TLALNEPANTLA.- Por acuerdo de Protección Civil y SEDATU es que Jorge Armando Mendoza López, debía ser el primero de los beneficiarios de las 210 casas que por orden del gobierno de México se construyen para reubicar ahí a las familias desalojadas y que perdieron sus viviendas en el deslave del Cerro del Chiquihuite del 10 de septiembre de 2021.
Jorge Armando Mendoza López es un joven de unos 27 años de edad, lleva una vida de afición al rock urbano en la Segunda Sección de la colonia Lázaro Cárdenas, a él le gustan las canciones de Interpuesto, El Haragán, Sam Sam, Bostik, Tex Tex, LirandRoll, El Tri, CaNeza, Isis, Barrio Pobre, Charlie Montana, música que baila en saltos rítmicos en las tocadas sabatinas del barrio.
El joven es trabajador de la industria de la construcción, pero también ha dedicado su tiempo lavando carros, de cargador, ayudante de herrero, de obrero, empleado de tienda de abarrotes o hasta en la recolecta de materiales reciclables. Actualmente vive con su mamá.
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Jorge perdió a su familia en el derrumbe de rocas y tierra ocurrido el 10 de septiembre en el Cerro del Chiquihuite, su esposa Paola y sus hijos Dilan y Mia Mayrin quedaron bajo los escombros de una casa colapsada por fragmentos rocosos de diferentes tamaños y pesos, algunos de hasta 250 toneladas.
La familia de Jorge, su esposa Paola, Mía Maylín y Jorge Dilan, fueron localizados uno a dos días y el resto a los 4 días de ocurrido el colapso, en esa fecha y mientras eran velados los restos de quien fuera su esposa y de su hijo, el hombre pedía que mejor se lo llevara diosito, “para abrazarnos los cuatro juntos”.
Las casas se construyen frente al Deportivo Caracoles en la Zona Oriente de Tlalnepantla, donde se vislumbra un letrero donde dice: “Con recursos del Gobierno Federal se construye un conjunto para reubicar a 210 familias afectadas por el deslizamiento del Chiquihuite”
Entrevistado al respecto el ex coordinador general de Protección Civil en la administración anterior, Hugo Cesar Sánchez, explicó que esa dependencia con Protección Civil Federal y la SEDATU acordaron la realización de 210 casas.
“La razón de que fueran 210 es porque se iban a considerar el total de viviendas marcadas en los cinco polígonos de riesgo de afectación en caso de algún deslave, aunque sólo 176 fueron notificadas para su desalojo inmediato”, dijo el exfuncionario consultado por La Silla Rota.
Además, se expropiaron 12 de las casas colapsadas o que fueron afectadas directamente por la caída de las rocas, “pero hasta donde tengo conocimiento hay algunas de las familias a las que no se les ha pagado aún por esa expropiación de su propiedad”.
Añadió Hugo que uno de los acuerdos fue que Jorge Armando, fueron el primer beneficiado en la reubicación, aún y cuando él no haya sido el propietario de la vivienda que ocupaban ya que se tenía conocimiento de que con su familia rentaban el cuarto donde dormían. “Pero él fue considerado para que también se le dotara de vivienda”, dijo el ex coordinador de Protección Civil.
Las viviendas podrían ser entregadas a los beneficiarios por el gobierno de México y el del Estado de México, muy probablemente después de septiembre cuando ya esté en funciones la gobernadora electa de la entidad mexiquense Delfina Gómez, ya que hasta ahora los edificios de cinco niveles registran un avance de más del 80 por ciento.
Sin embargo el Gobierno de México informó el 10 de septiembre de 2022 que a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), en coordinación con la Comisión Nacional de Protección Civil (CNPC) realizarían la reubicación y construcción de 354 viviendas, en atención a las familias damnificadas por el desgajamiento del Cerro del Chiquihuite en septiembre del año pasado en el norte del Valle de México.
En esa reubicación contemplan además de las 210 familias del territorio de Tlalnepantla afectado por el deslave del 10 de septiembre de 2021, a otras 144 familias de la parte de la Ciudad de México, para ser trasladadas a una zona sin riesgo y consideradas en el esquema del Programa de Vivienda Social (PVS) de la Conavi.