Los seis detenidos por la muerte del empresario Iñigo Arenas presentaron una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CDHEM) por posibles tratos crueles, inhumanos y actos de tortura, durante su detención en la Fiscalía Regional de Naucalpan, para forzarlos a auto inculparse en el homicidio presuntamente cometido en el bar Black Royce, según se desprende del escrito consultado por La Silla Rota.
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En la queja se solicitó a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México que se verifique el estado de salud de las seis personas detenidas -cuatro mujeres y dos hombres-, que se apliquen pruebas periciales en medicina y psicología y que se active el Protocolo de Estambul.
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Ana Karen “M” relató en un escrito interpuesto ante la comisión que inicialmente recibió la amenaza de personal ministerial de quitarle a sus hijos y detener a su pareja, además de que los servidores públicos habrían incurrido en el ilícito de ejercicio indebido de funciones.
Sostuvo que servidores públicos de la Fiscalía Regional de Naucalpan la golpearon y pisotearon, mientras le advertían que en la cárcel la iban a violar.
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También le preguntaban a gritos que dónde estaba el dinero que supuestamente le robó al empresario Iñigo Arenas y la amenazaron con fabricarle varios delitos.
En su escrito, la mujer detenida narró que el personal de la agencia del Ministerio Público mexiquense la trató con palabras vejatorias como "puta maldita" y "muerta de hambre".
En el caso de Ana Karen “T” se denunció ante la CDHEM que el personal del MP no le otorgó los insumos para su higiene personal, pese a que estaba en etapa de menstruación, y tampoco el material de limpieza sanitaria por un problema de diarrea.
La empleada del bar Black Royce, ubicado en Naucalpan, expuso que la golpearon, le taparon la cabeza con una bolsa y le dijeron que iban a acabar con toda su familia.
Otros de los detenidos, Carlos Daniel “S”, manifestó que fue víctima de tortura sicológica, amenazando con llevarlo a la cárcel y lo torturaron con toques eléctricos en los genitales cuando le pusieron una capucha en la cara, para obligarlos a declarar lo que el MP quería y así autoinculparse.
Los detenidos indicaron en su escrito que los supuestos servidores públicos reiteraron que los iban a meter a la cárcel, refiriéndose en todo momento a ellos como muertos y pendejos, obligándolos a firmar hojas en blanco y presionándolos a que mencionaran, que en el establecimiento donde trabajan se vendía droga.
Solicitaron que se interpongan medidas cautelares, tanto al Ministerio Público de la Fiscalía de Asuntos Relevantes y al de Naucalpan, así como al Juez de Control del Poder Judicial del Estado de México, con el propósito de impedir la fabricación de evidencias y que se tengan nulas sus declaraciones y en ese sentido decretar su libertad inmediata.
Pidieron que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México exponga públicamente las fotografías y nombramientos de los Ministerios Públicos de la agencia de Naucalpan y de la Fiscalía de Asuntos Relevantes en Toluca.
Así como el resguardo de las videograbaciones de las entrevistas a los seis detenidos con fecha del 6 al 10 de agosto de 2023 en las sedes ministeriales y en galeras.
De acuerdo con la necropsia, el empresario Iñigo Arenas murió por “asfixia mecánica por sofocación inducida en su modalidad de oclusión de vías respiratorias por contenido gástrico con presencia de alcohol y de sustancias químicas de naturaleza controlada, que limitaron su conciencia, funciones motoras y que en grado de probabilidad habría propiciado su deceso”.
La investigación de la fiscalía mexiquense señala que la víctima falleció por intoxicación, luego de que las empleadas mezclaron algún tipo de sustancia a su bebida supuestamente para robarle, además de que ya le habían cobrado un consumo de 40 mil pesos.
Hasta el momento no se ha generado audiencia de Control de Detención respecto a las seis personas detenidas por esos hechos.
VGB