En menos de dos semanas, la posible reelección de la fiscal general de de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, está en duda. Su ratificación en el parlamento capitalino no fue avalada por los diputados de oposición, por lo que se anunció una encuesta para tratar de ratificarla en el cargo por cuatro años más.
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A ello, se suma la información dada a conocer sobre contratos de espionaje realizados por la institución para obtener información de adversarios políticos, así como afiliados a Morena de la Ciudad de México y del gobierno federal.
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Registros de la Plataforma Nacional de Transparencia documentan los contratos realizados desde el año 2019 por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), dirigida por Ernestina Godoy, para espiar y obtener información de equipos de comunicación a través de una compañía de Israel y Chipre relacionada con Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), así como una más.
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Los documentos públicos incluyen un contrato con la empresa Pixkitec por 84 millones 482 mil 400.23 pesos. El convenio FGJCDMX-055/2020 se efectuó para la contratación de dos sistemas de radiolocalización.
“La entrega, instalación, configuración, puesta en operación y con pruebas de funcionamiento de los bienes que conforman la solución deber ser integrados en la Jefatura General de Política de Investigación ubicada en avenida Dr. Lavista, número 139, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México en un horario comprendido de 09:00 a 21:00 en días hábiles, en un plazo no mayor a 30 días hábiles”.
El convenio especifica: “al ser un proyecto Llave en Mano, ‘El Proveedor’ será responsable del correcto funcionamiento de los sistemas de radiolocalización, por lo que realizará pruebas completas delos equipos que forman parte de los sistemas de radiolocalización, en presencia de personal de la Fiscalía, a través de la Jefatura de policía de investigación, a efecto de verificar su correcto funcionamiento como usuario final”.
Ante las peticiones de ciudadanos a través de la Plataforma Nacional de Transparencia para conocer los términos del contrato o convenio FGCDM-55/2020, la institución decidió poner candado a la información por tiempo indefinido.
“Los expedientes de los contratos PGJCDMX-125/2019, PGJDMX-126/2019, PGJCDMX-127/2019, FGCDMX-55/2020, así como el contrato fgcdmx-55/2020 y los oficios 704/351/2019 y 704/352/2019 que son de interés particular, recaen en la modalidad de reservada, respecto de la marca, capacidades y especificaciones técnicas, datos que de hacerse públicos pueden poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física y obstruir la prevención o persecución de delitos”.
Un segundo convenio (PGJCDMX-131/2019) con la empresa Karsos, S.A de C.V fue por un monto de 5 millones 389 mil 999.40 pesos con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
El convenio otorgado por adjudicación directa, menciona: “cuando se trata de personas morales, legalmente no existen apellidos paternos. Cuando se trata de personas morales, legalmente no existen apellidos paternos, ni maternos. Cuando se trata de personas morales, legalmente no existen apellidos”.
Un tercer contrato (ADP/CB/016/2020) fechado el 24 de abril de 2020 y llevado a cabo con Alejandro Karchmer Gittler fue pactado con la FGJCDMX por un monto de 9 millones 500 pesos para: “actualización del sistema Mabit intercaptación de aplicaciones y en la nube de IOS, Android y otros sistemas operativos (SO)”.
Los contratos de la empresa con autoridades de la Ciudad de México incluyen a la Secretaría de Seguridad Ciudadana durante la gestión del entonces titular Omar García Harcfuh, actual aspirante a la gubernatura de la Ciudad de México.
El diario The New York Times informó el espionaje realizado a integrantes del PAN como el alcalde con licencia de Benito Juárez, Santiago Taboada, y la senadora Lily Téllez.
También, funcionarios de Morena como Higinio Martínez Miranda y Horacio Duarte, actualmente colaboradores de la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez.
El medio de comunicación asegura que la información de los políticos fue obtenida por la fiscalía capitalina a través de una solicitud hecha a la empresa de telefonía celular Telcel, del empresario Carlos Slim.
Tras darse a conocer la contratación de equipos para espiar a opositores, el vocero de la Fiscalía capitalina, Ulises Lara López, aseguró que nunca solicitó a la empresa Telcel escuchas o datos de geolocalización de números telefónicos mencionados en el New York Times. Según el funcionario la información es falsa y sin sustento, además de que forma parte de una campaña contra la fiscal orquestada por las personas que son mencionadas en la publicación.
"La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México desmiente categóricamente haber solicitado a la empresa de telecomunicaciones Telcel, escuchas telefónicas o geolocalizaciones de las personas referidas. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México no ordenó a la empresa referida los registros telefónicos de políticos y funcionarios, como lo señala el medio señalado".