Luis trabajaba un jueves de agosto cuando un automóvil lo golpeó de costado mientras repartía en su motocicleta sobre Calzada Taxqueña, en el sur de la Ciudad de México. Había entregado un pedido minutos antes y se dirigía al siguiente. “Caí al piso, me golpeé la rodilla”, recuerda. “Le marqué a Uber porque supuestamente ya tenemos seguro contra accidentes, pero me dijeron que no aplicaba”.
El seguro del conductor que lo atropelló terminó cubriendo los gastos médicos. Ello, a pesar de que Luis lleva cinco años trabajando para Uber y que, supuestamente, desde julio los trabajadores de plataformas digitales cuentan con seguridad social.
“Pago impuestos, pero no tengo seguro. Si me vuelve a pasar algo, no tengo a quién recurrir”, dice en entrevista con La Silla Rota.
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Sólo uno de cada 10 con cobertura completa
Luis forma parte del 90% de repartidores y conductores que, a pesar de la reforma que buscaba incorporarlos al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), aún no ha logrado acceder a la seguridad social completa.
La llamada reforma de plataformas digitales, implementada como prueba piloto obligatoria desde julio de 2025, prometía que quienes laboran en Uber, Didi, Rappi y otras aplicaciones tuvieran acceso a los cinco seguros del IMSS.
Sin embargo, de acuerdo con datos oficiales, sólo 125 mil 757 personas, una de cada diez, superaron el ingreso mínimo necesario para acceder a esa cobertura completa, de un total de más de un millón de trabajadores registrados.
El resto, más de 900 mil trabajadores, quedó limitado a la cobertura por Riesgos de Trabajo, que incluye atención médica y pago de incapacidad, pero no acceso a los otros beneficios.
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El obstáculo: los “porcentajes de exclusión”, impuestos por las empresas
Durante la prueba piloto, para ser afiliado al IMSS, un repartidor o conductor debía generar un ingreso equivalente al salario mínimo mensual; es decir, 8 mil 364 pesos.
Pero esa cantidad no se calcula con lo que realmente ganan. El programa estableció un mecanismo llamado “porcentaje de exclusión”, que reduce el ingreso que el Instituto toma en cuenta al aplicar una deducción por el “uso de la aplicación”.
Esa exclusión se definió tras las negociaciones con las plataformas digitales, que argumentaron que su tecnología (la app, el algoritmo, la interfaz) forma parte de las herramientas que usan los trabajadores para hacer su labor. Por ello, al calcular el ingreso para cotizar, se descuenta un porcentaje por esa “herramienta de trabajo”.
El resultado es que los repartidores deben generar mucho más dinero del que aparenta la regla del salario mínimo.
Durante los primeros tres meses de la prueba (julio a septiembre de 2025), los lineamientos establecieron lo siguiente:
- Los repartidores a pie o en bicicleta debían generar al menos 9 mil 840 pesos mensuales, con una exclusión del 15%
- Los trabajadores de motocicleta debían generar 16 mil 728 pesos, con una exclusión del 50%
- Los choferes de automóvil debían generar 20 mil 910 pesos, con una exclusión del 60%
Sólo después de aplicar esas deducciones, el ingreso “reconocido” ante el IMSS queda en 8 mil 364 pesos, el equivalente al salario mínimo.
En la práctica, esto significa que quien no alcanza esas cifras queda fuera del régimen completo de seguridad social, aunque trabaje jornadas de tiempo completo o logre ingresos cercanos al mínimo.
Jornadas largas, beneficios cortos
Ramón, quien reparte para Uber Eats desde hace siete años, alcanzó la seguridad social solo durante el primer mes de la prueba piloto. “De ahí en fuera, ya no”, dice. “El tiempo efectivo de trabajo es solo lo que dura el pedido, no cuenta el tiempo conectado y eso hace casi imposible llegar a la meta”.
Eduardo, repartidor de Rappi, gana entre 15 y 20 mil pesos mensuales, pero tampoco cumple con los criterios del IMSS porque las propinas no se contabilizan como ingreso laboral. “Sobrepaso la meta gracias a las propinas, pero con lo que paga la plataforma no alcanza”, explica. Hace unos meses sufrió un accidente en moto y pagó de su bolsillo los gastos médicos, cerca de cinco mil pesos.
Javier, otro repartidor, trabaja 12 horas diarias, siete días a la semana. “Nos mandan correos: ‘No alcanzaste el beneficio del Seguro Social’ y ya te dan de baja. Es injusto”, dice. “Imagínate que te pase un accidente y llegues al hospital, pero te digan que no tienes seguro”.
Sólo algunos, como Jordan, han logrado mantener la afiliación. “Sí me atendieron bien en el IMSS”, cuenta. “Me cobraron una cuota de unos 350 pesos al mes, pero lo valió, porque lo ocupé y me dieron todo el tratamiento”.
“La reforma se está quedando en el papel”
Para Sergio Guerrero, secretario general de la Unión Nacional de Trabajadores por Aplicación (UNTA), los porcentajes de exclusión son el principal obstáculo.
“Solamente el 10% de los trabajadores están teniendo acceso a toda la cobertura de la seguridad social y eso está implicando una exclusión del 90% de muchas personas. Esto derriba todas las buenas intenciones que se tenían durante esta reforma”, asegura en entrevista.
La UNTA advirtió que este modelo “reproduce desigualdad” y que, si no se corrige, la reforma corre el riesgo de perder credibilidad.
“El Estado debe decidir si esta política será una herramienta de transformación o un precedente de exclusión laboral”, señaló la organización.
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Las plataformas defienden el piloto
Desde el sector empresarial, el enfoque es distinto. Guillermo Malpica, director ejecutivo de Alianza In México, agrupación que representa a varias plataformas digitales, asegura que el programa ha sido un reto técnico y operativo para todos los actores.
“Ha sido un proceso de aprendizaje”, reconoce. “Qué bueno que hay un programa piloto, porque permite ir corrigiendo cualquier detalle técnico o administrativo. Nos interesa seguir en diálogo con repartidores, conductores y autoridades para mejorar el modelo antes de su implementación definitiva”.
Malpica afirma que el objetivo es recopilar datos duros y mantener una discusión “seria y responsable” con las autoridades, sin adelantar conclusiones sobre los resultados de la primera etapa.
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