Rosales comenzó a apretar los genitales de Luis Ángel para obligarlo a confesar el crimen. El oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Ciudad de México contemplaba, además, cómo era asfixiado el joven cuando otros policías le colocaban una bolsa de plástico en la cabeza o le oprimían el cuello con las manos hasta que el rostro se volvía “azulado”.
“¡Un pinche cachetadón!”, ordenó, para que recobrara la conciencia y poder seguir “invitándolo” a que reconociera el homicidio. “Mira, tú dices que disparaste en defensa propia, yo te echo la mano…”, soltó el comandante Rosales.
“¿Ah no?, entonces voy a chingarte a ti, a tu carrera y a tu familia…”, amenazó el mando policiaco al alumno de la Escuela Militar de Ingenieros de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que estaba próximo a titularse y a dos meses de contraer matrimonio.
Te podría interesar
No es una historia de los soterrados archivos de Arturo “El Negro” Durazo, jefe de la policía del entonces Distrito Federal, símbolo de la corrupción y de la tortura para arrancar confesiones y “resolver” casos para su jefe máximo, el presidente José López Portillo; tampoco se trata de los expedientes de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), la “KGB mexicana” de los 60, 70 y 80.
Te podría interesar
La tortura que sufrió Luis Ángel ocurrió en 2021, en los tiempos de la 4T; quedó documentada por la Cuarta Visitaduría y derivó en una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos de Ciudad de México (CDHCM) al secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, por la “omisión de garantizar el derecho a no ser sujeto de tortura en la realización de tareas de seguridad ciudadana”.
Se comprobó que fue víctima de una detención arbitraria de personal de la SSC para acusarlo falsamente de homicidio, narcomenudeo, portación de arma de fuego y cohecho, lo que lo llevó a ser encarcelado, así como a sufrir tratos crueles, inhumanos y degradantes.
Una pesadilla
La tarde del 1 de junio de 2021, el todavía alumno salió de su domicilio acompañado de su madre, adulta mayor.
A las 15:15 horas circulaban a bordo de una camioneta sobre Avenida México-Tacuba, entre el Panteón Alemán y la calle Lago Argentina, colonia Argentina Antigua, alcaldía Miguel Hidalgo, donde la patrulla número MX-425-P2, tipo Jeep, de la SSC les cerró el paso, obligándolos a detener la marcha.
Dos policías bajaron del Jeep empuñando sus armas de cargo; uno de ellos vestía chamarra, en cuya parte posterior se podía leer: “SSC-CDMX COORDINACIÓN DE DELITOS DE ALTO IMPACTO ZONA ORIENTE”.
Hicieron que el joven bajara de la camioneta, le colocaron candados de mano y lo subieron al Jeep, mientras que más policías llegaron en otras patrullas; no le informaron el motivo de su detención, pero le preguntaban por un arma de fuego y le dijeron que ya sabía “qué pedo”.
“En la patrulla con número de placas MX-452-P2, se encontraban dos policías, uno en el asiento delantero y otro, de apellido Rosales, al lado de Luis Ángel (Víctima Directa 1), mismo que comenzó a interrogarle sobre las actividades que había realizado el día anterior, a qué se dedicaba, adónde vivía y si tenía armas".
“Ante la negativa de VD1 de responder, el policía que se identificó como Rosales, empezó a golpearlo con la palma de la mano en el pecho y a presionarlo para que le dijera adónde vivía, por lo que proporcionó el nombre de la calle, el número y la colonia…en ese momento, el policía abrió la puerta de la patrulla MX-452-P2 y le indicó a alguien que fueran al domicilio” se lee en el expediente CDHCM/IV/121/MHGO/21/D3655.
Le preguntó en dónde guardaba las armas, pero al no escuchar lo que quería empezó a presionarlo.
Este mando de la SSC le insistió que lo que debía de narrar era cómo había privado de la vida a una persona y, como una supuesta forma de ayudarlo, le sugirió que mencionara que había detonado su arma en legítima defensa porque así “no tendría problema”.
“Posteriormente, todavía a bordo de la patrulla, un policía subió al asiento delantero y comenzó a videograbarlo con un teléfono celular, al tiempo que otros policías de la SSC-CDMX le preguntaban datos personales y sobre sus actividades del día anterior esperando que se inculpara de la comisión del delito”.
Los agentes insistieron que tenía que decir que mató a una persona, pero como no aceptó comenzaron a golpearlo en el rostro, en la boca del estómago y le colocaron una bolsa de plástico en la cabeza, la cual apretaron para asfixiarlo.
“Le apretaron tanto la bolsa que se rompió, le propinaron una cachetada para que reaccionara y le reclamaban por no querer ´cooperar´. Ante la negativa de auto inculparse, un policía lo tomó del cuello con las manos y ejerció nuevamente presión provocando que se asfixiara y cuando veía que se desmayaba, lo soltaba y le daba una cachetada para que reaccionara".
“También hizo bolita algunas bolsas de plástico y se las colocó en la boca y fosas nasales, después se las quitaba un momento y se las volvía a poner hasta que le dijo: ´vas a colaborar o te chingamos´, lo que ocasionó que sintiera temor sobre su integridad y pidiera que lo pusieran a disposición de la autoridad ministerial, lo cual enojó a los policías quienes continuaron golpeándolo”, refiere la Recomendación 07/2023 de la CDHCM.
La tortura en México persiste como una práctica que la comete lo mismo un policía de a pie o un mando medio, como sucedió por parte de agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina en contra de un estudiante de ingeniería militar en 2021, que un funcionario del más alto nivel del sexenio peñista, para arrancar confesiones.
Un video difundido el 13 de julio de 2020 muestra a Tomas Zerón, director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) en el sexenio de Enrique Peña Nieto, encabezar un interrogatorio irregular en el que es torturado Felipe Rodríguez Salgado, “El Cepillo”, identificado por autoridades como uno de los líderes del grupo criminal “Guerreros Unidos”, para obligarlo a confesar, con la cara tapada, y atado, cuál fue el destino de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
Organismos como Amnistía Internacional (AI) y Human Rigths Watch (HRW) han considerado que en México el uso de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes sigue siendo una práctica generalizada.
En junio de 2023, en el marco del Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) hizo un llamado a redoblar los esfuerzos para que los hechos de tortura sean debidamente investigados y los perpetradores sancionados.
Alertó que la principal deuda del Estado mexicano en el combate a la tortura es la investigación efectiva, ya que su ausencia es un factor fundamental de la impunidad.
Los datos actualizados hasta diciembre de 2022 por el Observatorio contra la Tortura (sintortura.org) y basados en información oficial muestran que en ocho años sólo fueron emitidas 64 sentencias por el delito de tortura (43 de ellas a nivel federal). En 24 entidades federativas no se ha dictado ninguna sentencia.
Protocolo de estambul
Así se le conoce al Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, el cual establece.
"Se entenderá por el término tortura todo acto por el cual se inflijan intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia”.
Violencia sexual
Otra vez Rosales tomaba las riendas de la tortura que aplicaban policías de la SSC. Le apretó los genitales, ocasionándole un dolor muy fuerte, mientras preguntaba si les iba a ayudar, lo que aceptó para que dejaran de lastimarlo.
La CDHCM comprobó que se ejerció violencia sexual. “El policía de apellido Rosales, sujetó y apretó los genitales (pene y testículos) con una mano por encima del pantalón, ante lo cual la víctima experimentó dolor que calificó con intensidad 10 de 10…y le decía seguro que nos vas a ayudar”. El temor del pasante de la carrera de ingeniería militar llegó al punto de temer que lo violaran.
El dolor por esta agresión duró dos semanas, sobre todo en el testículo derecho, con un ligero sangrado al orinar.
“Es decir, el hecho de que los elementos de la policía presentes durante su detención hayan golpeado a la Víctima Directa 1 en diversas ocasiones, así como el hecho de que uno de ellos deliberadamente apretara sus genitales, y los episodios en los que se le asfixiaron en seco con ayuda de bolsas de plástico, permite a esta comisión acreditar que existía una intención por parte de los servidores públicos de causarle sufrimiento, mismo que ocasionó diversas lesiones, las cuales fueron certificadas por personal médico al momento de su puesta a disposición”, destacó la CDHCM.
Fabricación de un delito
Con tal de terminar con la tortura y de evitar que cumplieran la amenaza de que lo iban a “chingar” a él, a su carrera y a su familia, el estudiante de ingeniería aceptó “cooperar” y repetir lo que los policías le decían sobre la forma en que supuestamente mató a una persona, lo cual fue videograbado por ellos mismos.
Los agentes allanaron además su domicilio, donde robaron un arma de fuego, cuya posesión cuenta con permiso de la Sedena.
La entonces novia de la víctima declaró ante la fiscalía capitalina que el 13 de junio de 2021 todavía vio el arma en su estuche, dentro del clóset de la recámara del inmueble que ambos habitaban. “Al día siguiente, cuando regresó a su domicilio, se percató que en su recámara había un desorden y que su arma ya no estaba, por lo que denunció el delito de robo del arma cometido en su agravio”.
A las 18:10 horas del 13 de junio de 2021, fue remitido a la Fiscalía de Investigación Estratégica Central de la fiscalía capitalina, que encabeza Ernestina Godoy, por los delitos de narcomenudeo, portación de arma prohibida y cohecho, siendo los policías remitentes de la SSC, Gabriel Darío Cuello Rodríguez y Jorge Antonio Gómez Cedillo, adscritos al sector Tacuba.
“Ellos manifestaron circunstancias distintas sobre el motivo, lugar y hora de la detención, en tanto estos elementos no participaron en su detención. El 15 de julio de 2021 a las 10:20 y 12:31 horas, la Víctima Directa 1 fue certificada por personal adscrito a la Coordinación General de Investigación Forenses y Servicios Periciales de la FGJCDMX, en la que se asentó que presentaba equimosis violácea bipalpebral en ojo derecho, acompañado de aumento de volumen de tipo traumático equimosis violácea en parpado superior de ojo izquierdo acompañado de aumento de volumen.
“(…) La víctima sufrió diversas lesiones físicas que además de ser detalladas en los certificados de integridad y estado psicofísico, fueron correlacionadas con los hechos descritos por la Víctima Directa 1, en el dictamen médico basado en el Protocolo de Estambul que se le practicó por personal médico”.
La Comisión de Derechos Humanos de Ciudad de México determinó que toleró dolor físico derivado del abuso verbal; colocación inadecuada de candados de manos; traumatismos causados por golpes; asfixia; violencia sexual; videograbación para auto inculparse y amenazas de daño causadas por agentes de la SSC.
Víctimas “colaterales”
La detención arbitraria, falsas acusaciones, tortura y violencia sexual en contra de Luis Ángel por parte de un grupo de agentes de la SSC, provocó que se pusiera en riesgo la salud de su madre María de los Ángeles.
Luis, su padre, debió deshacerse de propiedades para costear la defensa legal de su hijo, y procurar tener dinero disponible para evitar que sufriera alguna agresión dentro del penal; y su hermano, Ángel Humberto, estuvo a punto de abandonar los estudios para dedicarse de tiempo completo a apoyarlo.
La familia tuvo que enfocarse en el juicio para demostrar la inocencia del estudiante de la Escuela Militar de Ingenieros y así recuperar sus vidas, mientras que, paralelamente, enfrentaban el estigma social que rodea a las personas privadas de la libertad y a sus familias, determinó la CDHCM.
Sin embargo, la madre y el padre tuvieron una afectación en su estilo de vida; la mujer adulta mayor es pensionada y tuvo que comenzar a impartir clases particulares a fin de estar en la aptitud de cubrir los gastos generados por la defensa de su hijo, mientras que el hombre tuvo que solicitar diversos préstamos de dinero, lo que precarizó sus vidas.
FGJ: Indagatoria vs torturadores en “trámite”
La Comisión de Derechos Humanos capitalina resaltó que el maltrato le generó un sufrimiento que impactó drásticamente su vida, lo que desencadenó síntomas de Trastorno por Estrés Postraumático, ansiedad y síntomas de depresión.
Por este caso, se envió un desglose de la denuncia por tortura a la Fiscalía de Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos.
Sin embargo, a la fecha de emisión de la Recomendación 07/2023, el 21 de agosto de 2023, la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México tenía aún en “trámite” la indagatoria.
Luis Ángel finalmente fue absuelto por un Juez de Tribunal de Enjuiciamiento del Sistema Procesal Acusatorio de la Ciudad de México, quien dictó fallo de exoneración por los delitos contra la salud, cohecho y homicidio. Además, la autoridad judicial federal también lo absolvió del delito de portación de arma.
La Ombudsperson, Nashieli Ramírez, destacó la valentía de la denuncia que hizo el agraviado, tras ser víctima de tortura a unas semanas de que se titulara como ingeniero militar y a un par de meses de casarse.