XALAPA, VER.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación a autoridades del estado de Veracruz tras comprobarse que hubo tortura y tortura sexual en contra de 7 ciudadanos del sur de la entidad, por parte de elementos de seguridad.
A través de un comunicado, la CNDH informó que esta recomendación, va dirigida a la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE), encabezada por Verónica Hernández Giadáns, y a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) a cargo de Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla.
De acuerdo con la recomendación 118VG/2023 correspondiente, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública cometieron violaciones graves a los derechos humanos de 7 personas en Coatzacoalcos y Las Choapas en el año 2014, con el fin de intimidarlos para obtener una conducta o aceptación de un delito.
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Fue entre el 5 y 11 de febrero del 2014 que las víctimas fueron detenidas de manera violenta por policías del estado de Veracruz, quienes las sometieron a diversos actos de torturas para que le es inculpara de algún delito, se comprobó que los obligaron a firmar papeles y les ingresaron en centros de reclusión, donde continúan presas
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El 20 de marzo del 2018, personal del Juzgado Primero solicitó a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos Veracruz (CEDHV) realizar el Protocolo de Estambul a las personas inculpadas, por lo que tras esta solicitud judicial, la Comisión Estatal sustanció otro expediente de queja, a fin de llevar a cabo diferentes investigaciones y diligencias.
Posteriormente, el 21 de mayo de 2021, la CNDH recibió un oficio de la CEDHV, en el que se solicitó que la Comisión Nacional atrajera este caso, debido a que existían impedimentos legales para resolverlo, por lo que se inició con el expediente correspondiente el 27 de mayo de 2021.
Tras las investigaciones correspondientes que se hicieron de todas las partes, permitió a la CNDH acreditar tortura y tortura de carácter sexual en agravio de las víctimas, asimismo, resultó evidente que los sufrimientos y afecciones persistían incluso a la fecha de la aplicación del Protocolo; por lo que todos los elementos esenciales de la tortura son advertidos en las víctimas.
"En tanto, hubo intencionalidad por parte de quienes las realizaron de causar dichas lesiones, daños graves y severas aflicciones, toda vez que como elementos aprehensores actuaron deliberadamente ejerciendo una atribución de autoridad que no cuidó la integridad de las personas bajo su tutela, sino que les causó diversos daños, puesto que las lesiones se perpetraron con la finalidad de intimidarlos para obtener una conducta o aceptación de un delito", se lee en la recomendación
¿Qué solicita la CNDH a la Fiscalía de Veracruz?
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos recomienda a la FGE de Veracruz que colabore en el trámite ante la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas, para la inscripción de las personas agraviadas en el Registro Estatal de Víctimas del estado de Veracruz, y se proceda a la inmediata reparación integral del daño.
También, deberá integrar la recomendación 118VG/2023 a la Carpeta de Investigación correspondiente, a fin de que se tome en cuenta y se evite continuar vulnerando el derecho al acceso a la justicia de las víctimas.
A su vez, deberá colaborar con la autoridad investigadora que se asigne en el trámite y seguimiento de la denuncia de hechos que esta Comisión Nacional presentará en contra de las personas servidoras públicas implicadas en los hechos, así como la que presente ante el Órgano Interno de Control de la FGE de Veracruz.
Además, la FGE de Veracruz deberá impartir un programa de capacitación a los ministerios públicos y su personal de apoyo adscritos a la Fiscalía Regional Sur-Coatzacoalcos, para sensibilizarlos en materia de derechos humanos, a fin de que en caso de que detecten lesiones, golpes, tortura o evidencias de maltrato físico y psicológico en personas sujetas a detención.
Finalmente, la FGE y la SSP de Veracruz deberán impartir un programa de capacitación a los médicos adscritos a sus dependencias, sobre la forma en que deben registrar y documentar las lesiones que presenten las personas sujetas a alguna detención y tengan huellas de tortura u otros tratos indebidos, además de conocer las responsabilidades administrativas y penales en que pueden incurrir al realizar revisiones y certificaciones médicas no apegadas a la ley.
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