Tlalnepantla, Méx.- Luego de que el Juez de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla les decretara la Prisión Preventiva Justificada a los seis detenidos e implicados en el homicidio del empresario Iñigo “N” ocurrido el pasado 6 de agosto en el interior del bar “Black Royce”, la autoridad judicial les dio fecha para el 15 de agosto para la celebración de lo que será su segunda audiencia donde determinarán la situación legal de los detenidos.
En la primera audiencia que tuvieron los implicados Aritzi Abril “N”, Ana Karen “N”, Cecilia “N”, Ana Karen “N N”, Eduardo “N” y Carlos Daniel “N”, en el penal de Barrientos en este municipio les fue decretada la Prisión Preventiva Justificada, donde la defensa pedía se les concediera fianza, lo que no fue aceptado por el Juez de Control.
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Por lo anterior, los seis individuos investigados por su probable participación en hechos relacionados con la muerte de un hombre de 41 años, registrada el pasado 6 de agosto al interior del establecimiento “Black Royce”, ubicado en el municipio de Naucalpan.
En la audiencia realizada en una de las salas de Juzgados, frente al penal de Barrientos, el Agente del Ministerio Público aportó datos de prueba y formuló imputación por el delito de homicidio en contra de Aritzi Abril “N”, Ana Karen “N”, Cecilia “N”, Ana Karen “N N”, Eduardo “N” y Carlos Daniel “N”, empleados del centro nocturno Black Royce, que se ubica en el número 460 del Boulevard Manuel Ávila Camacho (Periférico Norte) en Naucalpan, por el homicidio de Iñigo “N” un hombre de 41 años de edad.
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Además, de que el Órgano Jurisdiccional estableció como medida cautelar la prisión preventiva justificada, fijó como fecha el martes 15 de agosto la segunda audiencia, donde será determinada la situación legal de los seis individuos.
Mientras que, la Fiscalía General de Justicia e la entidad mexiquense continuará con los actos de investigación sobre los hechos, los familiares de los detenidos piden justicia para ellos de quien argumentan que son inocentes de los hechos que se les imputa.
El establecimiento donde falleció el empresario, el anterior 6 de agosto por la mañana permanece cerrado, clausurado con un sello de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y otro del Instituto de Salud del Estado de México donde se les requiere a los responsables del Black Royce para que presenten la documentación que acrediten la legal venta de alimentos y bebidas como la licencia de funcionamiento para ese giro y otros que les permitía ofrecer diversos servicios.