un tema que se le planteó con documentos en mano a la empresa constructora, representada legalmente por Moisés Zapan Mizrahi. Pero su respuesta es que tenía permiso para construir 11 pisos, aunque los documentos no coincidían con el inicio de la obra. Aún si eso fuera cierto, dice López, en realidad el edificio tiene 12 pisos.
Encima del 11 no hay departamentos, pero sí una piso que alberga un gimnasio, salones de usos múltiples y una ludoteca; de acuerdo con los vecinos, hay una sobrecarga de peso.
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Humedad que no cede
En el piso 11, donde está su departamento, el techo y unas paredes tienen la pintura abombada por el salitre a causa de la humedad. El piso laminado se ve levantado, pese a que ya lo cambió. Además, una de las esquinas se ha deteriorado y parece un pastel deformado y debe arreglarla seguido.
El clóset de la recámara también tiene humedad. Ahora es menor porque le ha resanado, pero debe cambiar de manera frecuentemente los botes antihumedad.
Uno de los dos baños de su departamento está mal diseñado. El espacio de la regadera, aunque está cercado por una puerta de vidrio, es pequeño y está mal sellado, por lo cual el agua se escapa. Cuando eso ocurre el agua se filtra al piso de abajo.
“La humedad hace además que se levante este piso que no es más que un cartón plastificado, porque es un laminado de pésima, pésima calidad”, remarca, en entrevista con La Silla Rota.
Todo el departamento lo ha tenido que reparar. Inicialmente queda bien y luego los defectos vuelven a emerger.
“La verdad es que el problema está de origen”, expresa decepcionada.
No sólo es su departamento
Otro detalle que muestra en la visita a su departamento es que desde su ventana se ve la pared exterior de la torre B llena de trabajos de resanado, como si tuviera arañazos. Por la humedad es necesario hacer eso para que no se filtre más la humedad.
Un departamento, el 607, tiene una pared mal cubierta y en una parte se quedó la cimbra, que es la madera usada de molde. Al paso del tiempo se pudrió y por ahí se coló la humedad que afectó al departamento de abajo. Además, los pisos del 6° nivel cuentan con terraza, lo cual, en palabras de López, muestra que inicialmente el edificio sí estuvo diseñado para seis pisos.
Contexto: López realizó una denuncia penal ante la FGJCDMX al considerar que la venta fue ilegal porque se le dio un departamento en un edificio con autorización para hacer menos pisos de los que realmente levantó.
También denunció una afectación en su patrimonio debido a que en lugar de que el bien aumente de valor, lo pierde y eso impacta en su patrimonio. Además, representan un riesgo importante al habitarlos, por el sobrepeso, en una ciudad sísmica, dice en entrevista con La Silla Rota.
Para presentar el recurso legal, hasta se puso a estudiar derecho. Porque va contra una empresa cuyo representante legal es Moisés Zapan Mizrahi, empresario inmobiliario vinculado con desarrollos de vivienda y la operación de parquímetros en la Ciudad de México.
Zapan Mizrahi es fundador de Estrategia Urbana, empresa que busca construir el desarrollo Sennse Tabacalera, en la Cuauhtémoc, pese a que no ha cumplido todos los requisitos de sustentabilidad de agua. También aparece vinculado a las empresas Ecoparq y Servimet, que operan parquímetros.
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Además es apoderado legal de Concesionaria MC, que recibió la concesión para el uso del Centro de Transferencia Modal del Metro Martín Carrera, donde hay transbordo de las líneas 4 y 6 del Metro, en la alcaldía Gustavo A. Madero.
Es permisionario de Tus Espacios Públicos. En 2022 se le otorgó Permiso Administrativo Temporal Revocable, para el uso, aprovechamiento y explotación de un local comercial de los bienes de dominio público de la ciudad asignados y/o propiedad del STC. Giro comercial: U. Sanitarios públicos. El local está en Pantitlán, en la Línea A y debe pagar cada mes al metro 19 mil 125.18 pesos. Su permiso es hasta 2027.
Cómo comenzó el proceso legal
López comenzó a pagar el departamento en 2017 y la promesa era recibirlo en 2019 pero fue hasta 2020 cuando se lo entregaron. El atraso fue tal que le cambiaron el departamento prometido por otro en la torre B. También compró uno para su mamá, quien puso todos sus ahorros para pagar una parte.
Cuando lo recibió comenzó a ver los primeros defectos, el material de mala calidad y al pedir que se reparara, no recibía algún respaldo.
A raíz de las irregularidades halladas en su departamento y al ver que nunca va a ser suficiente, levantó una denuncia penal en contra de la constructora.
“Descubro las investigaciones que se realizaron a través del ministerio público. Para mí ha representado una pesadilla porque además confié en que estos departamentos tenían toda la vigilancia de las instituciones bancarias, lo compré a través de un fideicomiso de Banca Mifel”.
Ambos departamentos fueron escriturados el 27 de febrero de 2020 y liquidados con el dinero que se aportó durante los tres años que duró la construcción, con un crédito hipotecario con Scotiabank.
Al habitar el inmueble y detectar severas irregularidades, sostuvo varias llamadas y encuentros con Zapan Mizrahi. No halló solución. Presentó una demanda de fraude el 26 de enero de 2022 ante la FGJ local, por incumplimiento en las dimensiones y normas de construcción en los cajones de estacionamiento. En ese momento desconocía que el inmueble no cumplía con la normatividad de construcción vigente.
La Fiscalía comenzó a investigar y solicitó información a la alcaldía, lo que permitió identificar las irregularidades.
Encuentra trabas
Después de dos años de la apertura de la carpeta de investigación, el responsable de la Unidad de Investigación Territorial de Benito Juárez de la fiscalía, Alex Enrique Olvera, quien llevaba el caso, sin mayor justificación se declaró incompetente para seguir y en marzo de 2024 turnó la carpeta a la Fiscalía de Investigación de Delitos Ambientales y en materia de Protección Urbana (Fidampu).
Recuerda que su antecesora, Francisco Oropeza Rendón había hecho una integración “muy completa de la carpeta” y cuando estaba a punto de turnarla al área de Judicialización, la removieron del cargo. La fiscalía ambiental desestimó el peritaje de arquitectura que hizo la FGJ y otros datos de prueba que ya eran parte de la carpeta para seguir su propia ruta y además se contravino el mandato constitucional que obliga a la procuración de justicia sea pronta y expedita.
Pese a que la Dirección de Desarrollo Urbano de Benito Juárez informó que la autorización sólo incluía la construcción de seis pisos, el MP de Fidampu, José Luis Salinas García, pidió nuevamente a la alcaldía copia certificada del Registro de Manifestación de Obra correspondiente al inmueble, con la precisión de que incluyera cualquier tipo de modificación y ampliación que amparase la construcción de 11 niveles.
La alcaldía confirmó que la autorización era por 6 niveles, sin ampliación autorizada.
Fidampu volvió a pedir un peritaje de arquitectura y el arquitecto Daniel Guendulain Peralta determinó que el inmueble no se apega a la normatividad vigente en materia de construcción y uso de suelo.
El último requisito para que la carpeta pase al estudio de judicialización es que se realice un peritaje contable para saber cuánto se ha pagado por los inmuebles, incluyendo las aportaciones del crédito hipotecario y así determinar el daño patrimonial.
Sin embargo, el perito contable, cuya función sólo era sumar las cantidades aportadas, sin mayor lógica dijo que no existe daño patrimonial. Ante eso, Yolanda López lo impugnó y acusó falta de objetividad del perito.
En el numeral 5 de una declaración ministerial ingresada por el imputado en mayo de este año, Moisés Zapán Mizrahi aseguró que la Seduvi le dio autorización para obtener un nuevo lineamiento de 11 niveles, lo cual quedó asentado en el expediente número Seduvi/DGDU/STP-R/005/2016.
Además, aseguró que el permiso lo obtuvo antes en Seduvi que en Benito Juárez, pero no hay documento que pruebe que le fueron aprobados los 11 niveles, dice López, quien dice que tiene medidas de seguridad por amenazas recibidas, pero adelanta que seguirá con el proceso.
La Silla Rota buscó la postura de Estrategia Urbana. Una empleada tomó la llamada y dijo que Moisés Zapan Mizrahi estaba ocupado en una junta, pero que devolvería la llamada. Al cierre de la edición, no lo había hecho.
VGB