Amecameca, México.- Los pies del volcán Iztaccíhuatl se han transformado en los últimos años con el aumento de los llamados talamontes, quienes han echado raíces para deforestar uno de los pulmones más importantes del centro del país.
Así lo denunciaron habitantes del municipio de Amecameca, en el Estado de México, quienes coinciden sobre la alerta ambiental que se vive en una de las zonas boscosas de la entidad mexiquense, que ahora padece de la tala indiscriminada de sus árboles.
“Aquí estaba lleno de árboles, me acuerdo mucho cuando caminaba con mi tío y mi padre, aquí recorríamos toda esta zona con mucha vegetación, pero hoy ya casi no queda nada, todo se lo han llevado”, dice Ernesto, uno de los activistas protectores de los bosques en esta región.
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Habitante del pueblo de San Pueblo Nexapa, una de las zonas más cercanas al cráter del volcán, asegura que en los últimos años las actividades de grupos criminales han crecido de forma exponencial en esa zona de la entidad.
Esto en gran parte debido a que han encontrado en la tala ilegal de árboles de la región de los volcanes en el Estado de México, una forma de vida redituable por la venta indiscriminada de troncos de madera de gran tamaño distribuidos en el mercado negro.
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“Nosotros hemos contabilizado un promedio de 300 a 400 ejemplares por semana. Estamos hablando que al mes son cantidades enormes de masa forestal que se están perdido desde hace al menos unos cuatro o cinco años principalmente en parajes de Amecameca, Ozumba y Ecatzingo”.
De acuerdo con los comuneros, en esas zonas del Estado de México se han detectado zonas de alta inseguridad debido a que los grupos delictivos utilizan armas de fuego para intimidar a los pobladores que se oponen a esa actividad, además de la falta de vigilancia de autoridades.
“Suben por lo regular muy temprano o ya entrada la noche por varios parajes que ellos mismos han habilitado. Van dos o tres camionetas donde van bajando poco a poco los troncos. Pero si uno intenta pararlos es meterse con gente armada y ni pedir el apoyo de la policía porque nunca llegan”.
Incluso, condenaron que algunos activistas que han tratado de frenar estas actividades han recibido amenazas y que recientemente ya cobró la vida de dos defensores del agua y las zonas boscosas al oriente del Estado de México.
El primero fue Álvaro Arvizu Aguiñiga, asesinado el pasado 13 de junio en las instalaciones del Centro para la Sustentabilidad Incalli Ixcahuicopa –CENTLI, dedicado a proyectos del cuidado ambiental a través del Centro de Investigación Sierra Nevada de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
Así como Cuauhtémoc Márquez Fernández, quien fue agredido el 12 de junio cuando se encontraba en su vivienda y quien más tarde perdiera la vida dentro del hospital de Zentlalpan, en Amecameca, Estado de México.
Y es que de acuerdo con datos del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), al menos 24 defensores ambientalistas fueron asesinados en el país durante 2022 presuntamente por sus actividades a favor de la protección ambiental en zonas de alto riesgo.
Refuerzan la seguridad
Ante las agresiones y denuncias de los pobladores, en el municipio de Amecameca, agentes de dirección general de servicios especiales de la Guardia Nacional reforzaron los recorridos para el combate de los talamontes en las zonas con alto índice de tala.
“Se hace un análisis, se establece una base de operaciones y una vinculación social para que la misma ciudadanía nos permita conocer hacia donde realizar los patrullajes donde se reportan avistamientos de personas que realizan actividades ilícitas”
“Los operativos dentro de las áreas nacionales protegidas se realizan de forma permanente para evitar precisamente la tala clandestina y las actividades clandestinas”, explicó Armando Mejía, integrante del batallón de protección ambiental de la Guardia Nacional.
Aunque los operativos se realizan en estados como Campeche, Michoacán y Sonora, el aumento de las actividades en el Estado de México obligó el reforzamiento de los patrullajes en las zonas boscosas donde también participan integrantes de la Semarnat, Conafor y la Profepa.
“Se dan patrullajes a bordo de las unidades hasta donde nos da la misma naturaleza, nos bajamos y hacemos patrullajes pie tierra… Tenemos una compañía de 90 integrantes en los cuales nos realizamos labores de caminatas y otras para la seguridad del mismo personal”.
Para el diputado Max Corrrea, estos reforzamientos no son suficientes para frenar las actividades ilícitas en los bosques de la entidad, por lo que será uno de los retos para el gobierno del Estado de México que inicia el próximo 16 de septiembre.
“La realidad es que se ha perdido una buena parte de nuestros bosques precisamente por la tala ilegal y lamentablemente no tenemos un inventario hasta el momento, tendrá que ser algo que se revise en el proceso recepción y tendrá que levantarse con el apoyo de tecnología y del gobierno federal un verdadero inventario para reiniciar un proceso de recuperación de nuestros bosques y bosques de agua, tanto en la región de los volcanes como en la zona de Jilotzingo, Huixquilucan, Villa del Carbón y hasta Ocuilán”, dijo.
Además, reconoció la urgencia de proteger las zonas boscosas debido a la crisis hídrica que se ha agudizado en los últimos años en la zona centro del país y cuyos mantos acuíferos se nutren principalmente de esas regiones del Estado de México.
“Se ha convertido en una acción que denuncian todos los ejidos y comunidades que son dueños de los bosques, que al día siguiente de la jornada electoral y el reclamo que tenemos constantemente en la legislatura, pero en tanto no haya nueva política y que la cuestión forestal es en primer orden y de casi seguridad nacional mantener y crecer nuestra masa forestar”.
“De nuestros bosques prácticamente se nutren de agua prácticamente la zona metropolitana de Toluca y del Valle de México y por eso tenemos esa necesidad… Se convirtió en un tema peligroso por eso estamos pidiéndole al nuevo gobierno que en su política forestal las orientaciones del acuerdo haya protección para los defensores del medio ambiente”.
“Se han registrado la fabricación de delitos a comisariados ejidales y hasta algunos servidores públicos que se han atrevido a defender los bosques han sufrido atentados, por eso es un tema de seguridad nacional y tendrá que ser una prioridad para el próximo gobierno”.