Sobrevivientes de la masacre estudiantil del 2 de octubre de 1968 consideran que el actual gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador generó expectativas de que podría haber justicia y sancionar a quienes formaron parte del operativo que acabó con la vida de estudiantes hace 55 años.
Félix Hernández Gamundi, del Comité 68, explica a La Silla Rota que producto de las investigaciones realizadas por la Fiscalía Especializada en Movimientos Sociales, Políticos y del Pasado, creada durante la administración de Vicente Fox, se emitieron 54 órdenes de aprehensión, pero la entonces Procuraduría General de la República no las cumplimentó y peor aún, el último día del gobierno foxista, la fiscalía fue desmantelada y desaparecida.
Bajo los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto no hubo avances ni se retomó el tema judicial, pero integrantes del Comité 68 esperaban que con el gobierno de López Obrador la cosa cambiara.
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Las cosas continúan iguales, expone.
“Las cosas continúan igual aunque sea otro gobierno. Yo decía que la gente votó en 2018 por ese cambio. El 2 de octubre de ese año, unos días antes de tomar posesión el presidente electo Andrés Manuel López Obrador acudió a un acto de conmemoración en la Plaza de las Tres Culturas y ofreció que el 68 no quedaría impune. Eso generó expectativas, esperanzas pero eso no se ha cumplido”, dice Hernández Gamundi.
Por su parte Víctor Guerra, abogado del Comité 68, recuerda que en ese aniversario, le planteó a López Obrador que creara una fiscalía, pero el entonces presidente electo no aceptó.
“Personalmente se lo pedí, una fiscalía para poder llevar a cabo todos los procesos de justicia y él en ese momento dijo que no iba a crear instituciones que le causaran un gasto al erario. Sin embargo, creó esta Comisión de Acceso a la Verdad y la Justicia que no tenía facultades de investigación ni de persecución de delitos.
“Creó una institución que le causó muchos gastos pero no tuvo resultados. En realidad la comisión en el momento actual no ha rendido un informe pleno sobre sus actividades, no sabemos exactamente cuál ha sido el resultado de su trabajo pero lo poco que conocemos es que no se ha logrado absolutamente nada”, critica el abogado del Comité del 68.
Ambos activistas coinciden en decir que las presiones del Ejército están detrás de que ya no se hayan cumplimentado las órdenes de aprehensión, pues había varios militares en esa lista.
Pese a los reproches que el Comité 68 ha expresado en contra del tratamiento que el actual gobierno ha dado a la demanda de justicia y de total esclarecimiento, el historiador de El Colegio de México, Ariel Rodríguez Kuri considera que lo que ocurrió esa noche está muy documentado.
“Ya sabemos que pasó el 2 de octubre, lo han dicho varios autores. Yo lo dije en una investigación hace varios años. Sabemos dónde está la responsabilidad, la mecánica y dinámica de aquella tarde, ya lo conocemos muy bien”.
El autor del libro Museo del universo. Los juegos olímpicos y el movimiento estudiantil de 1968, explica en entrevista con La Silla Rota que la fecha permanece como un símbolo, pero en materia pericial está resuelto.
“Se quedó como un símbolo pero desde el punto de vista pericial, jurídico, penal está esclarecido. Un grupo paramilitar fomentado porque el propio gobierno quiso apresar a toda la dirección del movimiento estudiantil y para eso armó una provocación que implicó además, dispararles a los soldados uniformados que iban entrando a la plaza. Eso ya lo sabemos.
“No van a aparecer mayores novedades, la única discusión que queda en el ambiente flotando es cuál es el número de víctimas mortales. Yo tengo una cuenta y es discutible, de alrededor de 40. Una buena parte de ellos no estudiantes, sino vecinos tan solamente que iban pasando por ahí en ese momento”, continúa.
La historiadora e integrante de la Comisión de la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos cometidas de 1965 a 1990 en México, Eugenia Allier, coincide en que el 68 ha sido muy documentado.
Sin embargo, considera que aún se pueden revisar más expedientes, como los del Estado Mayor Presidencial.
“Sería fundamental llegar a estos archivos y probablemente podríamos encontrar otras cosas. Te lo digo como historiadora, que para todo este trabajo sobre la violencia de Estado los archivos son muy importantes”.
También coincide en que la exigencia de justicia no ha sido cumplida.
“Hay mucha gente que ya murió pero podrían hacerse estos juicios de la verdad que nos permitieran que la sociedad conozca lo que ocurrió, más allá de que la justicia penal también es importante. eso sigue pendiente. Respecto a los archivos pues sigue pendiente que efectivamente las instituciones terminen de entregarlos”.
QUE EXPEDIENTES SIRVAN PARA LA JUSTICIA: GAMUNDI
Félix Hernández Gamundi habla sobre el tema de los archivos mutilados, sustraídos o sin entregar por parte del Centro Nacional de Inteligencia, al Archivo General de la Nación sobre diversos temas, como el ex director de la Federal de Seguridad, Fernando Gutiérrez Barrios, Manuel Bartlett o el expresidente Carlos Salinas. Dice que es un tema en el cual el Comité del 68 no se ha metido.
“Deliberadamente no nos hemos querido meter en ese asunto para no tomar responsabilidades que no nos corresponden. Nosotros demandamos que los archivos de la Defensa Nacional sean entregados ante un juez, no al Archivo General de la Nación. Cuando van al AGN tienen un fin y cuando van a la mesa de un juez tienen otro”, aclara.
“Lo del Archivo General puede servir para investigadores, periodistas. Nosotros lo que queremos es que sirva para un proceso de justicia y ese es un asunto que se puede concatenar pero es diferente y tiene responsables, también diferentes. En este caso es la autoridad la responsable de garantizar que eso camine y es lo mismo que están pidiendo los papás de Ayotzinapa por las mismas razones”.
Como el investigador Ariel Rodríguez Kuri considera que la verdad es conocida en el caso de 68.
“No hay duda de quiénes fueron los actores y quienes las víctimas. Está clarísimo. Lo que ha hecho falta es voluntad de justicia y eso involucra lo mismo al aparato de procuración de justicia, la PGR y ahora Fiscalía General de la República, lo mismo que al Poder Judicial y a los tribunales. Cuando pusimos la demanda por genocidio en México, no había gente que hubiera estudiado lo que dicen los abogados, delitos de ese tipo penal del genocidio, pero está en la ley, en el Código Penal, entonces la autoridad judicial y el Ministerio Público tienen obligación de conocerlo”.
“La investigación judicial encaminada al castigo de un delito la tiene que hacer un agente del Ministerio Público o un equipo de ellos. Eso no ha ocurrido a pesar del compromiso del 2 de octubre de 2018. En el caso de Ayotzinapa, el presidente ha insistido en que él ha dado la orden de entrega de la información a los padres de familia todavía el 27 de septiembre y los últimos días han estado insistiendo en que no es así, que no se ha entregado.
“El propio encargado de los asuntos de la Secretaría de Gobernación dice que no, a pesar de que dicen que lo han hecho, pero han entregado mucha información al Archivo General de la Nación que tiene el agravante de que los entregan todos tachoneados, de suerte que son inútiles, ilegibles, alterados. Eso no se puede entregar ante un juez, ahí lo pueden entregar como quieran y ya cumplieron. Te comparto lo que conviene compartir, no, se tiene que compartir lo que es”, expresa.
- ¿Entonces las demandas de justicia prácticamente siguen siendo las mismas?
- Es correcto.
- ¿Hay una lista de quienes son los de las 54 averiguaciones?
- Sí, la mayoría son militares o exmilitares. Hay otro libro que el Comité 68 publicó, donde dice casos pendientes, ahí están. Están todos y hay un informe.
“Ese informe oficial de la fiscalía lo subieron a la página de la Procuraduría General de la República, una de las abogadas que nos apoyan a nosotros, lo vio, preguntó y le pedimos bajarlo. Entonces lo hizo, lo guardamos en un medio digital y antes de 72 horas ese informe ya había desaparecido. Lo borraron. Hoy lo publicamos, está impreso y en la red, porque la Comisión lo ha subido.
- ¿Cuál ha sido el gobierno que los ha tratado más feo en el sentido de no darles información?
- Nadie ha querido dar información, lo estamos hablando de que hoy la Defensa Nacional sigue sin cumplir con su obligación de entregar esta información referida concretamente al 68.
- ¿El ejército actúa igual en el caso del 68 como en Ayotzinapa?
- Yo pienso que estas prácticas represivas han ido cambiando, son las mismas en el fondo. En Tlatelolco usaron como pantalla el Batallón Olimpia. El 10 de junio de 71, fueron los Halcones y acá está el crimen organizado, las policías y todo esto, pero como siempre está como común denominador, la presencia del Ejército como trasfondo. Ahí está lo que ha salido de Ayotzinapa que no es exactamente igual que lo de Tlatelolco. En Tlatelolco la actuación del ejército es directa y lo es con el Batallón Olimpia que en primera instancia nos lo quisieron atribuir. Dijeron que eran francotiradores, que nosotros los habíamos contratado cuando al final queda claro de que es el Batallón, es una unidad de élite del ejército, la crema y nata de los instrumentos de control, o sea es el ejército.
“Hay un delito adicional además de la agresión y el crimen y tal es el delito de que elementos militares hayan actuado disfrazados de civiles en una misión oficial en una misión militar, ese es un agravante del tema”, recalca.
“Ahora, ahí hay un tema que es importante decir antes de terminar y es que en el último tiempo y a partir de la muerte de Luis Echeverría [fallecido el año pasado y quien estuvo bajo prisión domiciliaria], el argumento es ‘ya se acabó’ y lo ha hecho la prensa misma en los medios.
- ¿Qué diría de esto este?
- La postura nuestra, no solo a la mía, es que en el 68 estamos hablando de un crimen de lesa humanidad, de suerte que la muerte de los principales responsables es un crimen de Estado, no puede extinguir la causa por una razón, lo que el derecho internacional manda y el propio derecho interno establecen ante este tipo de delitos, es el conocimiento de la verdad; segundo, la acción de la justicia; tercero reconocer el honor de las víctimas; cuarto la reparación del daño y finalmente la garantía de no repetición.
Hernández Gamundi considera que la actual administración aún tiene un año para rectificar.
“Como bien dice el presidente, uno de los grandes problemas que tenemos en México es la corrupción y la corrupción se produce y se sigue reproduciendo porque hay impunidad, entonces 68 es un caso que está claro, donde hay información suficiente para procesar a los responsables”.
LÓPEZ OBRADOR NO TUVO VOLUNTAD POLÍTICA
Víctor Guerra participó como estudiante en el movimiento estudiantil de 1968 que cambió la historia de México. En ese entonces estudiaba en el entonces Tecnológico, que ahora es el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos del Instituto Politécnico Nacional. Ahí fue brigadista, recuerda en entrevista con La Silla Rota.
A 55 años del movimiento, ahora es el abogado del Comité 68, integrado por sobrevivientes y activistas que buscan que se esclarezca qué pasó aquella infausta noche del 2 de octubre y se castigue a los presuntos responsables, y con ello hacer justicia a los compañeros caídos.
Entrevistado por La Silla Rota, reprocha al gobierno de López Obrador que no hubo avance en ningún aspecto.
“La Comisión de Acceso a la Verdad y la Justicia no era el mecanismo idóneo para llevar a cabo el proceso de justicia porque no cuenta con facultades de investigación de delitos. Esa facultad está reservada para la Fiscalía General de la República, tratándose de delitos federales”, explica, frente a Palacio Nacional, donde él y otros compañeros dieron el 27 de septiembre una conferencia para dar los pormenores de la movilización de este 2 de octubre.
Recuerda que en el quincuagésimo aniversario de la masacre, en 2018, en la Plaza de las Tres Culturas, frente al escenario donde se desarrolló uno de los capítulos más trágicos de represión contra los estudiantes, él le planteó a Andrés Manuel López Obrador la creación de una fiscalía pero el entonces presidente electo le dijo que no.
Agrega que el proceso que llevó a cabo la comisión fue de muchas reuniones con el colectivo, se les llamó a sus integrantes para que dieran testimonio, pero al final de cuentas la conclusión a la que llegó fue que se debía crear la fiscalía especial para que llevaran a cabo los procesos de justicia de todos los crímenes cometidos en el pasado por parte del Estado.
“Esta conclusión se nos hace absurda porque eso estuvimos diciendo al inicio de este gobierno”.
Otro reproche que hizo al presidente e incluso lo mencionó en la conferencia de prensa frente a Palacio Nacional, es que fue precisamente López Obrador quien atrajo la atención de los colectivos para ofrecer justicia, que no ha habido. En cambio, ha habido agravios para las víctimas de la represión, como ocurrió el 22 de junio del año pasado, cuando en el Campo Militar 1 se inscribió a soldados en el Monumento a los caídos.
“El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Crescencio Sandoval, invitó a los familiares de los militares que participaron en la matanza del 2 de octubre, pero como parte del Estado Militar, en honor como personajes a los que había que reconocer su valor”, critica.
- ¿Fue un agravio?
- Es una ofensa, claro, porque los están equiparando con las víctimas, entonces estaba haciendo una doble victimización de los compañeros que cayeron y los colectivos que estaban presentes en ese momento”, recuerda mientras alza la voz.
GENOCIDIO
Se le consulta sobre lo realizado por los gobiernos desde que el de Vicente Fox creó la Fiscalía Especial para los Movimientos Políticos y Sociales del Pasado.
“Esta fiscalía estuvo trabajando de manera bastante intensa y abrió investigaciones para sancionar y perseguir a los presuntos responsables del delito de genocidio. El mayor logro de la fiscalía en ese momento fue establecer que lo ocurrido el 2 de octubre fue un genocidio y por eso se abrió la averiguación previa en contra del expresidente Luis Echeverría Alvarez, que estuvo en prisión domiciliaria dos años y medio y fue liberado indebidamente porque la entonces Procuraduría General de la República que después tomó el asunto, no realizó su trabajo jurídico debidamente.
“Omitió establecer las pruebas necesarias para la responsabilidad personal de Echeverría pero esto ya no fue por la fiscalía sino con posterioridad. Creemos que la FEMOSPP logró integrar 54 averiguaciones previas además de la de Echeverría, sin embargo el último día del gobierno de Vicente Fox decidió cerrar la fiscalía porque esas averiguaciones estaban encaminadas a tocar a mandos del ejército involucrados en esta violación de derechos humanos de esa época”, asegura.
“No fue una cuestión graciosa, crearon la comisión, empezaron a ver que hubo resultados y la desaparecieron, entonces no ha habido por eso resultados porque la FGR no ha hecho absolutamente nada para hacer la investigación y persecución de estos delitos”, rememora.
- ¿Con los presidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto hubo avances?
- Desde el 2007 que tuvimos acceso al expediente y promovimos el incremento de pruebas para que se pudiera enjuiciar, desde entonces y a la fecha la FGR no ha hecho absolutamente nada. Tampoco ha habido voluntad política de los gobiernos de Calderón, de Peña Nieto ni se diga. No tenían interés en que se consignaran las 54 averiguaciones previas que hemos insistido se deben consignar, tampoco lo ha hecho López Obrador para resolver estos temas de justicia del pasado”.
Entrevistado un día después de la marcha por el noveno aniversario de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida el 26 de septiembre de 2014, en el que una de las principales demandas de los manifestantes fue pedir al Ejército que abra sus expedientes, se le pregunta a Guerra si el Comité 68 también ha visto opacidad por parte del Ejército. Su respuesta es afirmativa.
“El ejército desde siempre ha impedido el acceso a los archivos del 2 de octubre, del 10 de junio y de todo el proceso de la Guerra Sucia. Nunca ha tenido la voluntad de entregar esos expedientes a la Fiscalía general de la república y esta, a pesar de sus facultades, no ha exigido su entrega.
“Recordemos que esos expedientes estaban resguardados a 30 años y luego a 50, ya estamos a 55, entonces no hay ningún motivo para que sigan resguardados por causas de seguridad nacional, que es lo que alegan. Ahorita estamos en ese punto en que ya no hay impedimento legal ni político para que esos expedientes sean entregados a las fiscalías y hagan investigaciones y se castigue a los responsables”.
CRIMEN DE ESTADO
El profesor investigador del Centro de Estudios Históricos de El Colegio de México, Ariel Rodríguez Kuri considera que ya se sabe lo que ocurrió el 2 de octubre de 1968, los responsables y la mecánica de la dinámica de los hechos que enlutaron a México ese año.
Quizá donde haya divergencias es en la cantidad de cifras, que él dice son 40, el Comité 68 contó 35, más 67 a partir de las investigaciones de la FEMOSSP.
Una cifra que se manejó en los medios y que se difundió y algunos usan, son los más de 200 o 300 muertos que informó The Guardian, el periódico inglés y que luego retomó el escritor Octavio Paz en la revista Postdata, menciona el investigador.
“Es una cifra exagerada en el último caso. Los 40 asesinados del 2 de octubre podrían elevarse a 60 todavía durante todo el movimiento según algunos testigos, pero no más allá de eso. Esto no quiere decir que porque fueron menos de los que se dijo en su momento es un crimen menor. No lo es porque es un crimen de Estado. No lo es, fue organizado desde el poder”, remarca.
Rodríguez Kuri considera que entender el hecho histórico es fundamental, ya que se trató de una conjura planeada en Palacio Nacional, en Los Pinos, en la Secretaría de Gobernación y en la Dirección Federal de Seguridad, ubicada en el Monumento a la Revolución. Sus actores principales fueron el entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz, el titular de Gobernación, Luis Echeverría Alvarez y quien dirigía a la policía política, Fernando Gutiérrez Barrios.
Menciona el libro que escribió del 68, donde tiene un capítulo del 2 de octubre donde identifica a los que le parecen los principales responsables, precisamente Díaz Ordaz, Echeverría y Gutiérrez Barrios que instrumentaron las matanza.
“Ni siquiera está Marcelino García Barragán que más bien fue pillado, sorprendido, digamos le pusieron una trampa. Plenamente hay responsables, el presidente, el secretario de Gobernación, el director de la Federal de Seguridad y probablemente el jefe del departamento del DF (Alfonso Corona del Rosal).
“Esto hay que dejarlo claro porque la opinión pública tiende a pensar que si hay documentos ocultos por ahí, que están escondiendo, que contienen toda la verdad. Eso ya no es tan cierto, no existe ese documento mágico que nos va a decir qué pasó el 2 de octubre. Lo que sabemos es lo que hemos reconstruido no a través de un documento, sino de varios y de testimonios de prensa, y me preocuparía que pasara lo mismo con Ayotzinapa, que tenemos que exigir el documento que nos va a decir la verdad sobre lo que pasó”, compara ese hecho con el ocurrido en 2014, cuyo aniversario se cumplió el 26 de septiembre pasado.
Sobre el papel de García Barragán, abuelo del ahora candidato a coordinador de los comités de defensa de la cuarta transformación en la Ciudad de México, Omar García Harfuch, el historiador recuerda que incluso él abrió archivos en 1999.
“Curiosamente fue uno de los primeros en liberar su propia versión cuando mostró sus documentos a Julio Scherer en 1999, que reabrió la discusión, con papeles en la mano”.
Se le consulta sobre la opacidad del ejército, que en el 68 y en el caso de Ayotzinapa aparece como un actor que tiene información, pero no la comparte. Explica que la opacidad es parte de su forma de actuar.
“El ejército mexicano como cualquiera del mundo es opaco por naturaleza. Está en su ser, porque no va a haber transparencia, un ejército se crea bajo el supuesto que hay un enemigo. En una sociedad democrática republicana como la que aspiramos a ser, debe haber controles de presupuesto comportamiento del ejército sin duda”, Rodríguez Kuri.
Otro paralelismo que observa el historiador es el papel similar del Poder Judicial en los procesos para hallar la verdad en ambos casos.
Por ejemplo, recuerda que luego del 68, algunos de los líderes del Consejo General de Huelga, entre ellos Heberto Castillo, presentaron una denuncia penal ante el Ministerio Público por lo que había sucedido el 2 de octubre. El recurso legal no tuvo mayor trascendencia y prácticamente no se conoció entre la opinión pública.
“Ese acto de algunos de los agraviados respecto a lo que constituyó el 2 de octubre donde se acusó directamente a Echeverría, a García Barragán, al Jefe del Departamento del Distrito Federal, de los acontecimientos”.
En el caso del 68 el Poder Judicial fue omiso de muchas cosas que pasaron alrededor no solamente del 2 de octubre sino de todo el movimiento estudiantil o bien fue cómplice de unas condenas draconianas por haber participado en movimiento, señala.
“Entonces esto estremece a todo, no solo al poder político, sino a la policía, al Ejército sin duda, pero también al Poder Judicial porque ahora nadie quiere hablar porque parece que me acabo metiendo con el Espíritu Santo”.
Rodríguez Kuri considera que el tratamiento que ha dado el gobierno actual al caso Ayotzinapa es diferente al que otros gobiernos dieron al 2 de octubre.
“No podríamos imaginar a un subsecretario de Gobernación [Alejandro Encinas] en los setenta y tantos dando un informe como el que se dio el 27 de septiembre, simplemente es uno existió en 1970. Ni en los ochenta ni en los noventa, se intentó por primera vez en la primera década de este siglo, entonces cualquier persona puede ver eso, el cambio dramático en la actitud del gobierno respecto a lo que sucedió en un acto que a todas las luces es criminal”.
HA HABIDO APERTURA, PERO FALTAN DE ENTREGAR ARCHIVOS DEL 68: EXPERTA
Aunque la masacre estudiantil del 2 de octubre de 1968 es uno de los acontecimientos de represión ocurridos en México más documentados y conocidos, aún hay información que se puede recabar, con base en testimonios de personas, fotografías y archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional o de la Dirección Federal de Seguridad que a veces parecen encriptados, afirma la historiadora Eugenia Allier.
“Tenemos que seguir exigiendo la apertura de archivos, eso es fundamental porque la ciudadanía, los sobrevivientes, los familiares, los colectivos que han luchado y los mexicanos y mexicanas tenemos derecho a la verdad, a los archivos. También es importante que ustedes nos ayuden a ver que no solamente en los archivos encontramos la verdad de lo ocurrido.
“Es una cosa compleja que se va formando a través de distintas piezas del rompecabezas y cada una es una fuente distinta, entonces de todas maneras tenemos bastante material para seguir avanzando y trabajando, por ejemplo en la Comisión de la Verdad”, explica a La Silla Rota la también integrante de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos cometidas de 1965 a 1990.
La investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM reconoce que durante la actual administración ha habido apertura e incluso se dio la orden de abrir archivos, pero no siempre fue cumplida.
“El gobierno ha tenido una política de esclarecimiento, sin embargo las órdenes no siempre son cumplidas, seguimos teniendo adeudos en ese sentido. Ya lo dijimos con respecto al Centro Nacional de Inteligencia, sigue faltando que entreguen información y es importante que se haga, como también es importante saber que la deuda respecto a la justicia sigue pendiente”, plantea.
La doctora en Historia recuerda que el 68 ha sido documentado por comisiones de investigación como la que se creó entre el 97-98 en la Cámara de Diputados, la del 93 creada de manera independiente, posteriormente se creó la FEMOSPP. A ello se suma el trabajo que se ha hecho desde las universidades.
“Por ejemplo, dentro de poco estamos por publicar un trabajo colectivo que dirigimos Ilan Semo y yo sobre los años 68 en México y comparándolo con el mundo y ahí vamos a ver no solamente lo que pasó en la Ciudad de México sino lo que pasó en Sinaloa, en Oaxaca, en Sonora, en Chihuahua, o sea tendrá una visión mucho más amplia”.
Allier explica que la documentación se ha hecho con base en testimonios y muchos documentos desclasificados de Estados Unidos, otra parte que ha estado en el AGN, con fotografías muy importantes que tiene la UNAM, la colección de Manuela Paredes ‘Mariachito’, que entre todas develan una parte de la verdad de lo ocurrido.
“Han salido textos también muy importantes, por ejemplo que trabajaron sobre los propios documentos de Gustavo Diaz Ordaz”.
Sin embargo, los historiadores también recurren a la revisión de archivos mediante temáticas variadas para ver lo ocurrido a nivel interno en las dependencias.
“Pensemos en un tema cercano al 68 que no es el 68, en los desaparecidos políticos de los años 70. No vamos a encontrar a la gente ni a ningún archivo de la Sedena, una estantería que diga desaparecidos políticos. Los archivos que ahí encontramos, los documentos muchas veces son y te lo digo porque ya hay una parte que está abierta, no todo lo que está de la Dirección General de Seguridad lo tenemos ya en el AGN.
“Entonces en esos archivos hay confesiones realizadas bajo tortura, documentos que no dicen las cosas de manera abierta. Por ejemplo para hablar de los desaparecidos se habla de paquetes, son documentos y archivos que hay que trabajar con cuidado. Los archivos de la represión nunca dicen tampoco del todo la verdad, no va a haber probablemente ningún papel que diga, Díaz Ordaz dio la orden pero lo vamos infiriendo.
“Lo que sí podemos encontrar son las cadenas de mando, son muy importantes, hemos podido encontrar documentos que dicen que hubo órdenes de exterminio en contra de la Liga Comunista 23 de Septiembre”.