Catedráticos y activistas llamaron a las autoridades del Estado de México a esclarecer la muerte de dos ambientalistas registrados la semana pasada en municipios de la zona oriente de la entidad.
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Se trata de Álvaro Arvizu Aguiñiga, del Centro para la Sustentabilidad Incalli Ixcahuicopa (CENTLI) y Cuauhtémoc Márquez Fernández, doctor de la Benemérita Autónoma Universidad de Puebla.
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Ambos perdieron la vida durante supuestos asaltos registrados en comunidades cercanas al volcán Popocatépetl donde realizaban actividades a favor del derecho al agua potable.
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La primera agresión ocurrió el lunes 12 de junio cuando Cuauhtémoc Márquez Fernández, investigador en agroecología y apicultura, fue baleado en su casa, en la Cañada del Agua, en Tlalmanalco.
A pesar de que fue trasladó con vida al hospital de Zentlalpan, municipio de Amecameca, días después perdió la vida a causa de las lesiones que presentó.
Mientras que Álvaro Arvizu Aguiñiga murió tras ser agredido un día después junto a varios de sus colaboradores durante un presunto asalto cometido el pasado 13 de junio.
Arvizu Aguiñiga era encargado del estudio y prevención del agua y agroecología en la región Del Valle de México, donde operan presuntos grupos criminales para controlar el abasto a través de pipas particulares.
Al respecto, la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) emitió un comunicado donde pidió a las autoridades mexiquenses el esclarecimiento de ambos homicidios.
“La crueldad de la que fueron víctimas los colaboradores del Centro debe ser investigada, no sólo por lo ocurrido en los últimos días, sino por la situación cada vez más alarmante de inseguridad en la que prestan sus servicios a la comunidad del ayuntamiento”
“Por lo anterior exhortamos a que se realice la investigación pertinente de manera expedita, demandamos que se ofrezcan resultados y se deslinden responsabilidades a la brevedad y exigimos condiciones de seguridad en los espacios de trabajo de este importante programa de la Casa abierta al tiempo”, indicaron.
Al exhorto se sumó el centro de derechos humanos Zeferino Ladrillero, quien solicitó que se garanticen la vida e integridad de los investigadores que trabajan en esa región de la entidad y solicitó la reparación del daño para las familias de los defensores.
“Lo anterior deja en evidencia el grave riesgo que corren las personas defensoras de Derechos Humanos en México y particularmente el Estado de México, quien se consolida como uno de los estados más peligrosos para la labor de defensa de los derechos humanos”, comunicó.
Al respecto, el diputado Max Corre Hernández hizo un llamado a todos los defensores para exigir de manera pacífica a las fiscalías del Estado de México y federal aclaren el asesinato de los investigadores, quienes realizaban proyectos sobre agua y agroecología promovido por el Centro de Investigación Sierra Nevada.
"Esta agresión se trata de un ataque directo a un centro de investigación de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), y se trata de personas que tenían un gran compromiso con el Proyecto Sierra Nevada que atiende toda la zona de los volcanes”
"Debemos exigir justicia a las fiscalías estatal y de la República porque en esa zona actúan grupos de delincuencia organizada que portan armas largas cuando están deforestando los bosques de los volcanes”, dijo.
Además, advirtió que los defensores de la naturaleza no están solos, "es una lucha que en ocasiones encabezan de manera solitaria contra de gobiernos municipales o estatal, y sus cómplices que son los intereses de los talamontes o de la mafia inmobiliaria”.
"Por ello apelamos que se aplique el Acuerdo de Escazú, al cual México se adhirió, y que es de obligación vinculante para proteger a los defensores del medio ambiente y que puedan acceder a la justicia”, agregó.
En tanto, Jacobo Espinoza Hilario, lamentó que con la muerte de ambos activistas en el Estado de México, ya suman a nivel nacional 30 casos en contra de protectores del medio ambiente en el país.
“Lo triste es que no hay justicia, existe una exigencia de justicia ambiental para todos los perseguidos, los asesinados, los detenidos ilegalmente y no hay soluciones… nos hiere a todos los ambientalistas”, aseguró Espinoza.
VGB